Mostrando mensaje 574www.     < Anterior | Siguiente > Responder a este mensaje Asunto: infoverdes 21 de mayo de 2004 Fecha: Viernes, 21 de Mayo, 2004  16:27:23 (+0200) 21 de mayo de 2004 http://listas.losverdesdeandalucia.org/lista/e-boletin EDITA LOS VERDES DE ANDALUCÍA info@losverdesdeandalucia.org / http://www.losverdesdeandalucia.org Ayuda sobre el boletín (altas, bajas, enviar mensajes, etc.) | Invitar a un amigo ANDALUCÍA Los Verdes de Andalucía urge al Gobierno de Zapatero a retirar el recurso contra el impuesto de la Junta sobre depósito de residuos radiactivos (leer más) ESPAÑA Nunca Máis hace balance de las consecuencias del Prestige en el Foro de la Verdad (leer más) La Marcha Mundial de las Mujeres llega a Vigo para reclamar una Constitución europea más igualitaria (leer más) La incertidumbre aumenta entre los inmigrantes por la falta de vías para la regularización (leer más) España, el país que más derrocha energía en la iluminación, según el Grupo Cielo (leer más) Activismo accionarial: presionar a las multinacionales desde dentro es posible (leer más) EUROPA Union Europea: Ecologistas reclaman reforma de Banco de Desarrollo (leer más) Déficit democrático y ausencia de debates sociales en el proyecto de Constitución Europea (leer más) LATINOAMÉRICA Hacia el Foro Social Perú en Tambogrande. La experiencia de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería - Conacami (leer más) MUNDO Iraq-EEUU: Torturas, todos los caminos conducen a Feith (leer más) Iraq-EEUU: Adios, Chalabi (leer más) Las andanzas iraquíes del traficante de armas Viktor Bout (leer más) La educación de la mujer y la recuperación de la lenguas autóctonas, principales demandas índígenas (leer más) Las ONG hacen un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que intervenga en Sudán (leer más) El uso de recursos naturales puede reducirse en un 90% sin perjudicar la calidad de vida, según Worldwatch (leer más) Derechos Humanos-EEUU: Greenpeace absuelta (leer más) OPINIÓN Y ANÁLISIS La tortura y la degradación moral, por Mabel González Bustelo (leer más) ¿Por qué son pobres las mujeres?, por Eva Espinar y María José González Río (leer más) Bodas y brillos, por Koldo Aldai (leer más) ANDALUCÍA ANDALUCÍA Los Verdes de Andalucía urge al Gobierno de Zapatero a retirar el recurso contra el impuesto de la Junta sobre depósito de residuos radiactivos Los Verdes, socio del PSOE a nivel nacional y autonómico, urgió hoy al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a retirar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el anterior Ejecutivo de José María Aznar contra los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2004 relativos a la creación de un impuesto sobre depósito de residuos radiactivos, cuya vigencia ha quedado suspendida tras la admisión a trámite del recurso por parte del TC. El portavoz de Los Verdes de Andalucía y diputado adscrito al Grupo Socialista en el Congreso, Francisco Garrido, aseguró el Gobierno de Zapatero, "en coherencia con la normativa aprobada en Andalucía y con su propio programa electoral", debe retirar el recurso presentado ante el TC por el Gobierno del PP para "evitar la suspensión" del impuesto sobre el depósito de residuos radiactivos, que considera "plenamente legal". En declaraciones a Europa Press, Garrido se mostró convencido de que este recurso de inconstitucionalidad figura dentro de los contenciosos jurídicos que el nuevo Gobierno del PSOE tiene intención de retirar, por lo que expresó su confianza en que la suspensión "esté vigente poco tiempo", ya que recordó que el alto tribunal debe pronunciarse sobre la suspensión cautelar de la norma en un plazo máximo de cinco meses. En un auto dictado el pasado 27 de abril y publicado por el BOE el pasado martes, al que ha tenido acceso Europa Press, el TC comunica la admisión a trámite del recurso presentado por el anterior Ejecutivo de José María Aznar y advierte de que esta decisión "produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados". El impuesto sobre residuos radiactivos que ahora queda suspendido por el TC tiene como objetivo controlar y gravar el depósito de los mismos en el centro de residuos de El Cabril (Córdoba), donde se reciben residuos de este tipo de alta-media actividad procedentes de varios puntos de España. En su recurso, el Gobierno del PP argumentó que "la potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante Ley", por lo que considera que el nuevo impuesto creado por la Junta "supone una extralimitación de sus competencias al vulnerar los límites de la potestad tributaria autonómica que tiene atribuida". Fuente: EUROPA PRESS Enlace: http://www.europapress.es/ enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias ESPAÑA ESPAÑA Nunca Máis hace balance de las consecuencias del Prestige en el Foro de la Verdad La plataforma ciudadana reúne a investigadores, pescadores, periodistas y personalidades del mundo de la cultura para analizar en mesas temáticas las consecuencias de la catástrofe medioambiental y la movilización ciudadana que provocó. Con una mesa de honra de la que forman parte Adolfo Pérez Esquivel, Ignacio Ramonet, Ramón Chao, Manuel Rivas, Luis Tosar y Suso de Toro, entre otros, arrancó el pasado fin de semana en Pontevedra el “Foro da verdade”, definido por Nunca Máis como “un esfuerzo colectivo para conocer la verdad, articular alternativas y construir un futuro en nuestro País de Nunca Máis”. Una de las razones que alegan los portavoces de la plataforma para organizar este foro es la imposibilidad de que se realizase hasta ahora una investigación “seria y rigurosa” sobre la catástrofe ambiental provocada por el Prestige. Así, la principal crítica realizada por los científicos que participaron en el foro fue la falta de coordinación y de ayudas para la investigación sobre el impacto medioambiental. Los investigadores del Instituto de Investigaciones Marinas que asistieron al “Foro da Verdade” insistieron en los buenos resultados que ofrece la utilización de bacterias –biorremediación- para reducir la presencia de fuel en áreas especialmente sensibles, como el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Xavier César, investigador en Zoología Marina, denunció la falta de interés para que se dilucide la razón por la que, tras el Prestige, han desaparecido las semillas del mejillón. Las sesiones del pasado fin de semana se organizaron en torno a tres mesas: sector pesquero, en la que participaron mariscadores, cofradías y biólogos; comisión jurídica, con la presencia de especialistas en derecho penal; y medios de comunicación, en la que participaron destacados periodistas gallegos. Nuestra propia comisión de investigación En el discurso de inauguración, Rafael Villar, portavoz de Nunca Máis, presentó el “Foro da Verdade” como una auténtica comisión de investigación que se organiza ante la imposibilidad de que se realizase desde las instituciones públicas. “Ni en el Parlamento gallego ni en el español fue posible formalizar un instrumento que sirviese para conocer la verdad de lo que ocurrió y se determinases las responsabilidades del Gobierno”. En este sentido, Villar recordó las investigaciones que sí se llevaron a cabo en el Parlamento Europeo –que emitió un informe bastante crítico con la actuación del Gobierno español- y en la Asamblea de la República Francesa. También hizo hincapié en la necesidad de que el “Foro da Verdade” no sólo debata y reflexione, sino que también presente alternativas en su extensión ecológica, económica, social, humana o sanitaria. El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández, también intervino en este foro para recordar “el Prestige con el que llevamos conviviendo desde hace 40 años”. Fernández se refería a la fábrica de papel situada en la ría de Pontevedra y que provoca una alta contaminación en esta ría. “Los efectos perjudiciales están a la vista: la ría está enferma, se respira un aire asqueroso, el paisaje está herido y la salud de las personas está amenazada”. El “Foro da Verdade” continuará los próximos días 29 y 30 de mayo, esta vez en el Pazo de Mariñan, en A Coruña. En esta ocasión, el foro se organizará alrededor de cuatro mesas: de seguridad marítima, con la presencia de representantes de la Marina Mercante; de salud, en la que participarán epidemiólogos y toxicólogos; socio-económica, con presencia de economistas y sindicatos; y mesa de los movimientos sociales, con representantes de asociaciones de vecinos, organizaciones ecologistas y de las propias plataformas de Nunca Máis y Burla Negra. Más información: Plataforma Nunca Máis http://www.plataformanuncamais.org/ Fuente: CANAL SOLIDARIO-ONEWORLD ESPAñA Enlace: http://www.canalsolidario.org enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias ESPAÑA La Marcha Mundial de las Mujeres llega a Vigo para reclamar una Constitución europea más igualitaria Coincidiendo con el actual debate sobre la Constitución Europea, la Marcha Mundial de las Mujeres organiza el fin de semana en esta ciudad un encuentro continental para debatir y dar a conocer sus propuestas "para una nueva Europa". Con el lema Por una Europa de todas: diferentes sí, desiguales no!, la ciudad gallega de Vigo acoge este fin de semana una movilización europea organizada por la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM), una red integrada por más de 5.500 grupos de 163 países que trabajan para eliminar la pobreza y la violencia de género. El lugar y la fecha del encuentro no son casuales. El movimiento se reúne pocas semanas antes de la celebración de las elecciones europeas para mostrar su dsacuerdo con la futura Constitución y lo hace en Vigo para expresar su solidaridad por la catástrofe ecológica del 'Prestige'. Más de 30.000 feministas de toda Europa se encontrarán en esta ciudad para participar en esta mobilización que, según la organización, "se realiza en un momento político en el que las mujeres arriesgamos mucho. El modelo patriarcal de construcción europea va a quedar plasmado en una Constitución y se trata de un modelo definido por los intereses del liberalismo económico, el conservadurismo social y el avance notable de las opciones políticas más reaccionarias". Frente a esto, la Marcha presenta un manifiesto en el que se propone y reivindica una Constitución Europea que garantice derechos sociales, económicos y culturales, defienda los sistemas de protección social públicos y el medio ambiente, permita la llegada y plena integración de los inmigrantes, defienda el derecho a la autodeterminación de los pueblos y recoja el derecho de las mujeres a elegir su sexualidad, entre otras demandas. Carta Mundial de las Mujeres para la Humanidad Todas estas propuestas se añadirán a la 'Carta Mundial de las Mujeres para la Humanidad', un manifiesto global en cuya redacción están participando miles de mujeres de todo el mundo y que recoge alternativas feministas desde los diferentes continentes "para que otro mundo sea posible" y reclamar a gobiernos e instituciones económicas y políticas cambios profundos que erradiquen la pobreza y la violencia. Esta previsto que la Carta sea aprobada el 10 de diciembre de 2004, después de un proceso democrático de consulta mundial en el que los diversos grupos de la MMM habrán realizado sus aportaciones, y será presentada públicamente el 8 de marzo de 2005, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Con la carta "pretendemos afirmarnos como fuerza indispensable para la transformación global de la sociedad y ser un instrumento de movilización de los movimientos internacionales de mujeres", afirman desde la MMM. Debates e intercambio de experiencias La movilización de este fin de semana convertirá Vigo en un escenario de reivindicaciones, propuestas y acciones culturales. El sábado, se celebrarán tres foros de debate sobre Sustentabilidad ecológica: alternativas feministas en el que se ahondará en las alternativas de la Marcha Mundial para un desarrollo sostenible; Contribuciones feministas en el origen y desarrollo de la Constitución Europea y Mujeres y espiritualidad, corporeidad y resistencia. Este mismo día, abrirá sus puertas una feria que, dividida en nueve espacios temáticos, pretende ser un espacio de intercambio para dar a conocer las experiencias de los diversos grupos de mujeres y su trabajo en los ámbitos de la violencia, feminización de la pobreza, ecología, antimilitarismo, libertades sexuales, entre otros. La marcha culminará el domingo por la mañana con una manifestación por el centro de la ciudad bajo la consigna "Diferentes sí, desiguales no. Marcha con nosotras por una Europa igualitaria y justa". Más información: Marcha Mundial de las Mujeres http://www.marchemondiale.org/es/ Movilización Europea de las Mujeres http://www.feminismo.org/ Fuente: CANAL SOLIDARIO-ONEWORLD Enlace: http://www.canalsolidario.org enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias ESPAÑA La incertidumbre aumenta entre los inmigrantes por la falta de vías para la regularización Aunque saben que no tienen posibilidades de legalizarse, siguen acudiendo a las organizaciones con asesoría jurídica en busca de una respuesta esperanzadora. Lo seguro es que no piensan volver a sus países. Hace tres años Alejandra llegó a España con la idea de conseguir trabajo, ahorrar en euros y volver a Colombia con el dinero suficiente para comprar un piso. Primero estuvo en las cercanías de la Comunidad de Madrid, trabajó en un restaurante, hizo algunos cursos de informática y a los pocos meses se trasladó a Madrid capital para vivir con una tía que, entonces, estaba esperando que le resolvieran una solicitud de asilo político hacía más de dos años. Aunque esta joven de 26 años ha encontrado siempre algún empleo, sólo hace unos meses que consiguió una oferta de trabajo en un centro geriátrico y un empleador dispuesto a hacer los trámites indispensables. Con la oferta en la mano hizo caso omiso de todos los que le informaban que con la nueva Ley se habían cerrado las posibilidades de legalizarse. Realizó la solicitud y dos meses después fue denegada. Alejandra sigue en el mismo puesto, pero su empleador la presiona para que se legalice. Hace pocas semanas presentó otra oferta de trabajo, esta vez como empleada del hogar, pero no es optimista; sabe que la única opción que le queda es esperar a que la Ley cambie algún día. Esa misma esperanza de Alejandra es la que sigue movilizando a cientos de inmigrantes irregulares que se encuentran en España desde hace unos años y que acuden a organizaciones con servicio jurídico, con la misma pregunta: ¿cómo puedo obtener los papeles? Según las organizaciones consultadas por Canal Solidario-OneWorld, el grueso de los inmigrantes que llegan a pedir asesoría llevan entre 2 y 3 años en España, la mayoría está trabajando y prácticamente todos tienen una oferta de trabajo. ”Viene muy poca gente que haya llegado recientemente, y por lo general, provienen de Bolivia, Chile y Argentina”, dice Marta Segovia, abogada del Servicio de Asesoría Jurídica para Extranjeros de USO Madrid. Una situación similar sucede en AESCO, una organización que atiende a inmigrantes latinoamericanos, donde “llegan muchos ecuatorianos, colombianos y peruanos preguntando qué pueden hacer para legalizarse. Se trata de personas que viven desde hace mucho en España, los que menos llegaron hace más de 9 meses. Sólo los chilenos y argentinos que llegan a nuestras oficinas llevan poco tiempo en el país”, asegura Samuel Paez, auxiliar jurídico de AESCO. Para las abogadas del servicio de asesoría jurídico de la USO, esta situación se debe especialmente a que desde que se pide visados en República Dominicana, Colombia y Ecuador, no llegan personas de estos países con visas de turistas que luego de vencidas decidan quedarse en España, situación que no sucede ni en Argentina ni en Chile. Los rumores y la desinformación Según afirma Samuel Paez, muchos de los que llegan a AESCO conocen la ley pero hay mucha desinformación y rumores que hace de los inmigrantes una presa fácil de abogados con pocos escrúpulos y de organizaciones que cobran por las consultas jurídicas. “Sólo por la primera consulta, los abogados cobran 250 euros”, explica Gassan Saliba, responsable de la secretaría de inmigración de Comisiones Obreras Cataluña. “Muchos llegan con historias de que un amigo de un amigo o un conocido de un primo obtuvo la tarjeta de residencia”, cuenta Paez, cuando cada caso es particular y por lo general son historias falsas. Sin duda, lo más grave son las denuncias que han llegado a AESCO de personas que venden tarjetas de residencias por 2.000 euros. A pesar de que no pueden legalizarse, la mayoría de los inmigrantes que llegan a estos centros de asesoría jurídica cuenta con un ingreso más o menos fijo y con seguridad social porque están empadronados. “Hay colectivos que son conscientes de que tienen derechos y quieren acceder a ellos”, afirma Ana Haba, del Servicio Jurídico de la USO Madrid. No van a regresar Otro punto en el que coinciden los asesores y abogados de los servicios para inmigrantes es que no se dan casos de personas irregulares que expresen su deseo de retornar a sus países. “Todos están esperando a que cambie la situación” dice Gassan Saliba. Otros, los que tienen familiares con tarjeta de residencia o con nacionalidad española, están esperando a tener más de tres años de estancia en España para comenzar un proceso de arraigo, mientras que los que no tienen familiares con estos requisitos deben sumar un lustro. En todos los casos la esperanza sigue viva. “Es muy común que se den rumores de procesos de regularización masiva, incluso con fecha específica como en junio de este año o después de la boda del príncipe”, comenta Ana Haba, pero se trata de comentarios infundados que de alguna manera reflejan la necesidad de conseguir papeles de personas que ya han establecido una vida en España. “Muchos están esperando a ver qué pasa con este Gobierno”, concluye Gassan Saliba. Los africanos, los más desamparados Entre los colectivos de inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular, el de los africanos –especialmente los que llegan de África Subsahariana- es el que se encuentra en la situación más precaria y los que menos posibilidades tienen de acceder a la salud y a trabajos que les permita subsistir. Según el informe de la organización Karibu, amigos del pueblo africano, los inmigrantes subsaharianos que llegan a las Islas Canarias son desplazados por la misma administración y llegan a Madrid en una situación de desprotección total porque no cuentan con dinero para proveerse alimentación, abrigo ni vivienda. A lo que hay que sumarle que muchos no tienen pasaporte por lo que no pueden empadronarse ni acceder a los servicios médicos a menos que sea una urgencia Algunos llegan a pedir ayuda a Cruz Roja u organizaciones como Karibu, que tienen posibilidades de brindarles plazas en centros de acogida, especialmente a los que están en situaciones más difíciles: mujeres embarazadas, enfermos y madres con hijos pequeños. Sin embargo, la estancia en estos albergues es siempre temporal y tarde o temprano terminan en la calle. Según Fernández, del servicio de acogida de Karibu, a la organización llegan más de 100 inmigrantes de África Subsahariana todas las semanas, la mayoría sin papeles y con la esperanza de encontrar un trabajo que les permita enviar remesas a sus países. Todos desconocen las leyes de extranjería y al encontrarse que no existen vías de legalización -y por tanto no podrán emplearse-, no les queda otra opción que salir a las calles y buscar un sustento en actividades como ubicar aparcamientos, repartir volantes o trabajar por días en el sector de la construcción. A lo anterior hay que agregarle que al no hablar español se les dificulta aún más conseguir algún tipo de trabajo, y que el racismo los convierte en víctimas de una doble discriminación: por ser ilegales y por ser negros. . “Tienen necesidad de ropa para defenderse del frío, para vestir, ropa interior, necesitan para su aseo personal lo más elemental que requiere un ser humano”, especifica el informe de Karibu y más adelante agrega que, aunque hasta hace poco era raro verlos mendigar en las calles, ahora es una escena cada vez más común porque la posibilidad de conseguir trabajo, aunque sea temporal, es más difícil, especialmente ahora que no tienen forma de regularizarse. “Nos preocupa esta situación y este progresivo deterioro, porque se están degradando como personas, y nos preocupa porque la sociedad que los rodea está sacando conclusiones que no son adecuadas”, afirma una representante de Karibu, a la vez que le pide al Gobierno que abra “una vía administrativa para que estas personas legalicen su situación entre nosotros y puedan vivir con su trabajo de forma digna”. Fuente: CANAL SOLIDARIO-ONEWORLD Enlace: http://www.canalsolidario.org enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias ESPAÑA España, el país que más derrocha energía en la iluminación, según el Grupo Cielo España es el país de mayor derroche energético de Europa e incluso los niveles de iluminación interior de algunos grandes y pequeños comercios de Madrid, Valencia o Sevilla pueden ser "dañinos para la salud", según el presidente del Grupo de Protección del Cielo, Francisco Pujol. Pujol, ingeniero industrial y presidente de la asociación, explicó en declaraciones a Efe que "iluminar más no significa iluminar mejor" y señaló que superar los 2.500 lux –unidad para medir el flujo luminoso que recibe una superficie– a la altura de la cabeza puede resultar perjudicial para la salud. La ciudad de mayor contaminación lumínica es Valencia, pero esta también se produce en Madrid y Sevillla, entre otras grandes capitales. El derroche también se da en ciudades más pequeñas. Así, entre las más contaminantes aparece, por ejemplo, Avila. En el extremo opuesto está Barcelona, que ha aprendido "del derroche que supusieron los Juegos Olímpicos del 92", afirma Pujol. Los efectos de la contaminación lumínica en la salud van "desde un simple dolor de cabeza hasta un cáncer de piel" por una prolongada exposición a la radiación ultravioleta emitida por la iluminación artificial sin filtros adecuados, aseguró Pujol. El Grupo Cielo basa su afirmación en las numerosas mediciones que ha realizado. En una de ellas, comprobaron que la iluminación de las fachadas de unos grandes almacenes instalados en toda España irradiaban hasta 4.000 lux, mientras que en un andén de la línea 2 del Metro de Madrid se alcanzaron los 800 lux frente a los 150 recomendados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para la red del Metropolitano. El desperdicio de energía lumínica se extiende a carreteras, calles, fachadas de edificios históricos, instalaciones deportivas y anuncios, que a menudo permanecen encendidos toda la noche. El Grupo advierte que este derroche energético destruye "el legado de la visión del cielo nocturno", y causa un "efecto nocivo" en las aves migratorias que vuelan de noche. Más información: http://asaaf.fis.ucm.es/~gpc Fuente: BOLETíN ENERGíAS RENOVABLES Enlace: http://www.energias-renovables.com enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias ESPAÑA Activismo accionarial: presionar a las multinacionales desde dentro es posible El activismo accionarial se está convirtiendo en una táctica eficaz para acceder a las empresas y reclamar desde dentro políticas responsables. Aunque en España este método es poco conocido, algunas ONG ya lo practican. Comprar el paquete mínimo de acciones que permite asistir a las juntas de accionistas de las empresas y hacer uso del derecho de todo accionista a preguntar y reclamar políticas socialmente responsables. Es la base del llamado activismo empresarial, práctica que desde hace algunos años llevan a cabo organizaciones no gubernamentales para, desde dentro de las empresas, redireccionar las actividades de las multinacionales y asegurar que respetan los derechos humanos y el medio ambiente. La primera iniciativa de este tipo la realizó hace cuatro años Greenpeace. Esta ONG decidió comprar acciones de la multinacional Shell para hacer llegar su discurso hasta la misma junta de accionistas de la compañía. En la reunión, los ecologistas explicaron varias opciones para que la empresa limitara paulatinamente el uso de combustibles fósiles y apostara por la energía renovable y, una vez que cientos de accionistas menores apoyaron la propuesta, la ONG se dio por satisfe! cha y vendió sus acciones. Desde entonces, han sido varias las organizaciones que han incorporado a sus acciones de presión la práctica del activismo accionarial, aunque con cierto debate en el sector sobre si es bueno comprar acciones de una empresa con políticas insostenibles y que no respeten los derechos humanos o si compensa el hecho de presionar desde dentro de las multinacionales. El debate sobre si una vez expresada su opinión ante los accionistas la ONG debe o no vender las acciones también está presente. De momento, entidades como Greenpeace y WWF han utilizado este mecanismo para dar a conocer a todos los accionistas de empresas como Shell y BP sus propuestas sociales o medioambientales y cada vez son más las organizaciones que, en países como Estados Unidos, se animan a llevar a cabo este tipo de acción. Pocos ejemplos en España En España, sin embargo, esta práctica es muy poco frecuente. Hace cuatro años, la ONG Amigos de la Tierra utilizó este sistema para llegar a la junta de accionistas de Endesa y denunciar las consecuencias negativas de las actividades de esta empresa para el pueblo mapuche en Chile. La iniciativa fue puntual, pero sirvió a la entidad para leer un manifiesto exponiendo la situación de estos indígenas y "mostrar a los accionistas las contradicciones de la empresa". Como explica el director de Amigos de la Tierra, Daniel Sánchez, "los consejos de administración de las empresas miran por su accionariado y buscan la máxima rentabilidad, pero si éstos reclaman que se respete el medio ambiente y los derechos humanos también deben escucharlos". De hecho, esta es la experiencia de la ONG Setem, propietaria de más de un centenar de acciones de la empresa textil Inditex. La iniciativa, que se enmarca en una campaña internacional para reclamar a las textiles que respeten los derechos fundamentales de sus trabajadores, es la única conocida en estos momentos en España y de momento, según la organización, tiene buenos resultados. "El mayor impacto tuvo lugar en el momento en que compramos las acciones. Nuestra decisión incomodó a Inditex y consiguió que la empresa respondiera a nuestras demandas", señala Toni Codina, director de Setem Catalunya. Desde la compra de las acciones, Inditex "ha mejorado su transparencia informativa, ha adoptado un código de conducta y ha iniciado procesos de auditoría". Con el tiempo, la ONG ha contado también con el apoyo de accionistas minoritarios de Inditex, que han delegado en ellos sus acciones. Qué hacer a título individual "El tercer sector debe tener en cuenta este tipo de instrumentos, ejercer el activismo accionarial y participar en los fondos de inversión ética", afirma Horencio Vázquez, técnico del área de Responsabilidad Social Corporativa e inversiones éticas de Economistas Sin Fronteras, que también anima a la ciudadanía a actuar y a tener en cuenta aspectos como "saber qué tipo de proyectos financia un banco en el que queremos abrir una cuenta". La misma opinión expresan desde Amigos de la Tierra, que animan a las personas que a título individual son propietarias de acciones a participar o delegar sus votos a favor de políticas respetuosas con el medio ambiente y los derechos humanos. Fuente: CANAL SOLIDARIO-ONEWORLD Enlace: http://www.canalsolidario.org enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias EUROPA EUROPA Union Europea: Ecologistas reclaman reforma de Banco de Desarrollo Grupos ecologistas exhortaron a los 10 nuevos países miembros de la Unión Europea (UE) a aprovechar la ampliación del bloque para reformar el banco regional de desarrollo en beneficio del ambiente y el bienestar social. Las organizaciones, encabezadas por Amigos de la Tierra, instaron a Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa, que se incorporaron el sábado a la UE, a ”pintar de verde” el Banco Europeo de Inversiones (BEI), ”uno de los bancos más negligentes del mundo en materia ambiental”. La ampliación de la UE de 15 a 25 miembros representa una nueva oportunidad para reformar de manera fundamental a la mayor institución financiera del bloque, según los grupos ecologistas reunidos en la Coalición de la Campaña del Banco Europeo de Inversiones. El BEI fue establecido en 1958 para financiar proyectos de infraestructura física que vinculen a las economías nacionales de los países miembros. Sus proyectos deben beneficiar principalmente a las regiones más desfavorecidas y ayudar a atraer otras fuentes de financiación. Actualmente, el banco presta unos 47.000 millones de dólares al año. Mediante acuerdos con programas europeos de cooperación para el desarrollo en 120 países, más de 16 por ciento de los créditos de la institución se destinan a países de fuera del bloque. Pese a la gran influencia del banco, ”existe escaso conocimiento público sobre su existencia y sus operaciones”, y aunque la institución debe promover ”la cohesión social y económica”, el BEI ha financiado ”algunos de los proyectos ambiental y socialmente más controvertidos de los últimos años”. La organización CEE Bankwatch, que vigila la cooperación internacional para el desarrollo de Europa central y oriental, sostuvo que las operaciones del BEI ”revelan falta de responsabilidad profesional y de supervisión en la gestión de los proyectos”. Amigos de la Tierra está especialmente preocupada por el plan de extensión del aeropuerto de Sofía, la capital de Bulgaria, y el de la carretera A4 en Polonia, porque según el grupo, ”no se ajustan al mandato declarado del Banco”. El BEI también fue criticado por su participación en proyectos controvertidos fuera de la UE. El año pasado, el banco otorgó un crédito de 191 millones de dólares para construir un gasoducto y oleoducto entre Chad y Camerún. Grupos de la sociedad civil nacionales y extranjeros advirtieron que el proyecto empeorará las condiciones sociales y económicas de esos países africanos y fortalecerá a sus corruptas oligarquías gobernantes. Otro proyecto cuestionado en el extranjero es el desarrollo de una mina de cobre en Laos, para el cual el BEI aprobó un crédito de 76,2 millones de dólares. Grupos ecologistas advirtieron que la mina amenazará el ecosistema de los ríos vecinos, que son tributarios del Mekong, con derrames de cianuro, tala ilegal y más presión sobre la biodiversidad de la región.. El Parlamento Europeo criticó ambos proyectos, pero ”como el BEI no rinde cuentas al Parlamento”, otorgó los créditos de todos modos. Los activistas afirmaron que los recientes créditos del banco para la ampliación del aeropuerto de Heathrow, en Londres, y tiendas de la empresa Ikea en Alemania demuestran ”el persistente comportamiento del BEI como banco privado con dinero público”. Tras la ampliación del bloque, ”los nuevos miembros deben usar su influencia para obligar a este banco destructivo a financiar proyectos ambiental y socialmente sustentables”, urgió Hannah Ellis, de Amigos de la Tierra. ”Esperamos sinceramente que la nueva Unión genere un debate real sobre las reformas necesarias para asegurar que el dinero de los contribuyentes sea invertido por el BEI de manera sensata y sostenible”, agregó Ellis en una declaración. Fuente: TIERRA AMéRICA E IPS Enlace: http://www.tierramerica.net enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias EUROPA Déficit democrático y ausencia de debates sociales en el proyecto de Constitución Europea Las luchas por el reparto de poder en el seno de la UE han desplazado cualquier posibilidad de debate social sobre la futura Constitución europea, hasta el punto de que pocos ciudadanos conocen su contenido. En la reciente historia de la Unión Europea, fueron muchas las ocasiones para promover un auténtico debate social sobre el significado de esta construcción europea –Tratado de Maastrich, adopción del euro, ampliación a 25, etc- pero el resultado ha sido muy pobre. Los ciudadanos continúan desconectados de los centros de poder de la UE. El proyecto de Constitución europea es otra ocasión pero, a este paso, será desaprovechada de nuevo. Hasta ahora ninguna institución europea ha conseguido trasladar el debate de la Constitución a la ciudadanía, hasta el punto de que la mayor parte de los ciudadanos desconocen el contenido de un texto que está siendo negociado por los principales dirigentes de cada país. Aunque desde muchos foros y organizaciones se pone en cuestión que a este texto se le pueda denominar constitución –porque no existe un Estado, aunque sí una moneda única-, lo cierto es que el texto será la fuente de las leyes europeas que podrán decidir cuestiones tan relevantes como la política económica, social y, en muchos casos, política. Pocos medios de comunicación han difundido el contenido de la Constitución europea, en cambio sí han dado gran cobertura a las luchas entre los Gobiernos por el reparto de las cuotas de poder. El hecho de que algunos de los Gobiernos conservadores se hayan mostrado en contra del proyecto de Constitución ha dado una imagen a la sociedad de que este texto es progresista pero, ¿cuántos conocen su contenido? La mayoría de las críticas que se han lanzado a su contenido tienen que ver fundamentalmente con tres aspectos: las fórmulas para la elección de los miembros de los principales órganos de la UE, el modelo económico por el que se apuesta y la política de defensa. En cuanto a la elección de los principales órganos de la UE - Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo de Ministros y Comisión Europea-, sólo el Parlamento será elegido por sufragio universal. Sin embargo, este órgano no tendrá capacidad para aprobar leyes. Para la organización ATTAC, esto supone un auténtico déficit democrático al no contemplar “mecanismos para ejercer una crítica democrática por parte de los ciudadanos a las políticas de la Comisión Europea”. Esta organización también critica las áreas en las que se exige unanimidad, lo que impide tomar decisiones en contra de un Gobierno: la fiscalidad, la política exterior, algunos aspectos de la política social y la reforma de la propia Constitución. El modelo económico que propugna el proyecto constitucional consagra la economía de mercado en la que la competencia es libre. Pero no existe un apartado en el que se establezcan aquellos servicios públicos que quedarían fuera de esta libre competencia. La política de defensa que aparece en el proyecto constitucional garantiza la compatibilidad con la política de defensa de la OTAN pero, como ya han reclamado muchas organizaciones, no se destaca el papel que la UE puede tener como mediador de conflictos o la consagración de los principios de la Carta de Naciones Unidas. Tan sólo se menciona que “se promoverá que las intervenciones se realicen dentro del marco de la ONU”. Todos los aspectos mencionados anteriormente son sólo un borrador elaborado por la Convención sobre el futuro de Europa. El problema aparece cuando este borrador es discutido tan sólo en los órganos de la UE, sin que se abran vías para el debate social. Los dirigentes políticos comienzan a darse cuenta de este déficit democrático, por lo que algunos ya comienzan a plantear la necesidad de un referéndum. Pero este referéndum sería estéril si no se fomenta el debate y la difusión de los contenidos de la futura Constitución. La UE ya acusa un gran déficit democrático en la elección de sus órganos, en el desconocimiento ciudadano de las decisiones que toman y en la ausencia de una identidad a la que se adhiera la sociedad; Bruselas tiene ahora la oportunidad de corregir este déficit promoviendo un debate sobre el proyecto de Constitución. Por ahora, lo que existe es un borrador, peleas entre los Gobiernos europeos por las cuotas de poder, desconocimiento en la sociedad sobre el contenido del borrador y ausencia total de debate. Más información: Proyecto de tratado constitucional (Formato PDF) http://europa.eu.int/futurum/comm/documents/convention_es.pdf Consulta Social Europea, proceso que pretende promover una verdadera participación ciudadana en la UE. http://www.consultaeuropea.org/ Análisis de ATTAC sobre el tratado constitucional europeo http://www.attacmadrid.org/d/5/040509170044.php El futuro de la Unión Europea - Debate, página web del portal de la UE. http://europa.eu.int/futurum/index_es.htm Fuente: CANAL SOLIDARIO-ONEWORLD ESPAñA Enlace: http://www.canalsolidario.com enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias LATINOAMÉRICA LATINOAMÉRICA Hacia el Foro Social Perú en Tambogrande. La experiencia de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería - Conacami Cristiano Morsolin* y Miguel Palacin** desde Lima Introducción* El pasado jueves 13 y viernes 14 de mayo se han realizados las jornadas preparatoria del Foro Social Perú en programa a Tambogrande por el próximo fin de julio del 2004. En la facultad de Ciencias Sociales de la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos se han reunidos centenares de militantes de diferentes movimientos sociales del Perú, entre los cuales destacamos la masiva participación de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería CONACAMI (www.conacami.org ), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana AIDESEP, Frente de defensa de Tambogrande, Coordinadora Permanente de Pueblos indígenas del Perú COPPIP, Red por la democratización Global NIGD (www.nigd.org ), Movimiento RAIZ (www.movimientoraiz.org ), Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otros. Necesita subrayar el rol propulsor del Programa de Estudios sobre Democracia y Transformación Global de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, directo por Teivo Teivainen - representante de la Red por la Democratización Global en el Consejo Internacional del Foro Social Mundial, que ha invitado por la ocasión Immanuel Wallerstein, profesor de la Universidad de Yale (USA), ex presidente de la Asociación Internacional de Sociología, uno de los impulsores principales del proceso Foro social Mundial, que se dio inicio en el 2001 en Porto Alegre-Brasil. Vladimir Pinto - Movimiento RAIZ, a nombre del comité organizador, comenta: "Durante las dos ultimas décadas, la violencia política, el neoliberalismo y la dictadura fujimontesinista significaron un duro golpe para el movimiento popular. Pero no todo fue derrota. Diversas experiencias de resistencia nos ha mostrado que es posible vencer el miedo y lograr un espacio para la esperanza. Es la lección dejada por la lucha contra la dictadura llevada a cabo por múltiples organizaciones sociales desde mediados de la década del 90, la lucha por la construcción de una democracia participativa y radical en el distrito de Limatambo (Cusco), así como la resistencia del pueblo de Tambogrande contra la empresa Maniatan y otras comunidades organizadas en CONACAMI contra la avaricia de las multinacionales mineras. Aunque parezca mentira, los ejemplos son muchos mas. Es decir, que en medio de la situación de crisis, pobreza y desesperación a que nos quiso condenar el neoliberalismo, existen ! experiencias en las que resulto mas fuerte la persistencia de la vida, la creatividad y la capacidad de organización popular. Este es un proceso complejo y no exento de contradicciones. Pero se trata de una tendencia real existente en el Perú actualmente. El Movimiento RAIZ inscribe su accionar y su lucha en esta apuesta por la construcción de un Perú y un mundo nuevos. Y en ese sentido, busca contribuir a la formación de espacios de rearticulación social y política anticapitalista en el país. De allí nuestro empeño en impulsar el proceso de construcción del Foro social Perú". Aquí siguiente se encuentra el articulo "La minería en el Perú: riqueza de conflictos y de pasivos" que analiza el proceso de resistencia de CONACAMI y representa una anticipación del libro de próxima publicación editado por Acción Ecológica (Ecuador) www.accionecologica.org.ec que ha autorizado la difusión. LA MINERIA EN EL PERU: RIQUEZA DE CONFLICTOS Y DE PASIVOS** El Perú es un país con extraordinaria diversidad agrícola y silvestre. Solo en plantas de uso humano se conocen 3.200 especies nativas con 31 fines distintos. Existen al menos 128 especies de plantas alimenticias domesticadas, con miles de variedades. La papa, por ejemplo, tiene mas de 3.000 variedades y el camote más de 1.500. El 50% del área de la sierra esta cubierta de pastos naturales apropiados para la ganadería de camélidos (llamas, vicuñas alpacas y guanacos) de gran utilidad para las comunidades y hay más de 7,5 millones de hectáreas que tienen aptitud forestal. También las vertientes occidentales andinas se pueden aprovechar para la generación con micro centrales hidroeléctricas. El Perú tiene también espacios naturales aptos para el turismo. El Perú es un país megadiverso, con 19% de las aves del mundo (1.073 especies), 9% de los mamíferos (400 especies), 9% de los anfibios (250 especies), 175 especies de reptiles y 1.200 especies de peces entre marinos y de aguas dulces, sin contar con miles de especies de insectos, moluscos y una impresionante diversidad en flora. La dimensión ecológica del Perú proviene de su propia naturaleza y realidad. Constituye por tanto un invalorable patrimonio de cuya conservación somos responsables. A ello se suma la presencia humana de muchos milenios que ha dejado huellas de su larga existencia en un entorno de características muy peculiares, como las franjas costeras, las zonas andinas y alto andinas y las selvas altas y bajas, en donde habitan grupos étnicos con un profundo y valioso conocimiento del entorno natural, que desde hace mas de cinco mil años, con la cosmovisión del hombre y mujer andinos conservan el ambiente. Los minerales son otro recurso importante. Desde la colonia, la minería había sido una de las actividades prioritarias para los gobiernos, junto con otras actividades como el agro o la pesca, a pesar de que es una actividad controvertida por los mecanismos que emplea y por la contaminación que conlleva. Sin embargo, en los últimos años, este sector ha contado con una legislación favorable para sus intereses y ha significado la ubicación de importantes yacimientos mineros en zonas focalizadas como son: Cerro de Pasco, Junín (Yauli), Huancavelica, Moquegua y en la sierra de Lima, etc. Fue en la época de los 90 con la trasnacionalización de la minería esta se convierte en una actividad prioritaria, según los acuerdos suscritos por el gobierno de la dictadura de Fujimori con el Banco Mundial y otros organismos financieros mundiales. Los programas de ajuste estructural del Estado, priorizaron las inversiones privadas, principalmente en industrias extractivas como la minería, y con ellas el ingreso de las corporaciones trasnacionales mineras, acompañadas con un proceso de privatización, liberalización de la economía, flexibilización de la estabilidad laboral y tributaria, etc. Hoy, de las 20 principales corporaciones más grandes del mundo, 11 están operando en el Perú, en diversas áreas, como territorios de pueblos indígenas o comunitarios, explorando y explotando yacimientos mineros principalmente en oro, cobre y zinc, afectado los recursos naturales, tierras agrícolas y recursos estratégicos como el agua El boom minero y sus impactos Entre diciembre de 1993 y julio del 2000, la minería ha comprometido el territorio de 3.326 comunidades campesinas, de las 5.680 comunidades reconocidas por el Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT) en Perú. De estas, 2.978 tienen actividades de exploración y 348 comunidades afectadas por actividades de explotación, superando en total cerca de 24 millones de hectáreas Durante el régimen de la dictadura de Fujimori, en los años 90, se promulgó la Constitución del 93, liberalizando la economía y violando los derechos ancestrales de las comunidades sobre los territorios, dejándolas más vulnerables. Se promulgaron leyes inconstitucionales, como la Ley de Tierras y Servidumbre Minera, para despojar sus tierras a las comunidades, violando la autonomía sobre la propiedad de la tierra e incumpliendo el Convenio 169 de la OIT. También estas carecen de procedimientos adecuados para implementar consultas a las comunidades o pueblos indígenas respecto al desarrollo de la actividad minera en sus tierras. Sobre los aspectos ambientales, existe una débil fiscalización y monitoreo desde el Estado peruano. A través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que es a su vez es propietario o accionista de empresas mineras, es regulador de la política del sector minero, es fiscalizador para el cumplimiento de las normas ambientales y a la vez promotor de las inversiones mineras, por ello el MEM, decide sobre tierras, el agua, y la inversión minera. NO existe ninguna institución que vigile las actividades del Ministerio de Energía y Minas y proteja los derechos e intereses de las comunidades afectada. Tras el otorgamiento de las concesiones mineras por parte del Estado, las empresas desarrollan el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con una Consultora Ambiental pagada por la empresa y se procede a la aprobación del mismo por el Ministerio de Energía y Minas después de la respectiva Audiencia Pública. Esta última no constituye de ninguna manera una verdadera consulta sino que es una reunión para sugerir cambios que permitan superar las "imperfecciones" del EIA. El Ministerio de Energía y Minas no tiene la capacidad de fiscalizar la veracidad de los datos de los indicadores ambientales consignados en la línea base del EIA. Por ello, hasta el momento no ha desaprobado ningún EIA correspondiente a un proyecto minero de mediana o gran envergadura que implique el retiro del proyecto. Precisamente los últimos conflictos que se han presentado, como el de Tambogrande, se han dado por los mecanismos que emplea el Estado para la aprobación de los EIA, que carecen de legitimidad y te! rminan confrontando a la población. La minería se ha convertido en el sector de mayor exportación en el país, con un ingreso de alrededor de 3.500 millones de dólares anuales, representando el 47% de las exportaciones del Perú. Sin embargo, la minería contribuye solo con el 4% al PBI nacional al ser su aporte en impuestos el 5% y el 95% de los demás sectores económicos. En cuanto al canon minero, este representa el 0.7% del valor de las exportaciones, calculado al 20% del impuesto a la renta; pero aquellas empresas que firmaron acuerdos de estabilidad tributaria, y doble depreciación de los activos, no pagan el canon. Por ello, los montos que reciben los gobiernos locales son cantidades ínfimas comparadas con los niveles de explotación minera. La exportación minera sirve, entonces, solo para atraer dólares frescos, que sirven a su vez para solventar las cada vez mayores importaciones. De hecho, la minería no contribuye a la generación del empleo, ni al consumo de productos nacionales. Pasivos ambientales de la minería con el agua y el ambiente La actividad Minera en el Perú tiene enormes pasivos ambientales y sociales, a pesar de la existencia de normas de protección ambiental y social con las que se cuenta. Cientos de cuencas hidrográficas, lagos, lagunas y ciudades están contaminadas. Existen numerosos conflictos entre las comunidades y las empresas por el control y acceso a los recursos, como la tierra y el agua. Con la aplicación por cinco años (1997 al 2002) de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) las empresas mineras pretendieron poner fin a estos conflictos, sin embargo, no se han obtenido resultados satisfactorios hasta la fecha. En el sector minero, el uso total de agua es de 207'000.000 metros cúbicos por día para las 257 plantas (de las cuales 164 se ubican en la vertiente del Pacifico) que procesan 120'111.959 toneladas métricas de material por día. El índice de mayor afectación por las descargas de relaves está en las cuencas de los ríos Mantaro, Acari, Locumba, Cañeta y Moche. En el caso del Mantaro, el consumo de estas aguas ha provocado miles de muertes de animales y la perdida del suelo de cultivo, causando daños a la precaria economía de las comunidades. Este río actualmente solo sirve como colector de desagües de 21 plantas concentradoras que arrojan 45 millones de metros cúbicos de relaves mineros al año, dando como resultado uno de los ríos más contaminados del Perú. Otro ejemplo es el de la Reserva Nacional del Chinchaycocha, en donde la contaminación ha conllevado la desaparición de flora y fauna y ha puesto en peligro de extinción a la especie endémica " El Zambullidor de Junin" y otras especies de aves que anidan en el lago. La pobreza y los problemas sociales Las enormes expectativas que genera en los territorios de las comunidades y pueblos la llegada de la minería, están cifradas básicamente en el supuesto mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes, por ello muchos no dudan en respaldarla y entregar sus tierras, pero al poco tiempo son ellas mismas las que muestran su desaliento y rechazo por efectos dañinos que la actividad, otrora esperanzadora, les ocasiona. Sus tierras se ven rápidamente afectadas por la contaminación, el despojo por parte de las empresas mineras y el conflicto por el acceso al agua. También la falta del empleo prometido, la adquisición de insumos y productos fuera de la localidad y la elevación del costo de vida, no contribuyen al desarrollo de la zona minera. La mayoría de los pueblos y regiones con actividad minera se han empobrecido. Annete Salis, en su investigación, afirma que "en la mayoría de los casos, la población rural, creciente y empobrecida, sobre explota los recursos naturales como una estrategia de supervivencia de corto plazo [...] la pobreza se presenta mas allá de las áreas ambientalmente criticas, mientras que los daños ambientales de mayor envergadura son producto no de la pobreza sino de ciertas lógicas (dentro del modelo primario exportador en boga) de explotación del medio, considerado como un bien de acceso libre". Por ello, basta citar a Cajamarca en donde se encuentra la Minera Yanacocha. Antes de su llegada, la región ocupaba el cuarto lugar de pobreza, a 12 años de Yanacocha, es el segundo más pobre del país, según sus propias cifras del Estado (FONCODES). En cuanto a los problemas sociales que la minería trae consigo, podríamos citar que tras de ella vienen los bares, las cantinas, las casa de cita, la delincuencia y la prostitución, ejemplos de los males que van de la mano con las actividades mineras, impactando negativamente en la cultura de los pueblos. Este es un pasivo que no tiene precio. Impactos en la Salud Pública Toas las actividades mineras causan impactos en el medio ambiente y en la salud de los habitantes de las comunidades locales, generándose muchos pasivos ambientales. En el Perú hay decenas de casos que se podrían mencionar. Uno de ellos, es el de San Mateo de Huanchor (Lima), en donde cinco mil familias, que viven en cinco comunidades campesinas (San Mateo, San Antonio, Yuracmayo, Viso y Parac) han sido víctimas de intoxicación con arsénico, plomo y mercurio, del depósito de relaves "Mayoc" que se encuentra ubicado a poca distancia del poblado. A pesar de la decisión administrativa de paralización de las actividades mineras y la recomendación de retirar los relaves, todavía se encuentran miles de toneladas de material tóxico a pocos metros del poblado, con la consiguiente contaminación y daños a la integridad física de sus pobladores. Según el informe del Ministerio de Salud en 1999, la sangre y orina de los niños y adultos de San Mateo contenían niveles de arsénico, plomo ! y mercurio que sobrepasan los límites permisibles. Al norte del país, en Cajamarca, un grave accidente se produjo el día 2 de junio del 2000 entre las localidades de San Juan, Magdalena y el Centro Poblado Menor de San Sebastián de Choropampa. A lo largo de aproximadamente 50 kilómetros, se produjo un derrame de cerca de 11 litros (equivalente a 151 kilogramos de mercurio elemental), produciéndose una intoxicación masiva de alrededor de 1.200 campesinos, entre adultos y niños. El mercurio elemental, en su forma líquida, es un metal muy llamativo de color plateado que se fragmenta rápidamente en gotas, por lo que algunos niños lo recogieron con las manos y en diversos envases. A los siete días, se reportaron los primeros casos de posibles intoxicaciones por mercurio en el Puesto de Salud de Choropampa, con la siguiente sintomatología: dolor de cabeza, malestar del cuerpo, prurito, enrojecimiento de la piel con erupciones, etc. Al principio no pudo ser determinada específicamente la causa de estos síntomas por carecerse de l! os análisis respectivos, sin embargo, frente a una intoxicación masiva, el estado y la minera Yanacocha optaron por darle atención médica temporal a la población. Aun cuando la recomendación técnica fue una evacuación total, solo se tomaron medidas paliativas, por lo que hasta le fecha los pobladores sufren las consecuencias de este accidente, producido por las actividades de la Minera Yanacocha. Entre los accionistas de Minera Yanacocha SRL, se encuentra Newmont Mining Corporation de Denver, Colorado, Estados Unidos que tiene una participación del 51,35%, a través de su subsidiaria, la Newmont Mining Capital Corporation. Minas Buenaventura S.A. posee el 43,65% de las acciones, a través de su subsidiaria Minera Condesa, y finalmente la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial es propietaria del 5% restante. El Banco Mundial, concluye después de todas las evaluaciones, tratando de eludir su responsabilidad en el hecho, que existe una INCAPACIDAD TÉCNICA OPERATIVA PARA LIDIAR CON TODAS SUS RESPONSABILIDADES, por parte de las autoridades técnicas competentes (Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud), etc. Una muestra de esto es que de parte de los funcionarios del estado no hubo ninguna disposición para priorizar la vida de centenares de personas, por sobre los intereses económicos y políticos que las autoridades competentes mantenían con el eje del Gobierno corrupto de Fujimori, un gran aliado de las empresas mineras. A juicio de la Defensoría del Pueblo, en el caso del derrame de mercurio que afectó a las comunidades de Choropampa, Magdalena y San Juan en la Provincia de Cajamarca, también se afectó el derecho constitucional de protección a la salud de las mencionadas comunidades, ya que no se dictaron, por parte de las autoridades de los sectores Salud y Energía y Minas, las medidas preventivas y de protección adecuadas para el transporte, manipulación, rotulación, etc. de productos o sustancias tóxicas o peligrosas, como lo es el mercurio en el presente caso. De otro lado, es de notar que la citada norma constitucional, que los propios funcionarios del estado violaron, hace alusión al derecho a la protección de la salud, es decir, la garantía al resguardo de la salud que consiste en el derecho que tiene todo individuo de un Estado a requerir una respuesta sanitaria tanto en el aspecto preventivo como en el asistencial, cuando pueda hallarse en peligro o se encuentre afectada la salud de las personas. Otro caso emblemático en cuanto a impactos de la actividad minera está en la provincia del Callao (en el Departamento de Lima), en donde se calcula que 200.000 niños pobladores de los Asentamientos Humanos, que son las zonas más pobres y vulnerables de la ciudad, están contaminados con plomo en la sangre, con niveles superiores a los permitidos por las instituciones de salud nacionales e internacionales. La contaminación es provocada por la presencia de depósitos de concentrados de minerales, que se almacenan en un aproximado de 241.000 toneladas de plomo por año, así como otros metales. Esta situación que es de conocimiento público, difundida por los medios de comunicación social, referidas a las autoridades municipales y denunciadas ante los propios agentes responsables del estado peruano, no han tenido la atención necesaria, sin que hasta el momento se hayas tomado las medidas adecuadas y suficientes para prevenir, proteger o reparar el daño causado en la salud, el desar! rollo y la integridad física y psíquica de las víctimas. En cuanto a la presencia de fundiciones metalúrgicas, y los riesgos a la salud pública son alarmantes. En La Oroya, en el departamento de Junín, la contaminación por metales pesados como el plomo, el arsénico, el dióxido de azufre, entre otros compuestos es muy grave. Se sabe que el plomo daña principalmente la sangre, el sistema nervioso central, el sistema reproductivo y los riñones. El plomo es particularmente dañino para los niños, quienes absorben un porcentaje mucho mas alto que los adultos, tanto por vía digestiva como vía respiratoria, siendo más sensibles a sus efectos adversos, los cuales se pueden presentar a partir de niveles en la sangre de 10 µg/dl Innumerables estudios demuestran que la exposición al plomo, incluso a niveles bajos, puede causar disminución en la inteligencia y en el desarrollo físico, al igual que detener el desarrollo neurológico y reducir la audición. La exposición crónica al arsénico ha sido asociada con varios tipos de cáncer (de pulmón entre otros), con efectos reproductivos y gastrointestinales, enfermedades de la piel, daños en el sistema nervioso central entre otros. Por su parte, el cadmio daña los pulmones, los riñones, el hígado y el corazón, y es considerado como carcinogénico. Aunque a veces los síntomas de la exposición a metales no son agudos, por lo que no son detectados, el daño a la salud a largo plazo es severo. El dióxido de azufre o SO2 es un contaminante gaseoso que presenta graves amenazas a la salud humana. Daña el sistema respiratorio, agrava enfermedades respiratorias preexistentes (sobre todo bronquitis) y disminuye la capacidad de los pulmones para expulsar partículas extrañas como los metales pesados. Este tipo de contaminante también trae como resultado el aumento de la mortalidad, particularmente cuando existen niveles elevados de materia particulada. Los grupos más susceptibles a los efectos del SO2 son los asmáticos y las personas con enfermedades cardiovasculares. Los niños y los ancianos son también sectores muy vulnerables. Al igual que los contaminantes antes descritos, en el caso del SO2 los daños a la salud aumentan cuando es mayor el tiempo de exposición, en la medida que el daño al sistema respiratorio es acumulativo. Asimismo, el SO2 tiene impactos ambientales severos por su contribución a la formación de lluvias ácidas. La presencia de SO2 y lluvias ácidas s! on fuentes de acidificación de tierras, causante de una reducción significativa en su calidad agrícola y productiva. También implica un impacto significativo en los ecosistemas acuáticos superficiales. La situación crítica en la salud de la población infantil de La Oroya por intoxicación por plomo, se hizo evidente tras el monitoreo de plomo en sangre, realizado en 346 niños de tres zonas de la ciudad de La Oroya Según la doctora Anna Cederstav, en aquel momento, solo por efecto del plomo, "el 18.3% de los niños debieron ser remitidos urgentemente a un hospital para atención médica [...] Por su parte un 67% de los niños debieron ser sometidos a evaluación médica y seguimiento [...] dos niños tenían niveles tan altos (mayores que 70 µg/dl) que requerían el tratamiento de quelación de manera inmediata" Son estos los casos más emblemáticos que se aprecian en la salud de las personas, producidos por la actividad minera, casos que desencadenaron una denuncia al Estado peruano en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). La autoridad encargada de la fiscalización y el cumplimiento de estos programas es el Ministerio de Energía y Minas. Este órgano ha incurrido en violación de sus propias normas al no exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas mineras, facilitando la ampliación del período de ejecución de los PAMA con la dación de una nueva norma: el PEMA (Programa Especial de Manejo Ambiental). Muchas empresas que no habían cumplido con la ejecución del PAMA pueden acogerse al PEMA y fijarse un nuevo período para adecuar sus emisiones a niveles máximos permisibles en el sector minero nacional Vulneraciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte del Estado peruano En cuanto a los pasivos ambientales y sociales de las actividades mineras, el Estado del Perú ha violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los artículos que consagran los Derechos Humanos de las personas pertenecientes a las comunidades campesinas y pobladores de las zonas donde se realizan actividades mineras, siendo los siguientes: Art. 4.1. Derecho a la vida. Art. 5.1. Derecho a la integridad física, psíquica y moral. Art.11.1 Reconocimiento de su dignidad. Art.16.1 y 16.2. Libertad de asociación. Art.17.1. Protección a la familia Art.19. Derecho del niño Art. 21.1 y 22.2. Derecho a la propiedad. Art. 22.1, 22.3 y 22.4. Derecho de circulación y residencia. Art.23. Derechos Políticos. "Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Art. 24. Igualdad ante la Ley y no-discriminación. Art. 25. Protección Judicial. Art.26. Derechos económicos, sociales y culturales. (Trabajo, identidad cultural, desarrollo, libre determinación, salud, ambiente adecuado, a la paz, vida digna, entre otros). Los Derechos Humanos, en su concepción actual, constituyen una conquista de los hombres, mujeres y niños, perteneciente a la globalizada y moderna civilización, habiéndose convertido en una constante demanda de exigibilidad a los estados democráticos, por parte de sus ciudadanos. De allí que, estos derechos y sus mecanismos de protección se han desarrollado a lo largo de la historia, como pretendida respuesta efectiva, para la convivencia no violenta y democrática de la sociedad. Los conceptos sobre cada uno de los Derechos Humanos, han tenido una variación en el tiempo, conforme se han desarrollado las relaciones entre los individuos y el Estado, inclinándose por su expansión interpretativa y no por su limitación doctrinal, teniendo como sustento ético-político de ello, la idea de dignidad del ser humano, su indemnidad como tal y la finalidad social del propio individuo. Actualmente, tanto en los ambientes académicos de los Derechos Humanos, como en los espacios nacionales e internacionales de protección de éstos, no se concibe, la separación o división de todos los derechos, sino que se entienden, sobre la base de su integralidad, universalidad e interdependencia. Un Derecho Humano consagrado en algún instrumento nacional o internacional, no puede ser tratado separado o independientemente de los otros derechos contemplados en la norma nacional o internacional. Si no que debe ser visto de manera integral, como un solo compacto de derechos del sujeto o sujetos de protección. En cuanto al sujeto protector, esto es el Estado, los Derechos Humanos, constituyen un complejo y variado sistema de obligaciones a las que irremediablemente debe promover, garantizar, prever y cumplir. Este enfoque de integralidad, no sólo ha determinado una nueva conceptualización de los Derechos Humanos, sino que, además, permite el acceso de los individuos o colectividades a los Tribunales o Mecanismos Internacionales de Protección de estos, independientemente de cómo están positivizados o divididos en los diversos Tratados, Pactos o Convenciones. Las actividades mineras en el Perú, sea llevadas a cabo por el estado, tanto por las empresas privadas, nacionales o extranjeras, han violado sistemáticamente todos y cada uno de los derechos mencionados anteriormente, siendo responsables no solamente de unos pasivos ambientales y sociales, sino de delitos penales que no pueden quedar en la impunidad. Propuestas · El Estado y las empresas deben asumir los pasivos ambientales y sociales en el desarrollo de sus actividades mineras. · Es urgente la promulgación de una Ley que cree el "Seguro Ambiental" para cubrir desastres, accidentes y pasivos ambientales producidos por las empresas mineras. · Se debe exigir el cumplimiento de los PAMA en los plazos establecidos a los que se comprometieron las empresas mineras. · Es urgente una evaluación de la salud pública de la población en áreas de influencia de la actividad minera. · Se deben implementar los programas de control y mitigación inmediata de la contaminación proveniente de las actividades mineras metalúrgicas, siderúrgicas, fundiciones, etc. · Se debe incorporar el derecho a participar en el monitoreo y vigilancia del ambiente y el desarrollo de las actividades mineras. · Debe haber un reconocimiento de los Comités de Vigilancia Ambiental Comunitaria como sociedad civil fiscalizadora de la actividad minera. · El acceso a la información, participación ciudadana y consulta desde la fase de exploración, estudio de impacto ambiental, explotación y cierre debe ser indispensable. · La realización de estudios de impactos sociales y económicos de los proyectos mineros. · Se debe asumir un rol preventivo no otorgando concesiones en áreas naturales protegidas y sensibles a los impactos de la actividad minera, como las cabeceras de las cuencas hidrográficas. · El Ministerio de Energía y Minas debe ser un regulador de la política minera y fiscalizador del cumplimiento de las normas ambientales para el desarrollo de la actividad minera, mientras que las comunidades (sociedad civil) deberán realizar un rol de vigilancia ambiental y social al sector minero y al Estado. · El Banco Mundial no debe financiar proyectos mineros, sino otros que generen empleo y diversificación de la economía como son: la agricultura, la agroindustria, el ecoturismo. *Cristiano Morsolin, periodista italiano operador de redes internacionales. Fundador del Observatorio Independiente sobre Región Andina SELVAS, www.selvas.org Después varias experiencias en Italia, Ecuador, Brasil, trabaja en Lima en la cooperación internacional y colabora con Ivonne Yánez - coordinadora por Sudamérica de la red mundial OILWATCH (www.oilwatch.org ). **Miguel Palacin Quispe, Presidente CONACAMI, Tel. (0051.1) 4705854- 2653860 E-mail: comunidades@telefonica.net.pe Pagina web: www.conacami.org Fuente: CRISTIANO MORSOLIN. OBSERVATORIO INDEPENDIENTE SOBRE REGION ANDINA SELVAS Enlace: www.selvas.org enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias MUNDO MUNDO Iraq-EEUU: Torturas, todos los caminos conducen a Feith Pueden pasar meses antes de que se determinen responsabilidades por el maltrato de prisioneros iraquíes a manos de soldados estadounidenses, pero no sorprendería que se descubriera que el subsecretario de Defensa para Políticas de Estados Unidos, Douglas Feith, tuvo un papel importante. Feith, que responde directamente al secretario (ministro) de Defensa Donald Rumsfeld y a su segundo, Paul Wolfowitz, ha estado en el centro de casi todo lo que ha salido mal en Iraq. En su nuevo libro ”Plan de ataque”, el periodista Bob Woodward cuenta que el general Tommy Franks, comandante de la invasión a Iraq el año pasado, llamó a Feith ”el tipo más estúpido sobre la faz de la Tierra”. La hoy disuelta Oficina de Planes Especiales, creada por él, apeló a informes frecuentemente aportados por el iraquí favorito de los neoconservadores, Ahmed Chalabi, para preparar alarmistas informes de inteligencia que reforzaron los argumentos a favor de la invasión a Iraq. Esos datos luego llegaban a la Casa Blanca a través de Rumsfeld o del vicepresidente Dick Cheney, sin pasar por organismos de espionaje establecidos como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o las agencias militares. Fue con esos informes a la vista que el presidente George W. Bush aseguró que el régimen del hoy depuesto presidente iraquí Saddam Hussein poseía un programa de armas nucleares, biológicas y químicas, y que estaba vinculado con la red terrorista Al Qaeda, de Osama bin Laden. Feith fue también encargado de la planificación de la posguerra en Iraq, y en ese carácter rechazó toda previsión de resistencias en el país árabe, como aseguraban tras meses de trabajo iraquíes exiliados y expertos en Medio Oriente del Departamento de Estado (cancillería) y de la CIA. Además, impidió que expertos del Departamento de Estado participaran de cualquier modo en la Autoridad Provisional de la Coalición, principal órgano civil de la ocupación estadounidense en Iraq. Por último, fue Feith quien recomendó, junto con la Autoridad Provisional, grandes contratos para la reconstrucción del país árabe que, en la percepción de quienes han criticado la invasión y la ocupación, tienen el lucro como principal objetivo. Entre las compañías que aprovecharon esos contratos figuran varias con empleados o asesores que han integrado la Junta de Políticas de Defensa del Pentágono, cuyos miembros son elegidos por Feith. De hecho, su ex socio en el bufete de abogados Feith & Zell, L. Marc Zell, instaló una oficina en Bagdad con un sobrino de Chalabi para ayudar a empresas interesadas en contratos para la reconstrucción de Iraq. Y fue la oficina de Feith la que albergó a quien sería el subsecretario de Inteligencia, Stephen Cambone. Cambone facilitó la transferencia del general Geoffrey Miller, comandante de la prisión de Guantánamo --donde permanecen detenidos supuestos miembros de Al Qaeda y Talibán sin juicio ni acceso a abogado--, a la infame prisión iraquí de Abu Ghraib, para extraer a los prisioneros más datos sobre la creciente insurgencia en Iraq. Tanto Cambone como Miller, que llevó de Guantánamo a Iraq tácticas de interrogación prohibidas por las convenciones de Ginebra, son objeto de las investigaciones del Congreso legislativo sobre el escándalo de las torturas a prisioneros en Abu Ghraib, plasmadas en fotografías que circularon por todo el mundo. El anuncio el martes de la Comisión de Servicios Armados del Senado, John Warner, de que pedirá el testimonio de Feith en las próximas semanas, podría arrojar luz sobre las razones por las que el secretario de Estado (canciller) Colin Powell se habría referido a la oficina de Feith como ”la Gestapo”, según Woodward. Las publicaciones Newsweek, The New York Times y Los Angeles Times afirmaron que, incluso antes de la guerra contra Iraq, altos funcionarios del Pentágono, por recomendación de abogados civiles, autorizaron una reinterpretación de las convenciones de Ginebra para permitir métodos más duros de interrogación de prisioneros de guerra. El esfuerzo de reinterpretación fue resistido por Powell y por el cuerpo de fiscales del ejército, conocido por sus siglas en inglés JAG. Ese cuerpo argumentaba que técnicas como la privación del sueño y no sólo producirían datos de inteligencia dudosos, sino que servirían como precedente a usar en contra de soldados estadounidenses que caigan eventualmente en manos enemigas. Según el semanario Newsweek, las nuevas técnicas fueron aprobadas formalmente en abril de 2003, aunque el superior inmediato de Feith, el subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz, testificó la semana pasada que no estaba al tanto de esa decisión. Scott Horton, ex miembro del JAG y presidente de la Comisión de Derechos Humanos Internacionales de la Asociación de Abogados de Nueva York, declaró a Los Angeles Times que oficiales del JAG le manifestaron su preocupación porque habían sido ”excluidos del proceso, y porque abogados civiles, no militares, estaban reescribiendo las normas”. Según Horton, los oficiales del JAG identificaron a Feith y al consejero general del Pentágono, William Haynes, como los principales impulsores de la flexibilización de las normas. Feith, entrevistado por el canal ABCNews, negó cualquier desacuerdo del JAG respecto de las prácticas autorizadas por su oficina, pero es improbable que el asunto se cierre sólo en base a sus declaraciones. De hecho, las afirmaciones de integrantes del JAG están de acuerdo con los antecedentes políticos de Feith, un protegido del ex presidente de la Junta de Políticas de Defensa del Pentágono, Richard Perle. A lo largo de su dilatada trayectoria política, Feith ha manifestado posturas de línea dura en materia de política exterior y de control de armas, al igual que Perle. En la década de 1970, se opuso a tratados internacionales contra la proliferación de misiles antibalísticos y de armas químicas y biológicas, a los que consideró ineficaces y perjudiciales para los intereses estadounidenses. Su bufete de abogados ha representado, entre otros clientes, a las firmas fabricantes de armas Lockheed-Martin y Northrop Grunman. Feith se ha destacado como defensor de los intereses y de la seguridad de Israel, y se ha opuesto, por ejemplo, a la posibilidad de que Israel ceda territorios a Palestina a cambio de paz. Este funcionario neoconservador ha sido un extravertido enemigo del diálogo de paz entre palestinos e israelíes iniciado en Oslo en 1993, e incluso del proceso de Camp David, que condujo en los años 70 a la paz entre Egipto e Israel y en el que participó el entonces primer ministro derechista israelí Menajem Beguin. Sus contactos profesionales cercanos son muy significativos. Su ex socio Zell es portavoz del movimiento de colonos judíos en Cisjordania. Feith ingresó en el gobierno en 1981 como experto en Medio Oriente del Consejo de Seguridad Nacional, durante la presidencia de Ronald Reagan. Fue despedido abruptamente al año siguiente. Pero Perle, entonces secretario de Defensa Adjunto para Seguridad Internacional, lo contrató como su segundo. En 1986, Feith dejó ese cargo para fundar el bufete Feith & Zell. Tres años más tarde, el gobierno turco lo contrató para representarlo en Washington. En ese carácter, participó en la consolidación de vínculos militares entre Turquía e Israel. La revista Commentary publicó en 1997 un extenso artículo suyo titulado ”Una estrategia para Israel”, en la que proponía dejar sin efecto los acuerdos de paz de Oslo y reocupar las áreas de Cisjordania y Gaza ya transferidas a la Autoridad Nacional Palestina. Dos años más tarde, Feith y Perle firmaron una carta abierta al entonces presidente Bill Clinton para proponerle que trabajara en conjunto con Ahmed Chalabi a fin de derrocar a Saddam Hussein. Y en 2000, participó en la elaboración de un informe que sugería a Washington estar preparado para atacar a Siria. Fuente: IPS Enlace: http://www.ipsenespanol.net enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias MUNDO Iraq-EEUU: Adios, Chalabi Parece que fue ayer cuando el iraquí Ahmed Chalabi ocupó el codiciado asiento junto a Laura Bush en el Congreso estadounidense, cuando el presidente George W. Bush pronunció su discurso anual del Estado de la Unión. Ocurrió en enero. El integrante del Consejo de Gobierno Iraquí era el futuro líder democrático del país árabe, si no su George Washington, según consideraban entonces figuras como el vicepresidente Dick Cheney y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld. De hecho, Chalabi puede enorgullecerse de ser el iraquí que más hizo por convencer al gobierno de Bush de que desalojara del poder al presidente Saddam Hussein, hoy prisionero de Estados Unidos en Bagdad. ¿Por qué, cinco meses más tarde, agentes y soldados estadounidenses y policías iraquíes irrumpieron en su habitación en Bagdad este jueves de mañana, registraron su residencia y sus oficinas, se incautaron de archivos y computadoras y detuvieron a colaboradores suyos? En una conferencia de prensa poco después, Chalabi acusó a la Autoridad Provisional de la Coalición encabezada por Estados Unidos de atacarlo por razones políticas. El banquero iraquí atribuyó la novedosa animadversión de Washington hacia su persona a su abierta oposición a las gestiones del enviado especial de la ONU, Lakhdar Brahimi, para designar un gobierno que asumiría la soberanía formal del país el 1 de julio. ”Pido políticas que podrían liberar al pueblo iraquí y darle la plena soberanía ahora, y lo hago de un modo que a ellos no les gusta”, dijo Chalabi, en referencia a la Autoridad Provisional de la Coalición, pero muy cuidadoso en reiterar su gratitud a Bush por liberar Iraq del régimen de Saddam Hussein. Mientras, en Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher, negó que hubiera razones políticas detrás de la incursión en la residencia y las oficinas de Chalabi. ”Hubo, claramente, razones legales e investigativas para el acontecimiento de hoy, no políticas”, sostuvo, y aseguró que la requisa fue ordenada por un juez iraquí y realizada por la policía iraquí. Cualesquiera sean las razones --y muchas podrían ser relevantes-- hay pocas dudas de que la caída de Chalabi confirma que la batalla de dos años por el control de la política estadounidense en Iraq se está inclinando en favor de la facción ”realista” del gobierno. Este sector se concentra en el Departamento de Estado y en la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que consideran hace mucho tiempo a Chalabi un oportunista y un maleante. Esta posición parece plenamente compartida por Robert Blackwill, funcionario del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense que encabeza el Grupo de Estabilización de Iraq creado en octubre, cuando quedó claro que la ocupación del país árabe resultaba muy problemática. Desde entonces, Blackwill, quien trabajó durante varios meses en estrecho contacto con Brahimi, ha intentado con éxito reducir la influencia del Departamento de Defensa (Pentágono) en Iraq. Los hechos de este jueves también dejan en evidencia la pérdida de credibilidad del ala neoconservadora del gobierno, al menos en lo que respecta a Iraq. Eso incluye al subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz, el subsecretario de Defensa para Asuntos Políticos Douglas Faith, el jefe del equipo de Cheney, I. Lewis Libby, y el ex presidente de los asesores civiles del Pentágono, Richard Perle. El registro de la vivienda y las oficinas de Chalabi se produjo pocos días después de que el Pentágono anunciara el corte de 335.000 en aportes mensuales al partido político de Chalabi, el Congreso Nacional Iraquí (INC). La decisión fue criticada por Perle, quien sostuvo el lunes que el INC y ”Chalabi en particular son la mejor esperanza para Iraq”. Chalabi, un banquero radicado en Londres durante el régimen de Saddam Hussein, se dio a conocer al fundar el INC poco después de la guerra del Golfo en 1991, en lo que fue el primer intento de reunir organizaciones opositoras. Los detractores de Chalabi, sobre todo en el Departamento de Estado y la CIA, que trabajaron estrechamente con él en los años 90 para orquestar un golpe contra Saddam Hussein, lo consideran poco confiable. Muchos destacados iraquíes se alejaron del INC en la última década a raíz de su autoritarismo, señalaron. Chalabi y sus seguidores del INC son ”esos tipos de Londres con trajes de seda y relojes Rolex”, señaló despectivamente el ex jefe del Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, general retirado Anthony Zinni, quien ha asesorado al secretario de Estado Colin Powell sobre Medio Oriente. Chalabi, quien huyó de Jordania tras ser procesado por fraude bancario en 1989, no previó el alcance ni la magnitud de la resistencia a la invasión estadounidense de Iraq. Muy por el contrario, el líder del INC aseguraba contar con miles de simpatizantes en puestos claves del gobierno de Saddam Hussein, listos para rebelarse una vez que aparecieran los invasores estadounidenses. De hecho, los principales partidarios de Chalabi en Washington también aseguraban que los soldados de Estados Unidos serían recibidos con ”flores y dulces” por la población iraquí. Además, acusaban al Departamento de Estado y a otros organismos de representar los intereses de gobiernos sunitas de Medio Oriente, como Arabia Saudita. Chalabi es un musulmán chiíta, como entre 60 y 65 por ciento de la población iraquí. La mayoría de los funcionarios del régimen de Saddam Hussein eran musulmanes sunitas, incluido el propio presidente depuesto. Riyad temía que la presencia de Chalabi al frente del gobierno de Iraq generara inestabilidad en la minoría chiita saudita, según analistas del neoconservador American Enterprise Institute, que tiene a Perle entre sus investigadores. Pero un estudio de la CIA concluía antes de la invasión que ”una cantidad abrumadora” de iraquíes desconfían de Chalabi y del INC. En los últimos meses se han acumulado informes sobre malas prácticas por parte de Chalabi, entre ellas nepotismo, sobornos, corrupción e incluso chantaje. Pese a la popularidad extremadamente baja de Chalabi en encuestas, su posición en el Consejo de Gobierno Iraquí, su influencia sobre ministerios claves y su control de datos de inteligencia del anterior régimen encabezado por Saddam Hussein le dieron un poder formidable y la posibilidad de no depender completamente de Washington. En todo caso, para que la relación con él pasara a ser insostenible desde el punto de vista de la Casa Blanca parecen haber incidido una serie de filtraciones, entre ellas la de que personas vinculadas con el INC fueron la fuente gran parte de los datos falsos en que se apoyó Washington para sostener que Bagdad poseía armas de destrucción masiva. Para peor, Chalabi alardeó de eso al afirmar: ”Somos héroes en el error (...). Desde nuestro punto de vista, hemos tenido total éxito”. Además, la Oficina General de Rendición de Cuentas, un organismo del Congreso estadounidense que funciona de manera autónoma, investiga si parte de los 18 millones de dólares entregados por Washington al INC desde 1998 fueron usados ilegalmente para abogar por una invasión. Por otra parte, y quizás esto fuera lo más grave para Washington, interceptaciones de comunicaciones electrónicas por parte de agencias de inteligencia estadounidenses revelaban que Chalabi cortejaba al gobierno iraní, quizá con demasiado fervor para el gusto de la Casa Blanca. Al parecer, incluso le brindó información ”delicada” sobre operaciones de seguridad de Estados Unidos en Iraq, que según una fuente citada por la revista estadounidense Newsweek pudo ”haber causado la muerte de personas”. Al mismo tiempo, Chalabi había lanzado una campaña de críticas contra la incorporación a las fuerzas de seguridad de ex integrantes del partido Baath, de Saddam Hussein, decidida por el principal funcionari