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Boletín Los Verdes de Andalucía |
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Mostrando mensaje 556
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| Asunto: | infoverdes 21 de abril de 2004 | | Fecha: | Miercoles, 21 de Abril, 2004 18:09:08 (+0200) |
losverdesdeandalucia. Los Verdes de Andalucía
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21 de abril de 2004
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http://listas.losverdesdeandalucia.org/lista/e-boletin
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EDITA LOS VERDES DE ANDALUCÍA
info@losverdesdeandalucia.org / http://www.losverdesdeandalucia.org
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ANDALUCÍA
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Ecologistas en Acción pide una gestión racional y sostenible de los recursos
hídricos andaluces (leer más)
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ESPAÑA
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SOS Racismo alerta del riesgo de aumento de la "islamofobia" tras la matanza
en Madrid. En su informe anual, la organización denuncia la "alarmante"
vulneración de los derechos y libertades en España durante 2003 (leer más)
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Canalización Llubí-Crestaxt: Los Verdes europeos consideran que el Gobern de
las Islas Baleares ha utilizado ilegalmente los fondos comunitarios (leer más)
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En el Día de la Tierra. Ecologistas en Accion critica la politica ambiental
del Banco Mundial (leer más)
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La Guardia Civil desaloja a los activistas de Greenpeace tras 12 horas de
protesta. La organización denuncia la falta de voluntad de Moyresa para eliminar
los transgénicos (leer más)
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22 activistas de Greenpeace a juicio por oponerse a los transgénicos en
Cartagena. Mañana Día de la Tierra (leer más)
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EUROPA
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La Unión Europea abre otra vez el camino en la lucha contra los gases de
efecto invernadero (leer más)
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Nunca Máis tal gestión de la crisis del Prestige. El Parlamento Europeo vota
el informe de la comisión temporal del "Prestige" (leer más)
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Informe Prestige del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo cuestiona el
actual regimen de responsabilidad del transporte marítimo (leer más)
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LATINOAMÉRICA
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Colombia-EEUU: Un trago amargo de Coca Cola (leer más)
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MUNDO
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La República Dominicana también retira sus tropas de Irak (leer más)
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Guantanamo: El agujero negro de los derechos humanos (leer más)
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EE UU se queda solo defendiendo en la ONU la pena de muerte para niños. 52
países aprueban una resolución que insta a abolir las ejecuciones de menores de
18 años (leer más)
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Iraq-Estados Unidos: El fiasco petrolero (leer más)
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
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La economía 'insostenible' legada por Aznar, por Roberto Bermejo (leer más)
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Aznar, contra los intereses de España, por Pablo Sebastián (leer más)
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Oriente Medio: El fin de la lógica política y el triunfo del caos, por Gema
Martín Muñoz (leer más)
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ANDALUCÍA
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ANDALUCÍAEcologistas en Acción pide una gestión racional y sostenible de
los recursos hídricos andaluces
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Cuando no llueve Andalucía drásticas restricciones y cuando lo hace sufre
graves inundaciones. Éste es, según Ecologistas en Acción, una muestra del
fracaso de la política hidráulica en esta comunidad que dispone de más de 5.000
hm3 de agua al año, más que suficientes para garantizar los abastecimientos y el
buen funcionamiento de los ecosistemas acuáticos.
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El tópico de la Andalucía seca y sedienta, con escasos recursos hídricos es
totalmente falso. Cada andaluz dispone de más de 800.000 litros al año, muy
superior a los de la mayor parte de los países comunitarios.
Ante esta situación, los ecologistas afirman que mientras que no se garantice un
nivel de gestión racional y sostenible del recurso agua cualquier solución
–incluida la de los embalses y trasvases- no será tal, pues los déficits de agua
se vuelven a reproducir ante la mala gestión existente y la demanda galopante y
descontrolada de agua.
Además, aumentar la oferta de recursos hídricos sin domeñar la demanda, genera
unas expectativas de incremento en los consumos claramente insostenibles y en
muchos casos ilegales.
"La escasez de agua en Andalucía es una escasez provocada por la mala gestión y
el crecimiento desmesurado e incontrolado de los regadíos y, más recientemente,
de grandes urbanizaciones y campos de golf", según afirma Ecologistas en
Acción.
Los ecologistas entienden que ha llegado el momento de hacer un cambio drástico
en el rumbo de la política hidráulica. En Andalucía no hacen falta más embalses
ni trasvases sino promover una Nueva Cultura del Agua que lleve el agua aquellos
sectores social y ambientalmente sostenibles, disminuyendo las hectáreas de
regadío eliminando los regadíos ilegales y los no rentables económica, social y
ambientalmente, mejorando la eficiencia del uso del agua, depurando y
reutilizando las aguas residuales, restaurando los ríos y demás ecosistemas
acuáticos, reforestando las cuencas fluviales, gestionando racionalmente los
acuíferos...
Ecologistas en Acción propone la reelaboración del Plan Hidrológico Nacional que
entienda el agua como un recurso vital y estratégico para el sostenimiento del la
vida en el planeta y no como un mero recurso económico, interviniendo en su
gestión todas las administraciones y todos los sectores sociales implicados.
SOBRE EL PHN
Ecologistas en Acción valora positivamente el cambio acaecido en el Ministerio
de Medio Ambiente y espera de sus nuevos responsables -la ministra Cristina
Narbona y el director general de Aguas Juan López Martos- que apoyen este cambio
histórico.
Entre las primeras medidas de este Ministerio esperan que se contemple la
paralización de las grandes obras hidráulicas -estén empezadas o no- y la
derogación del PHN, para que pueda desarrollarse el prometido debate público
donde se consensúe un nuevo Plan Hidrológico que evite los graves impactos
ambientales y los conflictos sociales que han traído las políticas promovidas por
el gobierno del PP.
A la ya anunciada paralización del trasvase del Ebro, hay que unir la
paralización de proyectos de embalses en Andalucía tan innecesarios como
impactantes sobre el medio ambiente como son Breña II, Melonares o Cerro Blanco,
y de obras tan incomprensibles como el túnel de desecación de la laguna de La
Janda. También deben ser sometidas a revisión concesiones de agua al margen de la
legalidad y de los planes hidrológicos de cuenca, como es la realizada por la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a Iberdrola para la central térmica
de Arcos (Cádiz), nada menos que 6 millones de metros cúbicos al año.....
"La situación a las que nos ha llevado la política de aguas que ha prevalecido
en nuestro país, ha llegado al colapso. Más consumo, más recursos, más
despilfarro; estos han sido los objetivos de una política hidráulica basada en el
falso concepto de que el agua es un recurso ilimitado y que los ríos y acuíferos
son meros depósitos de agua. La política hidráulica en nuestro país no puede
seguir basándose en el aumento constante de la regulación de los ríos, por medio
de la construcción de embalses y trasvases; la gestión tiene que pasar a primer
plano para acabar con el despilfarro de los recursos hídricos".
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Fuente: ZONA VERDE
Enlace: http://www.andalucia24horas.com/ZonaVerde
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ESPAÑA
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ESPAÑASOS Racismo alerta del riesgo de aumento de la "islamofobia" tras la
matanza en Madrid. En su informe anual, la organización denuncia la "alarmante"
vulneración de los derechos y libertades en España durante 2003
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SOS Racismo ha denunciado hoy la "alarmante" vulneración de los derechos y
libertades en España durante 2003 y ha reclamado al nuevo Gobierno que reforme la
Ley de Extranjería y otras normas "discriminatorias" que, a su juicio, han
propiciado que la cifra de extranjeros en situación irregular llegue al millón de
personas. Tras los atentados del 11-M, esta organización considera urgente que se
luche contra el riesgo de aumento de la "islamofobia", no se relacione
inmigración con terrorismo y se sustituya la expresión "terrorismo islámico" por
la de "terrorismo fundamentalista".
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En su informe anual, presentado hoy en conferencia de prensa, esta ONG asegura
que hasta el año pasado nunca se había observado "una manifestación tan grave del
racismo en todas sus dimensiones", pues mientras que antes se registraba una
aplicación discriminatoria de las leyes, en el 2003 "se aprobaron directamente
normas discriminatorias y aumentó un discurso político discriminatorio".
La coordinadora del informe, Isabel Martínez Luna, ha destacado que normas como
la Ley de Extranjería o la reforma del Código Penal "han forzado" a los
inmigrantes a entrar de forma irregular en el país y a ponerse en manos de las
mafias sin ofrecer luego vías de regularización, lo que ha generado "un colectivo
de mano de obra barata, dócil y desprovista de derechos". Que haya un millón de
personas en esa situación es para esta organización "una vergüenza" que no se
resolverá con un reglamento de la actual Ley de Extranjería, sino con una reforma
de la norma que restablezca derechos fundamentales e impida, por ejemplo, el
acceso de la policía al padrón municipal y que las compañías de transporte actúen
como "policía de aduanas".
Aumento de la impunidad de las conductas racistas
SOS Racismo reclama que se regularice a toda persona que demuestre que está
trabajando sin que tengan que volver a su país para obtener el visado y que se
suspendan las órdenes de expulsión no ejecutadas. Para esta ONG, las elecciones
autonómicas y locales estuvieron marcadas por el uso electoralista de la
inmigración, que se vinculó en el discurso político a la delincuencia y que se
tradujo en "un aumento de la impunidad de las conductas racistas".
Según SOS Racismo, el marco de "impunidad" creado durante el año pasado se
traduce también en discriminaciones y agresiones por parte de cuerpos de
seguridad privados y del Estado y un ejemplo especialmente grave vuelve a ser la
localidad almeriense de El Ejido, donde constata la "institucionalización de la
xenofobia".
Entre los problemas analizados en el informe vuelve a aparecer la situación del
pueblo gitano, que sufre lo que se denomina "racismo por omisión", y que necesita
una política integral que acabe con su discriminación en cuestiones como la
vivienda.
El informe dedica un apartado a denunciar la mayor organización de los grupos
neonazis y de extrema derecha, contra los que se reclaman medidas urgentes y, de
manera específica, su combate en el mundo del fútbol.
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Fuente: ELPAIS.ES
Enlace: http://www.elpais.es
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ESPAÑACanalización Llubí-Crestaxt: Los Verdes europeos consideran que el
Gobern de las Islas Baleares ha utilizado ilegalmente los fondos comunitarios
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A través de una pregunta parlamentaria de Giorgio Celli, eurodiputado verde
italiano, Los Verdes en el Parlamento Europeo se han dirigido hoy a la Comisión
europea para denunciar la utilización incorrecta de fondos comunitarios por parte
del Gobern en la construcción de la canalización Llubí-Crestatx. La Comisión
había aprobado en 2002 una cofinanciación a través del Fondo de Cohesion de este
proyecto, presentado por el anterior Gobern balear de izquierda. La condición a
cumplir era que permitiese la infiltración de excedentes superficiales de agua en
el estratégico acuífero de Crestatx, y así recuperar niveles piezométricos y
actuar como reserva para los períodos más secos.
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ESTRASBURGO |
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El Gobern del Partido Popular ha paralizado la construcción del tramo norte de
dicha Arteria Transversal - que a lo largo de 90 km habría tenido que recorrer el
pie de la sierra de Tramuntana recogiendo aguas de diversas procedencias y
regulando varios acuíferos para así atender distintas demandas - y ha aprobado
una modificación que desnaturaliza los objetivos del proyecto original
Llubí-Crestatx (Sa Pobla) cofinanciado por la Unión Europea.
Esta modificación, por una parte, realiza un cambio en el trazado, y en lugar de
conectar Llubí con el acuífero de Crestatx conecta con otro lugar sin ningún
sentido. Si antes el proyecto trataba de fomentar una gestión sostenible de los
acuíferos, ahora se propone justificar la construcción de una nueva desaladora,
sin regular y racionalizar la utilización de los acuíferos sobreexplotados, y
todo eso con el fin de satisfacer las demandas del creciente turismo de masas.
La denuncia ha sido preparada ante la petición de la diputada de Els Verds
Margalida Rosselló Pons.
"Nos consta que estas modificaciones fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno
de las Islas Baleares, y ya se están realizando las obras, sin contar con
suficiente justificación técnica sobre el nuevo trazado y los nuevos objetivos,
ni haber informado a la Comisión Europea. Es por ello por lo que solicitamos a
Bruselas un pronunciamiento. Al no haberse informado como suponemos a la Comisión
de una modificación de la infraestructura que cambia radicalmente los objetivos
del proyecto, consideramos que el Gobern está incumpliendo con los compromisos
adquiridos.
"Por todo ello, pedimos a la Comisión, en caso de confirmarse la falta de
notificación a Bruselas de esta modificación por el Gobern, que paralice o pida
la devolución de los fondos comunitarios destinados al proyecto original". -
declara Gianluca Solera, Coordinador para España de Los Verdes en el Parlamento
Europeo.
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Fuente: COMUNICADO VERDES/ALE
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ESPAÑAEn el Día de la Tierra. Ecologistas en Accion critica la politica
ambiental del Banco Mundial
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Este año el Día de la Tierra, 22 de abril, coincide con el 60
aniversario de la creación del Banco Mundial. Este organismo sigue
siendo duramente criticado por su política social y ambiental. En
concreto Ecologistas en Acción denuncia que los proyectos para reducir
emisiones a cambio de créditos de carbono no ofrecen garantías y en
muchos casos crean nuevos problemas ambientales.
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El problema del cambio climático tiene relación con muchos aspectos de
las políticas económicas, y uno de los más notables es el de la
necesaria financiación de medidas de reducción de emisiones y de
adaptación a los impactos que golpearán sobre todo a los países pobres.
La Convención Marco de Cambio Climático y el Protocolo de Kioto
establecen la obligación de las naciones desarrolladas y causantes del
actual cambio climático, de aportar dinero a los países menos
desarrollados. Pero estos aspectos de los acuerdos climáticos son
habitualmente ignorados, retrasados o reinterpretados adecuadamente.
Donde los países no industrializados esperan ver algún dinero es en la
puesta en marcha de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de
Kioto, concretamente en el Mecanisno de desarrollo Limpio, la Ejecución
Conjunta, y también en el fomento de sumideros. Todos ellos significan
proyectos pagados por estados ricos y muy emisores de CO2 que se ponen
en marcha en países en desarrollo y permiten a los primeros atribuirse
reducciones de emisiones. El Banco Mundial es el intermediario, está
estimulando un mercado de inversores públicos y privados a la búsqueda
de proyectos de reducción de emisiones. Su "Prototype Carbon Fund" ya
tiene fondos de seis gobiernos y 17 compañías (incluyendo compañías
energéticas y petroleras europeas y de Japón) por valor de 180 millones
de dólares. En Noviembre pasado abrió su fondo para sumideros, el
BioCarbon Fund, que busca vender reducciones de emisiones atribuibles a
bosques, gestión de pastos y tierras agrícolas etc.
El problema que se plantea es doble: los más generadores de CO2 no
disminuyen su tasa de emisión, aunque les compute a efectos de cumplir
Kioto, y no hay suficientes garantías en la elección de los proyectos
según criterios ambientales y sociales. En primer lugar hay que asegurar
que sin la intervención del Banco el proyecto no podría llevarse a cabo,
y que va a significar una reducción de emisiones respecto a no
realizarlo. Si no se cumplen ambas condiciones el resultado es, en
cierto modo, una estafa a los objetivos del Protocolo de Kioto.
Es el caso de la fundición de Plantar en Brasil, donde se quiere evitar
con 5,3 millones de dólares el cambio de carbón vegetal a coque en la
fabricación de hierro, produciendo un ahorro de 1,25 Mt CO2. Pero ni
siquiera parece probable que ese cambio fuese a suceder, con lo que los
créditos que se obtengan por ello no responderían a una reducción real
de emisiones, y lo que es peor, se financia la extensión de plantaciones
de eucaliptos que ya han producido en la zona serios problemas de
contaminación de aguas y de condiciones de trabajo semiesclavistas.
Lamentablemente este es sólo un ejemplo entre muchos. El Gobierno
holandés ha suscrito un acuerdo con el Banco Mundial para que le
facilite inversiones en países en desarrollo en el marco del Mecanismo
de Desarrollo Limpio para descontarse 21 millones de toneladas de CO2
equivalente entre el 2002 y el 2005. Dieciocho proyectos elegidos por
dicho gobierno no se puede considerar que provean reducciones de
emisiones que no hubieran ocurrido si no hay financiación externa. Por
ejemplo, se podrá apuntar 4 millones de créditos de carbono por dos
pantanos (Esti y Bayano) que estaban ya en construcción avanzada, y se
hubiesen terminado de todos modos, como ocurre también con la planta
geotérmica de Wayan Windu, en Indonesia, que estaba al 60% de
construcción, y proporcionará 5,4 millones de créditos de carbono.
Para Ecologistas en Acción si el Banco Mundial no es más escrupuloso con
la elección de proyectos de reducción de emisiones, habrá que evitar que
participe en el negocio de los Mecanismos de flexibilidad del Protocolo
de Kioto.
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Fuente: ECOLOGISTAS EN ACCIóN
Enlace: http://www.ecologistasenaccion.org/
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ESPAÑALa Guardia Civil desaloja a los activistas de Greenpeace tras 12
horas de protesta. La organización denuncia la falta de voluntad de Moyresa para
eliminar los transgénicos
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Después de 12 horas de protesta pacífica en la planta de la empresa Moyresa,
perteneciente al grupo multinacional Bunge, efectivos de la Guardia Civil y de
Bomberos ha desalojado a los activistas de las instalaciones de la compañía.
Hasta el momento no se ha producido ninguna detención.
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Desde las siete de la mañana 50 activistas llevaban a cabo esta acción para
denunciar que esta empresa comercia con alimentos transgénicos. Una parte de los
activistas se encaramaban a unos almacenes con pancartas en las que se leían
frases como No a los alimentos transgénicos. Otro grupo se apostaba en las verjas
de entrada bajo el lema Los transgénicos destruyen el planeta y otros realizaban
la inscripción contiene soja MG en uno de los tejados de las naves, aludiendo a
la nueva legislación Europea de etiquetado que entró en vigor el pasado Domingo.
A primera hora de la tarde la dirección de la empresa remitió a los ecologistas
un borrador de negociación en el que la empresa afirmaba que decidía dedicar su
planta de Portugalete (Vizcaya) a la molturación y refino de soja o girasol libre
de OMG. Para Greenpeace esta propuesta resultaba insuficiente ya que considera
que a través de sus otras cuatro fábrica la compañía iba a seguir permitiendo que
millones de toneladas de soja transgénica siguieran entrando en España,
contaminando así la cadena alimentaria. Tras la comunicación de Greenpeace de que
la propuesta es inaceptable la compañía rompió las negociaciones y afirmó que
denunciaría a los ecologistas por ocupación de sus instalaciones.
España es el segundo importador europeo de soja con seis millones de toneladas
anuales procedentes de Argentina, EEUU y Brasil. Greenpeace estima que
aproximadamente el 66% de las importaciones españolas de soja corresponden a soja
transgénica. Moyresa acapara el 70% del mercado nacional de molturación o
molienda. Bunge, la compañía matriz de Moyresa, es el mayor molturador y
exportador de soja de Norte y Sudamérica así como el mayor procesador mundial de
cultivos oleaginosos.
Greenpeace demandaba con esta acción a la empresa Moyresa/Bunge un compromiso
por escrito de suministrar únicamente soja no transgénica y de Moyresa/Bunge
Ibérica, un compromiso público y por escrito a importar, procesar y suministrar
exclusivamente soja no transgénica en las cinco instalaciones que tiene en
territorio español, así como a través de las empresas consignatarias
habitualmente contratadas por la compañía.
"Lo ocurrido hoy demuestra que la compañía Moyresa no tiene ninguna intención de
evitar la contaminación genética. Greenpeace seguirá exigiendo a esta empresa,
así como al resto de los importadores de soja en España, que respeten el derecho
de los consumidores a elegir una alimentación sin transgénicos", ha declarado
Juan Felipe Carrasco, responsable de la campaña de transgénicos de Greenpeace.
Al mismo tiempo que ocurría esta acción en Cartagena en Brasil Greenpeace
llevaba a cabo otra en la que activistas de la organización inspeccionaban un
carguero, el Saturn, que transportaba soja contaminada genéticamente de la
multinacional norteamericana Monsanto. Es Brasil el último país exportador en
sumarse al cultivo de soja transgénica. Aunque hasta hace unos meses estaban
prohibidos los organismos modificados genéticamente, en los últimos años ha
sufrido continuas contaminaciones ilegales principalmente en el estado de Rio
Grande do Sul. Estas acciones se enmarcan dentro de un tour internacional contra
los transgénicos que la organización ecologista está llevando a cabo en
diferentes continentes; así el barco de Greenpeace MV Esperanza, que se encuentra
en Cartagena, está realizando la parte europea del tour, mientras el Artic
Sunrise y el Rainbow Warrior hacen campaña en América del Sur y Asia,
respectivamente.
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Fuente: GREENPEACE
Enlace: http://www.greenpeace.es
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ESPAÑA22 activistas de Greenpeace a juicio por oponerse a los transgénicos
en Cartagena. Mañana Día de la Tierra
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A primera hora de la tarde de hoy 22 de los 50 activistas que ayer tomaron
parte en la acción de protesta contra la empresa Moyresa, en Cartagena, han
recibido aviso del Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena citándoles mañana
para juicio de faltas seguido por coacciones. El juicio se celebrará mañana día
22 de abril, Día Mundial de la Tierra, a las 10 horas en la sala 6 de dicho
juzgado.
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Con la acción de ayer Greenpeace quería denunciar que la empresa Moyresa,
perteneciente a la multinacional Bunge, comercia con alimentos transgénicos.
España es el segundo importador europeo de soja con seis millones de toneladas
anuales procedentes de Argentina, EEUU y Brasil. Greenpeace estima que
aproximadamente el 66% de las importaciones españolas de soja corresponden a soja
transgénica. Moyresa acapara el 70% del mercado nacional de molturación o
molienda. Bunge, la compañía matriz de Moyresa, es el mayor molturador y
exportador de soja de Norte y Sudamérica así como el mayor procesador mundial de
cultivos oleaginosos.
"Mañana se celebrará en todo el mundo el Día de la Tierra y 22 activistas de
Greenpeace tendrán que enfrentarse a juicio por defender el medio ambiente. Una
vez más se buscan culpables entre los que defienden el medioambiente en vez de
entre los que atentan contra él.", ha declarado Juan López de Uralde, director
ejecutivo de Greenpeace España.
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Fuente: GREENPEACE
Enlace: http://www.greenpeace.es
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EUROPA
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EUROPALa Unión Europea abre otra vez el camino en la lucha contra los gases
de efecto invernadero
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El Parlamento Europeo ha votado hoy sobre la "directiva de vinculación" que
establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero en la Comunidad respecto a los mecanismos de flexibilidad (Mecanismo
de Desarrollo Limpio, Aplicación Conjunta, mercado de emisiones) del Protocolo de
Kioto. Alexander de Roo, (GroenLinks, Holanda), Vice-Presidente de la comisión de
medio ambiente del Parlamento Europeo y ponente del informe ha declarado tras el
voto:
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ESTRASBURGO |
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"Con la adopción de esta directiva, el Protocolo de Kioto y sus mecanismos de
flexibilidad (Aplicación Conjunta, Mecanismo de Desarrollo Limpio, mercado de
emisiones) se harán realidad en la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2005.
La directiva permitirá que créditos obtenidos a través inversiones limpias y
sostenibles en los países en desarrollo, en Rusia y en Europa Oriental puedan ser
utilizados automáticamente en el mercado de derechos de emisión de la UE. Las
empresas europeas que participarán en este mercado de emisiones podrán comprar,
vender y utilizar estos créditos."
El Protocolo de Kioto entrará en vigor cuando sea ratificado por 55 países de la
Convención que representen por lo menos el 55 % de las emisiones totales de
dióxido de carbono de los países industrializados en 1990. Hasta ahora, esta
última condición no ha sido cumplida a falta de la ratificación de Rusia.
"Para evitar que el proceso de ratificación del protocolo de Kioto fracase, la
UE ha tomado la iniciativa de crear un proceso de Kioto paralelo. Productores de
energía y otras grandes empresas que participan en el mercado de derechos de
emisión podrán a partir del año próximo obtener derechos de emisión invertiendo
en plantas eólicas en Brasil, paneles solares en Indonesia o substituyendo
plantas térmicas de carbón en China o en cualquiera de los países del antiguo
bloque soviético ."
" Las actividades de aforestación y reforestación y los derechos de emisión
resultantes de actividades nucleares están explicitamente excluidos de los
mecanismos de flexibilidad. Los Estados Miembros tendrán que respetar criterios
sociales y medioambientales estrictos si quieren invertir en proyectos
hidrológicos de producción energética.
Se mantiene el compromiso europeo de lograr una reducción doméstica de las
emisiones por lo menos del 50 % en la UE. Este compromiso será reforzado por la
posibilidad por parte de la Comisión europea de proponer medidas legislativas ad
hoc. Podemos decir que esta directiva que aprobamos hoy es más verde que el mismo
protocolo de Kioto ."
"Hay mucho interés en el mundo por el mercado de derechos de emisión de la UE.
Quince Estados de EE UU y cuatro provincias australianas quieren participar en
nuestro mercado. Canadá y Japón están elaborando sus propios mercados de derechos
de emisión . La Comisión europea estudiará la posibilidad de conectar el mercado
europeo con los que están surgiendo en el mundo. Podría ocurrir que los objetivos
de Kioto se cumplan sin que el Protocolo entre formalmente en vigor." - concluye
de Roo.
Nota editorial: El mecanismo para el desarrollo limpio (MDL) y la aplicación
conjunta (AC) fueron creados por el Protocolo de Kioto para posibilitar a los
Gobiernos cumplir con sus compromisos de reducción de las emisiones de gases de
invernadero desarrollando proyectos de reducción de estas emisiones en otros
países. Estos "mecanismos flexibles" tienen como objetivo una reducción de las
emisiones a nivel global en una forma eficaz mientras que se transfieren
tecnologías avanzadas a los países en desarrollo.
Con ciertas restricciones, la "directiva de vinculación" reconoce los créditos
obtenidos por MDL y AC como equivalentes a creditos internos a utilizar en el
interior de la UE. Esto significa que las empresas europeas podrán realizar
proyectos de reducción de los gases a efecto invernadero en el mundo y utilizar
estos créditos en el sistema de comercio de derechos de emisión de la UE.
El acuerdo aprobado hoy entre Parlamento Europeo y Consejo de Ministros aporta
los siguientes cambios a la propuesta de la Comisión:
- Se elimina la precondición de que el Protocolo de Kioto entre en vigor para
que estos mecanismos flexibles puedan desarrollarse;
- Los créditos se reconocerán a partir de 2005;
- Cualquier inclusión de créditos resultantes de proyectos domésticos tendrá que
ser decidida en un procedimiento de co-decisión con el Parlamento Europeo en la
base de una propuesta de la Comisión europea a presentar antes de 2006;
- Cualquier proyecto de producción hidroeléctrica de más de 20 MW propuesto por
los Estados Miembros de la UE deberá respetar las recomendaciones de la Comisión
Mundial sobre Presas de las Naciones Unidas;
- La Comisión analizará los proyectos hidroeléctricos aprobados de más de 500
MW y podrá prohibir la utilización de los créditos resultantes como derechos de
emisión a partir de 2006 por sus impactos sociales y medioambientales;
- Los Estados miembros podrán autorizar a los explotadores a utilizar
reducciones certificadas de emisiones (RCE) a partir de 2005 y unidades de
reducción de emisiones (URE) a partir de 2008 en el régimen comunitario. La
utilización de RCE y URE a partir de 2008 se autorizará hasta un porcentaje de la
asignación a cada instalación, que deberá ser determinado por cada Estado miembro
en su Plan Nacional de Asignación;
- Las conclusiones acordadas en la Conferencia de las Partes en Marrakesh se
extenderán para excluir la utilización de créditos derivados de actividades
nucleares hasta el 2012;
- La Comisión estudiará después de la entrada en vigor del Protocolo de Kioto la
posibilidad de conectar el mercado de derechos de emisión de la UE con mercados
regionales de otros países que no han ratificado el Protocolo.
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Fuente: COMUNICADO VERDES/ALE
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EUROPANunca Máis tal gestión de la crisis del Prestige. El Parlamento
Europeo vota el informe de la comisión temporal del "Prestige"
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El Parlamento Europeo ha aprobado hoy con el respaldo de Los Verdes/ALE el
informe final de la comisión temporal sobre seguridad marítima conocida como
comisión "del Prestige", y que fue instituída en otoño del año pasado para
investigar las causas y las consecuencias del accidente del Prestige y proponer
medidas que impidan que se repitan accidentes similares.
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BRUSELAS |
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El saliente Gobierno español del Partido Popular ha salido malparado de los
trabajos y las conclusiones de la comisión del "Prestige". El Parlamento ha
condenado firmemente la decisión de alejar el buque en lugar de enviarlo a un
puerto de refugio, así como la decisión de "criminalizar" al capitán Mangouras.
El Parlamento exige también la inmediata extracción del fuel del pecio y un
tratamiento riguroso y rápido de los residuos derivados de la marea negra. En
este sentido ha aprobado una enmienda presentada por Los Verdes/ALE y los
socialistas que pide un control estricto por parte de la Comisión Europea de la
gestión de los residuos para prevenir y detectar posibles incumplimientos de la
directiva comunitaria sobre residuos.
El Parlamento desaprueba la decisión que tomaron en su momento las autoridades
españolas de exclusión categórica de buques de riesgo de la zona de las 200
millas, dado que esta medida es jurídicamente impugnable, dificulta una
asistencia rápida y eficaz a los buques en dificultades y a sus tripulaciones y
conduce a que los buques rodeen la zona, con lo que el problema se desplaza o
incluso se aumenta.
"Los Verdes/ALE nos felicitamos también de la aprobación de su enmienda que
reconoce la persistente gravedad de la contaminación tras el accidente del
Prestige, que afecta todavía por lo menos a 300 puntos de la costa gallega y a
otras costas del Golfo de Vizcaya, incluídos numerosos enclaves de la red Natura
2000, y solicita la inmediata inclusión en la red Natura 2000 de los enclaves
propuestos situados en dicha región, así como la adopción de planes de
recuperación medioambiental para tales enclaves." - declara Marie-Anne Isler
Béguin, europarlamentaria verde francesa que contribuyó a la institución de la
comisión temporal.
"En la votación de este informe en la comisión temporal, los verdes nos habíamos
abstenido al considerar que las propuestas de medidas de reforma de la seguridad
marítima para el futuro eran débiles. En el pleno hemos logrado avances
importantes gracias a nuestras enmiendas que piden la elaboración de protocolos
comunes de prevención, actuación y reparación en caso de catástrofes; el
establecimiento de un régimen de responsabilidad ampliado a todo el entramado
societario del transporte marítimo y a las autoridades públicas responsables de
la seguridad marítima; y la mejora de las condiciones de vida, de trabajo, de
pago y de formación de los profesionales del mar. Esperamos ahora que la Comisión
Europea presente un nuevo paquete legislativo "Prestige" teniendo en
consideración estas propuestas" - añade Gérard Onésta, Vice-Presidente del
Parlamento Europeo del grupo Verdes/ALE .
El Parlamento ha aprobado también la petición de los Verdes/ALE a la Comisión
para que presente un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la relación
de las sociedades europeas del tráfico marítimo con los Estados de pabellón de
conveniencia.
La única nota discordante del voto ha sido el rechazo por cuatro votos (232/236)
de la propuesta de los Verdes/ALE de crear un organismo de protección civil a
escala europea que operaría en el territorio y en las aguas circundantes de la UE
de conformidad con un plan de emergencia preestablecido, y sería capaz de
reaccionar ante varias catástrofes de forma simultánea, contando también con el
trabajo de los voluntarios. Los Verdes/ALE consideran que la experiencia del
Prestige demuestra que es necesaria una coordinación internacional de las
acciones de limpieza que pueda compensar eventuales carencias locales en la
gestión de las crisis.
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Fuente: COMUNICADO VERDES/ALE
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EUROPAInforme Prestige del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo
cuestiona el actual regimen de responsabilidad del transporte marítimo
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La organización ecologista Greenpeace ha mostrado su satisfacción por el
informe final conocido hoy del Parlamento Europeo sobre la catástrofe del
Prestige. Para Greenpeace las enmiendas finales aprobadas mejoran sustancialmente
el texto inicial, y corrobora en gran medida las tesis que la organización ha
venido defendiendo sobre la catástrofe. Entre ellas:
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El Parlamento Europeo hace un llamamiento a la creación de un nuevo régimen de
responsabilidad en materia de transporte marítimo, que se extienda a toda la
cadena de transporte. Aunque el informe no lo especifica, Greenpeace demanda que
ese nuevo régimen sea de responsabilidad ilimitada.
El informe critica la decisión del gobierno español de alejar el buque de la
costa. Este hecho deja en evidencia tanto al gobierno español que adoptó la
decisión, como a la propia Comisión Europea que archivó una queja de Greenpeace
que denunciaba el alejamiento del buque.
Hace un llamamiento a la protección de zonas costeras, en la línea del informe
que Greenpeace presentó un año después de la catástrofe, en el que solicita el
establecimiento de una Red de Areas Marinas protegidas en las costas del
Cantábrico y Atántico.
"El informe aprobado hoy por el Parlamento Europeo es un tremendo varapalo a la
gestión de la crisis del Prestige realizada por el Gobierno español, pero va
mucho más allá: es también el reconocimeinto de que hasta ahora no se han
producido cambios legislativos que garanticen una mayor protección del medio
marino. Las recomendaciones del Parlamento deben convertirse en legislación en el
plazo más breve posble" ha declarado Juan López de Uralde, Director de Greenpeace
en España
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Fuente: GREENPEACE
Enlace: http://www.greenpeace.es
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LATINOAMÉRICA
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LATINOAMÉRICAColombia-EEUU: Un trago amargo de Coca Cola
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Coca Cola es considerada símbolo de juventud, diversidad y globalización. Pero
para activistas de Estados Unidos representa todo lo contrario: muchos se
abstienen de beberla, y acusan a la poderosa compañía que la produce de violar
los derechos humanos en Colombia.
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NUEVA YORK |
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Lenore Palladino, estudiante universitaria de 23 años que reside en Nueva York,
trata, con ardor, de incorporar a otros jóvenes a la lucha contra el mayor
símbolo de consumismo masivo del planeta.
”Como estudiantes, tenemos poder”, dice Palladino, con voz suave y confiada.
Frente a ella, un pequeño grupo de jóvenes la escuchan sentados en semicírculo
alrededor de una enorme caja de pizza.
Es un domingo de tarde en el noveno piso del Kimmel Center, el más lujoso de los
edificios de la Universidad de Nueva York.
”Queremos que las universidades rompan sus contratos con Coca Cola. No más Coca
Cola en los comedores, no más Coca Cola en máquinas expendedoras”, dijo Lenore.
Numerosos estudiantes planean en Nueva York presionar a las juntas
universitarias para que retiren sus inversiones de la multinacional poseedora de
la franquicia del refresco más popular del mundo, y para que pongan fin a todo
tipo de vínculo con la compañía.
Se trata de una campaña en la que participan estudiantes, sindicatos y
activistas de derechos humanos de Colombia y Estados Unidos.
Coca Cola es acusada de violación de derechos laborales, tortura, secuestro y
asesinato de trabajadores en plantas embotelladoras de la compañía, denuncia
pública contradictoria con la imagen de alegría, amistad y tolerancia que exhibe
la marca.
Desde los años 90, según los universitarios, Coca Cola ha contratado
paramilitares para intimidar y asesinar a sindicalistas de Colombia, país
envuelto desde hace medio siglo en un sangriento conflicto que involucra a
guerrillas izquierdistas, paramilitares derechistas, narcotraficantes y fuerzas
del gobierno.
Con frecuencia, los sindicalistas son asimilados a los guerrilleros por
paramilitares y fuerzas del gobierno.
La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
indicó que 70 dirigentes sindicales colombianos fueron asesinados en 2003. Fueron
menos que los 184 muertos en 2002. De todos modos, la CIOSL advirtió que el
gobierno de Alvaro Uribe se ha dedicado a criminalizar la protesta social.
Los activistas anti-Coca Cola advierten que la empresa de matriz estadounidense
se ha aprovechado de este ambiente para cometer abusos.
Dos abogados estadounidenses, Daniel Kovalik y Terry Collingsworth, presentaron
en 2001 en un tribunal federal en Miami una querella contra The Coca Cola
Company, con sede en la meridional ciudad de Atlanta.
La portavoz de la multinacional Lori George Billingsley calificó las acusaciones
de ”completamente falsas”. ”Por desgracia, Colombia continúa siendo un lugar
peligroso y difícil para vivir y trabajar”, sostuvo.
”La violencia afecta a muchas personas de todos los sectores, y no se limita a
los sindicalistas”, añadió Billingsley, entrevistada por correo electrónico.
LAS ACUSACIONES
El 5 de diciembre de 1996, el sindicalista Isidro Gil trabajaba como portero en
una planta embotelladora de Coca Cola en el pequeño poblado colombiano de Carepa.
De repente, según la versión de los activistas, un grupo de hombres armados
atravesaron la entrada y le dispararon 10 veces.
Al día siguiente, el grupo regresó a la fábrica y reunió a los trabajadores para
advertirles que los matarían si no renunciaban al sindicato, agregaron.
”Había demasiados testigos”, dijo Jana Silverman, estudiante de la Universidad
de Columbia para quien lo ocurrido entonces es apenas la punta del iceberg.
”Desde los años 90”, los embotelladores de Coca Cola en Colombia ”mataron a
nueve trabajadores”, el último de ellos Adolfo Munera, en 2002 y en la ciudad de
Barranquilla, agregó Silverman, quien se mudará a Colombia en los próximos meses.
Por ahora, desde Nueva York, la estudiante envía mensajes electrónicos para
promover su causa. También participa en marchas pacíficas para exigir el fin de
la guerra civil en Colombia y exhorta a Coca Cola a abandonar la práctica de
perseguir sindicalistas y a compensar a los familiares de Gil y de otras
víctimas.
La muerte de Gil es el episodio central de la querella contra Coca Cola.
En la demanda, el sindicato colombiano Sinaltrainal, la Fundación pro Derecho
Laboral Internacional y los Trabajadores Unidos del Acero de Estados Unidos
acusan a los embotelladores de Coca Cola de ”contratar o dirigir a fuerzas
paramilitares de seguridad que utilizaron violencia extrema y asesinaron,
torturaron, detuvieron ilegalmente y silenciaron a sindicalistas”.
En marzo de 2003, el tribunal falló que no había base legal para que The Coca
Cola Company fuera responsabilizada por las conductas de sus embotelladoras en
Colombia. Kovalic y Collingsworth apelaron la sentencia. ”Esta demanda puede
tomar unos años”, reconoció Kovalic vía telefónica desde su oficina en
Pittsburgh.
Para el abogado, no hay dudas de que la multinacional es directamente
responsable de los delitos que se le imputan. Pero la compañía niega toda
responsabilidad.
”Todos estos embotelladores fabrican Coca Cola, operan bajo un acuerdo de
franquicia con Coca Cola, solo existen para fabricar Coca Cola, recaudan
beneficios para Coca Cola y Coca Cola las controla. ¿Coca Cola es culpable?
Absolutamente”, afirmó.
Kovalic y Collinsworth invocan una ley aprobada en Estados Unidos en 1789, la
Ley de Demandas por Torturas en el Extranjero (ATCA), concebida originalmente
para resolver conflictos entre piratas y países extranjeros.
La ATCA permite a los extranjeros presentar demandas ante tribunales
estadounidenses por violaciones de derechos humanos.
”La situación en Colombia es trágica, y sentimos compasión por su pueblo. De
todos modos, la realidad en Colombia es que ni The Coca Cola Company ni sus
embotelladores asociados son cómplices, de ninguna manera, con actos de violencia
contra sindicalistas o contra nadie”, aseguró la portavoz empresarial
Billingsley.
¿SIEMPRE COCA COLA?
La lucha ha llegado a Internet, donde diversos sitios contienen información a
favor y en contra del refresco. Entre los críticos figuran ”Stop Killer Coke”
(”Basta de Coca Asesina”, en http://www.killercoke.org), que presenta documentos
e ilustraciones caricaturescas.
Su creador, Ray Rogers, de 59 años, es un consultor de sindicatos que encabeza
la organización Corporate Campaign Inc. ”No necesito ir a Colombia para trabajar
noche y día por esto. La solución está, principalmente, en Estados Unidos”, dijo.
Rogers diseñó afiches y autoadhesivos con la frase ”Killer Cola” (”cola
asesina”) imitando el logotipo del refresco.
The Coca Cola Company reaccionó creando una página en un dominio similar,
http://www.killercoke.com. Este sitio contiene enlaces a información adicional
con la versión empresarial de los hechos.
”Coca Cola ha dicho que muchos de nosotros estamos vinculados con movimientos
guerrilleros. Eso es mentira. Una vez, acusó a tres compañeros de instalar una
bomba en una fábrica. Era falso, pero la policía los detuvo seis meses”, dijo el
dirigente de Sinaltrainal Gonzalo Quijano.
En 1997, Quijano, de 40 años, debió abandonar su ciudad, Barranquilla, amenazado
de muerte por los paramilitares. Se trasladó entonces a Bogotá. ”Hoy, el ambiente
en las plantas de Coca Cola es de incertidumbre, porque despiden a mucha gente”,
afirmó.
Quijano sostuvo que en Colombia cunde la impunidad, pues el sistema judicial
protege a las clases privilegiadas. Por eso, explicó, los sindicatos deben apelar
a los tribunales estadounidenses.
La comunidad colombiana en Nueva York designó a una delegación que viajará al
país latinoamericano para analizar los hechos. Uno de los miembros es el
estadounidense José Schiffino, organizador de sindicatos que hoy participa en la
campaña contra Coca Cola.
”Muchas compañías multinacionales cometen abusos en todo el mundo, y por eso
queremos castigar a Coca Cola: para enviar un fuerte mensaje a las otras”,
explicó Schiffino, hijo de una colombiana.
Este empleado sindical afirma no tener resentimientos contra Coca Cola, si bien
evita beber el refresco. Su lucha es de principios y valores, de identificación
con los trabajadores colombianos, sostuvo.
Pero ”me encanta la Coca Cola, y la extraño”, lamentó
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Fuente: NéFER MUñOZ (IPS)
Enlace: http://www.ipsenespanol.net/
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MUNDO
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MUNDOLa República Dominicana también retira sus tropas de Irak
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La decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de retirar lo antes posible las
tropas españolas de Irak sigue provocando reacciones parecidas en otros países.
Ayer, el presidente dominicano, Hipólito Mejía, dispuso la retirada de los
soldados de su país de Irak "a la mayor brevedad posible", anunció el secretario
de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez.
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Soto Jiménez confirmó a la agencia EFE anoche que Mejía dio ayer la orden de
regreso de la Fuerza de Tarea Quisqueya, integrada por unos 300 soldados, tras la
decisión del Gobierno español de retirar la Brigada Plus Ultra de Irak. "Ahora se
está comunicando la salida de los soldados dominicanos por los cauces
diplomáticos", dijo el ministro.
Las declaraciones de Soto se producen después de que Mejía dijese ayer a los
periodistas que habló con su homólogo de Honduras, Ricardo Maduro, y anunciara
que tomaría una decisión sobre la estancia de las tropas dominicanas desplegadas
en Irak. También se dan después de que el pasado domingo el gobernante dijese al
presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que los soldados
cumplirían con el "compromiso hasta julio".
Las tropas de la República Dominicana en Irak, junto a contingentes de Honduras
y El Salvador, están bajo el mando de la Brigada Plus Ultra, que comanda el
Ejército español. Honduras anunció ayer la retirada de sus tropas de Irak, un día
después de que España comunicase también la misma medida.
La República Dominicana envió a Irak en febrero 300 soldados, que sustituyeron a
otro grupo que regresó a principios de año tras cumplir su tarea en el país
árabe.
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Fuente: CADENA SER
Enlace: http://www.cadenaser.com
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MUNDOGuantanamo: El agujero negro de los derechos humanos
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La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que evita habitualmente sentar a
los países poderosos en el banquillo de los acusados, pondrá a prueba su
credibilidad este jueves cuando trate el planteo cubano de pedir explicaciones a
Estados Unidos sobre la situación de los detenidos en su base de Guantánamo.
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GINEBRA |
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La sesión anual en su sede de Ginebra del máximo organismo humanitario de la
ONU (Organización de las Naciones Unidas) se deslizaba imperturbable hacia su
finalización el próximo fin de semana hasta que Cuba sacudió el tablero y
complicó la partida con la cuestión del enclave militar estadounidense en el
extremo sudoriental de esa isla caribeña.
El gobierno cubano de Fidel Castro demandó a la Comisión que reclame a
Washington un informe sobre las condiciones de vida y el estatus jurídico de unas
600 personas detenidas en la base naval de Guantánamo desde la guerra de
Afganistán de fines de 2001.
Por ahora, las censuras de la Comisión se limitan cada vez más a los países
aislados políticamente, coincidió Joanna Weschler, una de las directoras de Human
Rights Watch, el grupo independiente con sede en Nueva York.
La propia Comisión pareció darle la razón a esta organización humanitaria el
jueves pasado, cuando aprobó resoluciones críticas contra Cuba, Turkmenistán,
Corea del Norte y Belarus, pero rechazó decisiones similares contra China,
Zimbabwe (apoyado por el grupo africano) y contra Rusia por la situación en
Chechenia.
Aunque esta vez el calibre del acusado es completamente diferente, pues Estados
Unidos constituye en la práctica un monobloque dentro de la Comisión.
Con su oposición, Washington impide el consenso en múltiples temas, en
particular los relacionados con Medio Oriente y con los derechos económicos,
sociales y culturales, que obstruye de manera sistemática, acompañado este año
por Australia.
En el otro rincón de la disputa aparece Cuba, debilitada por el voto adverso,
aunque ajustado, que aprobó la resolución en su contra presentada por Honduras,
aunque promovida claramente por Washington.
Tampoco le favorece a Cuba su argumento de que Estados Unidos viola en
Guantánamo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, uno los basamentos del
sistema de derechos humanos de la ONU.
Cuba, lamentablemente, no ha ratificado ese tratado, observó Alfred de Zayas, un
jurista cubano-estadounidense profesor del Instituto Universitario de Altos
Estudios Internacionales de Ginebra.
En relación con esa omisión, la delegación cubana distribuyó este martes un
texto revisado de su proyecto de resolución sobre Guantánamo, en el que suprimió
todas las menciones a Estados Unidos como país miembro del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos.
Pero De Zayas admitió la violación de Estados Unidos porque no reconoce que el
Pacto se aplica también en Guantánamo, un territorio bajo su jurisdicción.
Un alto magistrado de la justicia británica, Lord Johan Steyn, opinó que la
justicia deparada a los prisioneros de Guantánamo no se compadece con las mínimas
normas internacionales de un juicio justo.
Steyn dijo que Guantánamo representa ”un fracaso monstruoso de la justicia”.
Además, el estatus legal de los detenidos replantea al mismo tiempo el antiguo
problema de la posesión del territorio donde Estados Unidos instaló la base naval
de Guantánamo.
De Zayas recordó, en un encuentro con periodistas, que Estados Unidos arrendó
ese territorio cubano destinado a los fines exclusivos ”navales y de
aprovisionamiento de carbón”.
La Habana sostiene que Washington ha violado esos términos, porque utilizó la
base antes como de internación de refugiados haitianos y ahora de prisioneros de
guerra.
Desde 1959, apenas asumido el gobierno revolucionario de Castro, Cuba dejó de
percibir el arriendo de poco más de 4.000 dólares anuales e informó a Washington
de su deseo de poner fin al convenio.
Empero, Estados Unidos replica que el arrendamiento sólo puede cancelarse por un
común acuerdo.
Con esas facetas, la cuestión de Guantánamo planteada ante la Comisión adquiere
otra importancia, evaluó Hardeep Puri, representante de India. La cuestión ya no
se reduce a un voto favorable o negativo a la resolución, dijo.
Hasta este miércoles, India no había decidido todavía su voto, reconoció Puri a
IPS.
Tampoco en la Unión Europea había consenso y se esperaba una decisión política
de Bruselas, pues los países miembros de este bloque representados en la Comisión
se dividían entre partidarios del voto negativo y de la abstención.
En tanto, los países de América Latina tenían dificultades para presentar una
posición común. Fuentes cercanas a los representantes de esa región adelantaron
la posibilidad de que Argentina, Brasil y Paraguay vuelvan a abstenerse, como
hicieron hace una semana ante la resolución de condena a Cuba.
Mientras, Amnistía Internacional observó este martes que durante más de dos años
se han levantado muchas voces de condena por la situación en Guantánamo que
reflejan preocupación porque Estados Unidos está sentando un precedente peligroso
en su política de detenciones de la guerra contra el terrorismo.
La organización, con sede en Londres, dijo que otros gobiernos se amparan en el
ejemplo de Guantánamo para justificar sus propias conductas abusivas.
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Fuente: GUSTAVO CAPDEVILA (IPS)
Enlace: http://www.ipsenespanol.net
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MUNDOEE UU se queda solo defendiendo en la ONU la pena de muerte para
niños. 52 países aprueban una resolución que insta a abolir las ejecuciones de
menores de 18 años
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Estados Unidos se quedó ayer solo en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
al votar contra una resolución que reclama abolir la pena de muerte para menores
de 18 años y apoya los derechos del niño. Un total de 52 Estados -incluso China,
que es el único país, además de EE UU, que aplicó la pena capital a un menor el
año pasado- aprobaron el texto. Washington justificó su rechazo apelando al
"sistema federal", que permite ese castigo en algunos Estados del país, y añadió
que la resolución "choca con la autoridad de los padres".
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La resolución de la ONU -que también pide eliminar la violencia contra las
mujeres y recaba el esfuerzo de los Estados en favor de los desaparecidos y
desplazados en conflictos y un trabajo específico dentro de la organización
internacional en defensa de los derechos de las poblaciones indígenas- plantea un
abanico de reivindicaciones de protección a los menores. De ellas, la pena de
muerte es la más llamativa: según datos de Amnistía Internacional (AI), en la
última década han sido ejecutados en el mundo 21 menores, 13 de ellos en Estados
Unidos.
Washington se negó ayer a aprobar un texto que pide abolir la pena de muerte
para menores delincuentes, y calificó de "inaceptable" la afirmación de que la
Convención de los Derechos del Niño "debe constituir la norma en la promoción y
protección" de esos derechos. La postura estadounidense se justificó en el
ordenamiento federal del país, con diversas "disposiciones legales" que permiten
en algunos casos condenar a menores a la pena capital. La exigencia de la
resolución de extremar la protección de los menores fue desestimada por Estados
Unidos porque "choca con la autoridad de los padres".
Dos presos estadounidenses, Efraín Pérez y Mauro Barraza, aguardan su ejecución
a últimos de junio por delitos que cometieron cuando tenían 17 años, denuncia la
campaña contra ese castigo lanzada en enero pasado por AI. Según la legislación
estatal de Virginia, John Lee Malvo, uno de los francotiradores de Washington que
mataron a 10 personas en esa ciudad en 2002, podía ser condenado a la pena
capital aunque tenía 17 años cuando cometió los crímenes, pero el jurado le
sentenció a cadena perpetua.
Desde 1990, señala AI, ha habido 34 ejecuciones de menores en Estados Unidos,
Arabia Saudí, China, Irán, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo y
Yemen. "La mayoría de esos Estados", dice AI, "han modificado ya sus leyes para
prohibir el uso de la pena de muerte contra menores, convirtiendo a Estados
Unidos en el único que reconoce abiertamente llevar a cabo este tipo de
ejecuciones y que defiende su derecho a hacerlo".
La resolución de la ONU insta a garantizar que la detención de un niño sea "el
último recurso", reclama que sean "separados de los reclusos adultos" y exhorta a
los Gobiernos a proteger a los menores de la tortura. Además, invita a los
Estados a firmar o ratificar el Protocolo Adicional de la Convención de la ONU
sobre Delincuencia Transnacional, para combatir el tráfico de niños, y anima a
los legisladores a tipificar como delito la explotación sexual de menores,
incluyendo la pornografía, el turismo sexual pederasta y la venta de niños o de
sus órganos.
En cuanto a la legalidad de la pena de muerte en general, AI cifra en 117 los
países abolicionistas y en 78 los que siguen manteniéndola.
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Fuente: EL PAÍS
Enlace: http://www.elpais.es
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MUNDOIraq-Estados Unidos: El fiasco petrolero
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Al cabo de un año de perpetrada, la invasión de Iraq resulta un fiasco para
los propósitos petroleros de Estados Unidos de largo alcance, como disponer de
crudo seguro, abundante y barato y lograr una influencia decisiva para quebrar a
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
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CARACAS |
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La extracción y el transporte de crudo en territorio iraquí están minados de
peligros, incluido el riesgo personal de los extranjeros que laboran para las
compañías operadoras. Sólo la compañía estadounidense Halliburton, mimada de las
licitaciones petroleras en Iraq, ha perdido 29 empleados y contratistas.
La producción es menor que antes del 20 de marzo de 2003, fecha en que se inició
la invasión, y los precios del petróleo son un tercio más altos.
El crudo estadounidense West Texas Intermediate (crudo dulce ligero) se vendió
la última semana a 37,10 dólares el barril de 159 litros (era de 29 dólares un
año atrás), en tanto la OPEP valoriza su cesta de siete crudos a 32,59 dólares,
contra promedios de 28 dólares el año pasado y de 24 en 2002.
La producción iraquí apenas pasa de los dos millones de barriles por día, en un
mundo que consume 40 veces esa cantidad, y los restantes socios de la OPEP
-especialmente Arabia Saudita- mantienen de hecho el monopolio de incrementar la
producción en un corto plazo para atender demandas del mercado.
La invasión y ocupación ”representa un fiasco para una inversión gigantesca”,
dijo a IPS Francisco Mieres, profesor del postgrado en economía petrolera de la
Universidad Central de Venezuela.
”Estados Unidos aspiraba a que, al cabo de un año, la producción iraquí superase
los tres millones de barriles, y de un crudo que pudiera pagar a 15 dólares el
barril”, agregó.
Si bien compañías estadounidenses han obtenido ”tajadas del negocio petrolero en
Iraq casi de modo gratuito”, para Estados Unidos ”es sumamente elevado el costo
de custodiar el petróleo del Medio Oriente”, sostuvo Mieres.
Antes de la invasión a Iraq, ”el Pentágono ya gastaba 60.000 millones de dólares
anuales para sostener su dispositivo militar en Medio Oriente. Aunque Arabia
Saudita le vende crudo con descuento de un dólar por barril, los costos militares
hacen que cada barril cueste a Estados Unidos alrededor de 200 dólares”, aseveró.
La invasión, recordó el experto, ha agregado 87.000 millones de dólares anuales
al presupuesto militar de Estados Unidos, cuyas cuentas públicas están en
déficit.
Para el estadounidense medio, el drama petrolero tiene una traducción inmediata:
la gasolina cuesta 1,76 dólares por galón (3,8 litros), 30 centavos más que en
marzo de 2003, y la expectativa es de un precio aun mayor este año, signado por
las elecciones de noviembre, en las que el presidente George W. Bush buscará la
reelección.
John Kerry, aspirante del opositor Partido Demócrata a la presidencia, bromeó
incluso con el tema: la gasolina sube tanto que, cuando Bush y su vicepresidente
Dick Cheney dejen la Casa Blanca en enero, ambos deberán tomarse el mismo taxi.
En el frente petrolero, ”Estados Unidos obtuvo una victoria militar, pero una
derrota política, porque todo indica que en breve no habrá abundancia de petróleo
ni precios bajos. Particularmente no los habrá en Iraq”, dijo a IPS otro
catedrático de economía petrolera, Víctor Poleo.
”El nivel mundial de los precios del petróleo estará dictado por la escasez. De
lo que habrá abundancia será de conflictos por petróleo”, remarcó Poleo.
La presunta victoria militar ”tampoco ha aportado dividendos para Estados Unidos
en la OPEP, que no ha reconocido al gobierno provisional iraquí, le concede sólo
voz pero no voto en sus reuniones, y aguarda todavía el reconocimiento de (la
Organización de las) Naciones Unidas”, dijo Mieres.
La OPEP está integrada por Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Arabes Unidos,
Indonesia, Irán, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela. Bagdad está
excluido de su sistema de cuotas y de las decisiones sobre aumentos o recortes de
producción.
”Incluso Arabia Saudita, que en ocasiones ha sido complaciente con Estados
Unidos, se desmarca de Washington”, observó Mieres. Antes de la reunión de la
OPEP en marzo, Bush llamó a varios líderes árabes para pedirles incrementos en la
producción de crudo, pero la Organización, de la mano de los sauditas, rechazó la
solicitud.
El ”Iraq testaferro” de Estados Unidos dentro de la OPEP no ha funcionado. En
cambio, ha rendido buenos negocios para compañías estadounidenses, tanto
procesadoras de crudo como de ingeniería petrolera, entre las que se destacan
”las asociadas con el directorio petrolero que gobierna en Washington”, según
Poleo.
Entre ellas, Halliburton, que fue dirigida por Cheney antes de que asumiera la
vicepresidencia, ChevronTexaco, de la que fue ejecutiva la consejera de Seguridad
Nacional Condoleezza Rice, Unocal, Saic y Bechtel, también vinculadas al
gobernante Partido Republicano.
Halliburton es la más emblemática, porque su subsidiaria Kellog, Brown & Root obtuvo un paquete de 8.000 millones de dólares para prestar servicios a Washington en Iraq, de los cuales 1.200 millones son para recuperar la infraestructura petrolera en el sur del país árabe.
La compañía anunció que reembolsará al gobierno 27 millones de dólares que cobró
de más por el suministro de comidas a las tropas estadounidenses, y medios de
prensa dan cuenta de que en las negociaciones por obtener contratos hubo sobornos
por seis millones de dólares.
Las operaciones de estas compañías se realizan sobre secciones de la empresa
petrolera estatal iraquí Inoc, sometida a una reestructuración por las
autoridades de ocupación, que la integraron al Ministerio de Energía del gobierno
provisorio.
La situación de insurgencia, con regulares focos de rebelión y ataques a las
fuerzas ocupantes y a los occidentales en general, es un obstáculo central para
la recuperación petrolera.
Empresas de otros países, como la rusa Lukoil y la francesa TotalFinaElf, que
habían negociado contratos de exploración y explotación durante el régimen de
Saddam Hussein (1979-2003), ”se mantienen allí, pero precariamente”, según
Mieres, ex embajador de Venezuela en Moscú.
El 12 de abril, 12 trabajadores petroleros rusos fueron secuestrados por
iraquíes que resisten la ocupación, y puestos en libertad al día siguiente.
Entonces Moscú instó a los rusos y ucranianos que trabajan en Iraq (la mayoría en
la industria petrolera) a abandonar el país.
Mientras, Lukoil discute nuevamente con autoridades de Bagdad la explotación del
campo West Qurnah-2, en el sur iraquí, que contendría 6.000 millones de barriles
en reservas, es decir, un cinco por ciento del total de Iraq.
Pero en tanto llega el lejano día de iniciar la extracción de ese petróleo,
Lukoil ha debido ocuparse de suministrar derivados a Iraq. En marzo firmó un
contrato para vender cada trimestre a Bagdad 180.000 toneladas de gasolina (1,3
millones de barriles) y 130.000 toneladas de combustible diesel, lo que ilustra
la incapacidad en que se encuentra el parque refinador iraquí.
”La geopolítica de fuerza ha traído una cruel paradoja”, argumentó Poleo. ”Los
soldados de Cheney (y del secretario de Defensa Donald) Rumsfeld, que son
soldados Halliburton, destruyen Iraq, y los ingenieros de Halliburton, que son
ingenieros de Cheney-Rumsfeld, lo reconstruyen”, ironizó.
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Fuente: HUMBERTO MáRQUEZ (IPS)
Enlace: http://www.ipsenespanol.net
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OPINIÓN Y ANÁLISIS
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OPINIÓN Y ANÁLISISLa economía 'insostenible' legada por Aznar, por Roberto
Bermejo
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PROFESOR DE LA UPV/EHU Y MIEMBRO DE BAKEAZ
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La política ambiental del nuevo Gobierno socialista no va a ser nada fácil. El
legado del Ejecutivo de Aznar por lo que se refiere a la creación de una economía
sostenible -deber de todos los Estados comunitarios desde que la Unión Europea
aprobó su Estrategia de Desarrollo Sostenible- es muy negativo. Algunos
comportamientos ilustran el talante que han tenido los Gabinetes de Aznar sobre
este tema:
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-Los diferentes gobiernos del Partido Popular han venido bloqueando la
aprobación de las dos propuestas de directiva sobre fiscalidad energética
presentadas por la Comisión. Una, que pretendía gravar las emisiones de CO2, ha
acabado siendo retirada ante la posición inamovible del Gobierno español. La
otra, que aspiraba a reducir la disparidad existente en la Unión Europea en
cuanto a impuestos sobre carburantes elevando los más bajos, ha sido finalmente
aprobada, pero en función de una propuesta del Gabinete español que eliminaba su
potencial transformador. Esta postura constituye un freno al avance de la
eficiencia energética.
-Con ocasión de la presidencia española de la Unión Europea (primer semestre de
2002), el Gobierno elaboró un documento en el que señalaba las prioridades de la
misma. No había una sola palabra sobre la sostenibilidad. El resultado es que el
proceso impulsado un año antes por la presidencia sueca (que dio lugar a la
citada Estrategia) se vio interrumpido.
-El Ministerio de Medio Ambiente ha destinado el 80% de su presupuesto a obras
hidráulicas; es decir, se ha dedicaso a destruir el entorno, en vez de a
protegerlo.
-Recientemente el Buró Ambiental Europeo -organismo de representación oficial
ante la Unión Europea de la mayor parte de las asociaciones ecologistas- realizó
un balance de la gestión de la Comisión que incluye una valoración de la
actuación de los comisarios siguiendo una simbología de tres caras: la sonriente
indica que el problema se está resolviendo; la neutra, que no se resuelve; y la
triste, que está empeorando. Todos los comisarios reciben calificaciones según
este sistema, excepto Loyola de Palacio, que ha sido valorada con la bandera
pirata, por su sistemática oposición a las políticas comunitarias de desarrollo
sostenible (en clara sintonía con su partido). Lo cual obliga a menudo a la
Comisión a rebatirla públicamente, hecho insólito en la Unión Europea.
La Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea «reitera su
compromiso de cumplir los objetivos de Kioto y efectuar para 2005 progresos
tangibles en la realización de estos compromisos». La Comisión viene informando
de que el Estado español es el que alcanza el mayor incumplimiento. A pesar de
que el compromiso global de la Unión Europea es reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero un 8% para 2010 en relación con los niveles de 1990, a España
se le permite un incremento del 15%. En este momento sus emisiones son
aproximadamente un 40% más altas que en 1990; es decir, para cumplir su
compromiso debe disminuir las emisiones en 25 puntos en el período que queda. La
última declaración polémica de Loyola de Palacio es que hay que revisar a la baja
el compromiso. Sin embargo, todos los informes sobre cambio climático coinciden
en que la Península Ibérica es una de las zonas del mundo más severamente
afectadas por el mismo. El informe Acacia de la Unión Europe!
a sobre el cambio climático estima que las precipitaciones ya han disminuido un
20% en el sur de Europa, y prevé olas de calor tan importantes que el turismo se
desplazará hacia el norte del continente. Un informe del Instituto Geominero,
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, declara que a mediados de este
siglo la mitad sur de la Península Ibérica se habrá desertizado y la otra mitad
perderá importantes recursos hídricos.
La Estrategia declara que «una política de transporte sostenible debería ( )
fomentar el uso de modos de transporte inocuos para el medio ambiente» y
«disociar de forma significativa el crecimiento del transporte y el crecimiento
del PIB». Sin embargo, España está a punto de rebasar a Alemania en el número de
kilómetros de autovías/autopistas (Fomento quería alcanzar para el final de la
década 13.000 kilómetros, frente a los 11.200 previstos por Alemania), y cuando
esto ocurra será el segundo país del mundo, sólo superado por Estados Unidos. El
Gobierno de Aznar pretendía que España fuese al final de la década el primer país
europeo en kilómetros de líneas ferroviarias de alta velocidad, con 7.200
kilómetros, «superando a Francia o Alemania», según Álvarez Cascos. Los
resultados: el tráfico crece más rápidamente que el PIB; la contaminación, el
ruido y la congestión continúan aumentando; la cuota de mercado en mercancías del
ferrocarril es sólo del 4% y sigue bajando; el Est!
ado debe asumir una enorme carga financiera porque muchas de las
infraestructuras no van a sufragar ni siquiera los costes de gestión.
La Estrategia declara la necesidad de la «utilización sostenible de los recursos
naturales ( ) de forma que se mantenga la diversidad biológica, se conserven los
ecosistemas y se evite la desertización». En un informe, de diciembre de 2003, la
Comisión señaló los incumplimientos por parte de los Estados de la normativa
ambiental comunitaria. El primero es el español (79 incumplimientos), seguido de
Italia (70) y Grecia (61). Este primer puesto de España viene siendo habitual.
Hemos visto que el ritmo de construcción de infraestructuras de transporte del
Gobierno español no tiene parangón en el mundo. Éstas fragmentan los hábitats y
generan un impacto ecológico adicional sobre un territorio 19 veces mayor que el
ocupado. La Ley del Agua y la de Costas se incumplen sistemáticamente. La Ley del
Suelo del Partido Popular permite la libre disposición del suelo para la
construcción. El Plan Hidrológico Nacional incumple sistemáticamente la normativa
comunitaria sobre protección de!
espacios naturales. El accidente del 'Prestige' es un monumento a la
incompetencia. Como resultado de ello, el consumo de recursos naturales crece por
encima de la economía.
¿El Gobierno de Aznar ha sacrificado el medio ambiente en aras del crecimiento
económico, y la Unión Europea y gran parte de los Estados comunitarios hacen lo
contrario? No, éstos buscan garantizar el crecimiento protegiendo los recursos
naturales. La Comisión Europea afirma que «el desacoplamiento entre el
crecimiento económico y la degradación ambiental es el objetivo central de la
Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE». Éste es también el objetivo
principal de las Estrategias de Desarrollo Sostenible de numerosos Estados
europeos, de la OCDE, etcétera. Todo ello coincide con la Estrategia Económica
aprobada por el Consejo de Lisboa, la cual pretende convertir la economía europea
en una «economía basada en el conocimiento». Con la 'economía del ladrillo y del
hormigón' y con una aportación a I+D en torno al 1% del producto económico (y muy
centrada en el armamento), cuando la recomendación comunitaria es llegar al 3% en
2010, el futuro (próximo y lejano) del medio a!
mbiente y de la economía española no puede ser más que muy negativo. Así que la
economía española necesita un cambio radical para conducirla hacia la vía de la
sostenibilidad. Ahora le corresponde al Gobierno socialista demostrar que es
capaz de gestionar este cambio. De momento tomo nota del siguiente texto del
Programa elctoral del PSOE: «Introduciremos progresivamente la exigencia de la
sostenibilidad en todas las políticas a partir de una auténtica Estrategia
Sostenible ( ). El avance hacia la sostenibilidad será asumido por el Gobierno en
el máximo nivel de decisión».
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Fuente: EL CORREO
Enlace: http://www.diario-elcorreo.es
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OPINIÓN Y ANÁLISISAznar, contra los intereses de España, por Pablo
Sebastián
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Mal que le pese al PP, los intereses de España en el mundo los representa hoy
el Gobierno de la nación que preside José Luis Rodríguez Zapatero tras las
elecciones democráticas del pasado 14 de marzo. Y ese Gobierno legítimo y
democrático ha decidido la retirada de las tropas españolas de Iraq, de acuerdo
con el programa electoral del PSOE, que fue apoyado mayoritariamente por los
españoles, y con el sentimiento generalizado de la inmensa mayoría de los
ciudadanos, que se han opuesto, desde sus inicios, a la participación española en
la guerra de Iraq.
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Por ello sorprende que el PP y sobre todo el ex presidente José María Aznar se
hayan lanzado a una campaña para desacreditar al Gobierno de la nación ante otros
gobiernos de países europeos y aliados de España. Y más aún que Aznar haya
llamado al presidente Bush, su compañero de la inefable foto de las Azores, para
ponerse de su parte y en contra del Gobierno de España, que es el que representa
la voluntad democrática de los españoles, dañando los intereses de nuestro país
en un intento desesperado e inútil por justificar la que fue una política errónea
y catastrófica del PP que, entre otras cosas, le ha costado la pérdida del
poder.
Allá ellos con su reivindicación obsesiva de la foto de las Azores y de la
guerra ilegal de Iraq, porque de ese laberinto infernal no van a sacar nada
bueno, sino el aumento de la indignación general de los ciudadanos. Y puede que
otra derrota electoral en las elecciones europeas, en la que la opción europea de
la oposición —que va a representar José Borrell por el PSOE— se va a contrastar
con la opción atlántica de Aznar y del PP con la guerra de Iraq de telón de
fondo.
La presunta leal oposición que anunciaba Rajoy en el debate de investidura está
resultado una oposición desleal, no sólo con el Gobierno del PSOE, sino con
España y los intereses generales de nuestro país. Buscando, por lo que se ve, que
el Gobierno de Washington tome represalias en contra del Gobierno y del pueblo
español, lo que hay que esperar que los Estados Unidos no hagan por respeto a las
decisiones democráticas del Gobierno español y en defensa de sus intereses en
España, que no son pocos. Empezando por las bases militares (de utilización
conjunta pero de uso americano) como la de Rota, entre otras, que es una pieza
estratégica crucial del despliegue militar de Estados Unidos en Oriente
Próximo.
En vez de intentar pasar la negra página de Iraq, que tan malas consecuencias le
ha traído al PP, Aznar vuelve a las Azores, incumpliendo sus promesas de
retirarse de la política, y mete en un nuevo lío al PP, donde sigue imponiendo
sus tesis, malas maneras y obsesiones. Pero esta vez no dentro de la lógica y
natural lucha partidaria en el territorio español, sino actuando en contra de
España y del legítimo Gobierno de la nación.
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Fuente: ESTRELLA DIGITAL
Enlace: http://www.estrelladigital.es
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OPINIÓN Y ANÁLISISOriente Medio: El fin de la lógica política y el triunfo
del caos, por Gema Martín Muñoz
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Gema Martín Muñoz es profesora de Sociología del Mundo Árabe e Islámico de la
Universidad Autónoma de Madrid
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El análisis de lo que está ocurriendo en Oriente Medio nos vaticina los más
siniestros augurios si la llamada comunidad internacional no es capaz de
reaccionar y poner un límite a la actuación de EE UU en Irak y de Israel en
Palestina. Tanto el asesinato del chayj Yassin como la persecución desencadenada
contra Múqtada al Sáder lo que nos muestran es una opción descarnada en contra de
la lógica política y a favor del caos generalizado en esta región del mundo. La
aplicación de la teoría del caos permite el ejercicio de la impunidad total. Todo
se justifica para responder al caos. Por ello se eliminan interlocutores, como es
el caso del chayj Yassin, o se inflaman los espíritus, como es el caso de los
seguidores de Múqtada al Sáder. En ambos casos, se trata de un mismo pensamiento
colonialista que sólo persigue, con el único instrumento de la fuerza, someter a
las poblaciones autóctonas y que excluye toda lógica política de negociación con
el identificad!
o como enemigo.
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Ariel Sharon, con el impune asesinato del chayj Yassin -seguido del de
Abdelaziz Rantisi-, ha jugado claramente la carta del caos ante su repliegue
unilateral de Gaza, al igual que lo ha hecho en Cisjordania frente a Al Fateh,
garantizándose la ausencia de un interlocutor. El chayj Yassin, en contra de lo
que habitualmente extiende la prensa internacional, había sido un actor
sustantivo en la consecución de las diferentes treguas logradas con Hamás en los
dos últimos años, así como estaba siendo una pieza clave en la estructuración de
un Gobierno palestino viable en alianza con la Autoridad Nacional Palestina de
cara al posible repliegue unilateral israelí en Gaza. Unido a esto, representaba
en el seno de Hamás una voz que, frente a las más radicales, se había manifestado
en diversas ocasiones a favor de solucionar el conflicto si Israel se retiraba de
los territorios ocupados en 1967.
Es decir, a diferencia de otras voces en su propio movimiento, ponía toda su
autoridad moral y espiritual a favor de una solución más realista que la de
reclamar la recuperación de toda la Palestina histórica. Era un interlocutor
creíble y necesario. Su asesinato no ha logrado más que radicalizar a las bases y
favorecer las actitudes reactivas más intransigentes. Es más, ha favorecido el
acercamiento entre las Brigadas de Al Aqsa (procedentes de Al Fateh) con Hamás,
no sólo porque anunciaron que responderían con esta organización a dicho
asesinato, sino porque incluso muchos cuadros de dichas Brigadas se han pasado a
Hamás en Gaza. Es decir, Sharon ha buscado que Gaza se convierta en una anarquía
de grupos palestinos enfrentados, sin posibilidad de control por parte de la
Autoridad Nacional Palestina, sumergida progresivamente en una enfrentamiento
civil "libanizado". A la vez que los atentados suicidas que se seguirán permitan
seguir ejerciendo a Israel su total impunidad, !
justificada por "la guerra" contra el terrorismo que él mismo no deja de
alimentar.
En Irak, la situación desencadenada por EE UU en Faluya y en las ciudades chiíes
del sur responden a la misma lógica. En Faluya, la asunción de la revancha y el
castigo colectivo por el asesinato de cuatro paramilitares norteamericanos ha
seguido el más fiel guión del Ejército israelí en su acción contra el campo de
refugiados palestinos de Yenín. El sitio de la población, los bombardeos con
Apaches y la matanza de multitud de civiles, incluidos niños, seguido de una
huida desesperada de miles de familias que son ya hoy civiles obligados a
abandonar sus hogares por una acción militar, son métodos propios de la barbarie
y no de la civilización que se arrogan representar. Los cuatro americanos
asesinados en Faluya no eran simplemente "civiles", eran paramilitares de la
Blackwater Security Consulting, compañía de mercenarios contratada por la CIA
para llevar a cabo operaciones de "contrainsurgencia", y que en Irak cuenta con
unos 400 comandos armados. En lo que concierne a la r!
esistencia iraquí, esos paramilitares no son civiles, sino objetivos militares
de la ocupación. Y la ocupación en el denominado triángulo suní ha brutalizado a
la población civil de esa región desde el primer momento, de ahí que la barbarie
genere barbarie y algunos en Faluya celebrasen el espectáculo del horror en torno
a los cuatro cuerpos americanos descuartizados y colgados. Pero la brutal
revancha del Ejército de los EE UU contra los civiles de Faluya es completamente
inaceptable desde la ley internacional y el respeto de los derechos humanos, y no
puede engendrar más que un odio cargado de violencia. Que no traten de decirnos
que sólo han luchado contra los "insurgentes" porque, aunque esas imágenes no
hayan circulado como sí lo hicieron intensivamente la de los cuatro americanos
asesinados, Al Yazira nos ha dado a conocer demoledoras fotos de esos inocentes
niños de Faluya asesinados en los bombardeos americanos. ¿No habían llegado a
Irak para liberar a los iraquíes d!
e la violación de los derechos humanos que ejercía Sadam Husein? Toda la vox
pópuli iraquí clama hoy que no hay diferencia entre los americanos, Sadam Husein
y Ariel Sharon.
Por otro lado, aunque los americanos nos hayan mostrado desde hace un año que
siguen una política ciega y autista en Irak, pensar que la provocación contra
Múqtada al Sáder y sus seguidores ha sido un error más que ha encendido la
Intifada chií, sería muy inocente por nuestra parte. Sería más inteligente pensar
que ha sido una provocación buscada a favor del caos y la fuerza y en contra de
la lógica política. La decisión de cerrar la publicación de este movimiento, que
se hizo sin informar al ministro iraquí de comunicación, de detener a su
portavoz, Mustafa al Yaqubi, y de disparar contra los manifestantes que
reaccionaron en contra de tal medida produciendo los veinte primeros muertos han
respondido a un objetivo buscado: que la Intifada comenzase. Pero, eso sí,
presentándola como la actitud violenta de los "radicales", "fanáticos",
"extremistas" chiíes. De hecho, Múqtada al Sáder, siguiendo el guión ya de sobra
conocido, ha pasado de ser "radical" a "fuera de la ley", "cr!
iminal" y próximamente "terrorista". En consecuencia, puede ser objeto de un
asesinato extrajudicial en cualquier momento.
A veces se tiene la impresión de esta | |
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