Logo Los Verdes de Andalucía

    correo info@losverdesdeandalucia.org    
Adorno
PrincipalForoe-BoletínPartidoEnlacesDocumentosEspacio para los y las jóvenes rebeldes de Los VerdesRed Mujer
Adorno
PrincipalForoe-BoletínPartidoEnlacesDocumentosEspacio para los y las jóvenes rebeldes de Los VerdesRed Mujer
Adorno Adorno

Inicio > Mis eListas > e-boletin > Mensajes
 Índice de Mensajes 
 Mensajes 511 al 540 
AsuntoAutor
4 de febrero de 20 root
5 - 9 de febrero d root
10 de febrero de 2 root
11 de febrero de 2 root
12 de febrero de 2 root
13 de febrero de 2 root
14, 15 y 16 de feb root
17 de febrero de 2 root
18 de febrero de 2 root
19 de febrero de 2 root
20 de febrero de 2 root
21, 22 y 23 de feb root
24 de febrero de 2 root
25 de febrero de 2 root
26 de febrero de 2 root
27 de febrero de 2 root
28 y 29 de febrero root
2 de marzo de 2004 root
3 de marzo de 2004 root
4 de marzo de 2004 root
5 de marzo de 2004 root
6, 7 y 8 de marzo root
9 de marzo de 2004 root
10 de marzo de 200 root
aviso root
13 de marzo de 200 root
11 y 12 de marzo d root
14 y 15 de marzo d root
16 de marzo de 200 root
17 de marzo de 200 root
 << 30 ant. | 30 sig. >>
 
Boletín Los Verdes de Andalucía
Página principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 556     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:infoverdes 21 de abril de 2004
Fecha:Miercoles, 21 de Abril, 2004  18:09:08 (+0200)

losverdesdeandalucia. Los Verdes de Andalucía
eboletín infoverdes 21 de abril de 2004
http://listas.losverdesdeandalucia.org/lista/e-boletin
EDITA LOS VERDES DE ANDALUCÍA
info@losverdesdeandalucia.org / http://www.losverdesdeandalucia.org

Ayuda sobre el boletín (altas, bajas, enviar mensajes, etc.) | Invitar a un amigo

sumario

ANDALUCÍA
Ecologistas en Acción pide una gestión racional y sostenible de los recursos hídricos andaluces (leer más)

ESPAÑA
SOS Racismo alerta del riesgo de aumento de la "islamofobia" tras la matanza en Madrid. En su informe anual, la organización denuncia la "alarmante" vulneración de los derechos y libertades en España durante 2003 (leer más)
Canalización Llubí-Crestaxt: Los Verdes europeos consideran que el Gobern de las Islas Baleares ha utilizado ilegalmente los fondos comunitarios (leer más)
En el Día de la Tierra. Ecologistas en Accion critica la politica ambiental del Banco Mundial (leer más)
La Guardia Civil desaloja a los activistas de Greenpeace tras 12 horas de protesta. La organización denuncia la falta de voluntad de Moyresa para eliminar los transgénicos (leer más)
22 activistas de Greenpeace a juicio por oponerse a los transgénicos en Cartagena. Mañana Día de la Tierra (leer más)

EUROPA
La Unión Europea abre otra vez el camino en la lucha contra los gases de efecto invernadero (leer más)
Nunca Máis tal gestión de la crisis del Prestige. El Parlamento Europeo vota el informe de la comisión temporal del "Prestige" (leer más)
Informe Prestige del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo cuestiona el actual regimen de responsabilidad del transporte marítimo (leer más)

LATINOAMÉRICA
Colombia-EEUU: Un trago amargo de Coca Cola (leer más)

MUNDO
La República Dominicana también retira sus tropas de Irak (leer más)
Guantanamo: El agujero negro de los derechos humanos (leer más)
EE UU se queda solo defendiendo en la ONU la pena de muerte para niños. 52 países aprueban una resolución que insta a abolir las ejecuciones de menores de 18 años (leer más)
Iraq-Estados Unidos: El fiasco petrolero (leer más)

OPINIÓN Y ANÁLISIS
La economía 'insostenible' legada por Aznar, por Roberto Bermejo (leer más)
Aznar, contra los intereses de España, por Pablo Sebastián (leer más)
Oriente Medio: El fin de la lógica política y el triunfo del caos, por Gema Martín Muñoz (leer más)

ANDALUCÍA


ANDALUCÍA

Ecologistas en Acción pide una gestión racional y sostenible de los recursos hídricos andaluces

Cuando no llueve Andalucía drásticas restricciones y cuando lo hace sufre graves inundaciones. Éste es, según Ecologistas en Acción, una muestra del fracaso de la política hidráulica en esta comunidad que dispone de más de 5.000 hm3 de agua al año, más que suficientes para garantizar los abastecimientos y el buen funcionamiento de los ecosistemas acuáticos.

El tópico de la Andalucía seca y sedienta, con escasos recursos hídricos es totalmente falso. Cada andaluz dispone de más de 800.000 litros al año, muy superior a los de la mayor parte de los países comunitarios.

Ante esta situación, los ecologistas afirman que mientras que no se garantice un nivel de gestión racional y sostenible del recurso agua cualquier solución –incluida la de los embalses y trasvases- no será tal, pues los déficits de agua se vuelven a reproducir ante la mala gestión existente y la demanda galopante y descontrolada de agua.

Además, aumentar la oferta de recursos hídricos sin domeñar la demanda, genera unas expectativas de incremento en los consumos claramente insostenibles y en muchos casos ilegales.

"La escasez de agua en Andalucía es una escasez provocada por la mala gestión y el crecimiento desmesurado e incontrolado de los regadíos y, más recientemente, de grandes urbanizaciones y campos de golf", según afirma Ecologistas en Acción.

Los ecologistas entienden que ha llegado el momento de hacer un cambio drástico en el rumbo de la política hidráulica. En Andalucía no hacen falta más embalses ni trasvases sino promover una Nueva Cultura del Agua que lleve el agua aquellos sectores social y ambientalmente sostenibles, disminuyendo las hectáreas de regadío eliminando los regadíos ilegales y los no rentables económica, social y ambientalmente, mejorando la eficiencia del uso del agua, depurando y reutilizando las aguas residuales, restaurando los ríos y demás ecosistemas acuáticos, reforestando las cuencas fluviales, gestionando racionalmente los acuíferos...

Ecologistas en Acción propone la reelaboración del Plan Hidrológico Nacional que entienda el agua como un recurso vital y estratégico para el sostenimiento del la vida en el planeta y no como un mero recurso económico, interviniendo en su gestión todas las administraciones y todos los sectores sociales implicados.

SOBRE EL PHN

Ecologistas en Acción valora positivamente el cambio acaecido en el Ministerio de Medio Ambiente y espera de sus nuevos responsables -la ministra Cristina Narbona y el director general de Aguas Juan López Martos- que apoyen este cambio histórico.

Entre las primeras medidas de este Ministerio esperan que se contemple la paralización de las grandes obras hidráulicas -estén empezadas o no- y la derogación del PHN, para que pueda desarrollarse el prometido debate público donde se consensúe un nuevo Plan Hidrológico que evite los graves impactos ambientales y los conflictos sociales que han traído las políticas promovidas por el gobierno del PP.

A la ya anunciada paralización del trasvase del Ebro, hay que unir la paralización de proyectos de embalses en Andalucía tan innecesarios como impactantes sobre el medio ambiente como son Breña II, Melonares o Cerro Blanco, y de obras tan incomprensibles como el túnel de desecación de la laguna de La Janda. También deben ser sometidas a revisión concesiones de agua al margen de la legalidad y de los planes hidrológicos de cuenca, como es la realizada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a Iberdrola para la central térmica de Arcos (Cádiz), nada menos que 6 millones de metros cúbicos al año.....

"La situación a las que nos ha llevado la política de aguas que ha prevalecido en nuestro país, ha llegado al colapso. Más consumo, más recursos, más despilfarro; estos han sido los objetivos de una política hidráulica basada en el falso concepto de que el agua es un recurso ilimitado y que los ríos y acuíferos son meros depósitos de agua. La política hidráulica en nuestro país no puede seguir basándose en el aumento constante de la regulación de los ríos, por medio de la construcción de embalses y trasvases; la gestión tiene que pasar a primer plano para acabar con el despilfarro de los recursos hídricos".


Fuente: ZONA VERDE
Enlace: http://www.andalucia24horas.com/ZonaVerde

enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias

ESPAÑA


ESPAÑA

SOS Racismo alerta del riesgo de aumento de la "islamofobia" tras la matanza en Madrid. En su informe anual, la organización denuncia la "alarmante" vulneración de los derechos y libertades en España durante 2003

SOS Racismo ha denunciado hoy la "alarmante" vulneración de los derechos y libertades en España durante 2003 y ha reclamado al nuevo Gobierno que reforme la Ley de Extranjería y otras normas "discriminatorias" que, a su juicio, han propiciado que la cifra de extranjeros en situación irregular llegue al millón de personas. Tras los atentados del 11-M, esta organización considera urgente que se luche contra el riesgo de aumento de la "islamofobia", no se relacione inmigración con terrorismo y se sustituya la expresión "terrorismo islámico" por la de "terrorismo fundamentalista".

En su informe anual, presentado hoy en conferencia de prensa, esta ONG asegura que hasta el año pasado nunca se había observado "una manifestación tan grave del racismo en todas sus dimensiones", pues mientras que antes se registraba una aplicación discriminatoria de las leyes, en el 2003 "se aprobaron directamente normas discriminatorias y aumentó un discurso político discriminatorio".

La coordinadora del informe, Isabel Martínez Luna, ha destacado que normas como la Ley de Extranjería o la reforma del Código Penal "han forzado" a los inmigrantes a entrar de forma irregular en el país y a ponerse en manos de las mafias sin ofrecer luego vías de regularización, lo que ha generado "un colectivo de mano de obra barata, dócil y desprovista de derechos". Que haya un millón de personas en esa situación es para esta organización "una vergüenza" que no se resolverá con un reglamento de la actual Ley de Extranjería, sino con una reforma de la norma que restablezca derechos fundamentales e impida, por ejemplo, el acceso de la policía al padrón municipal y que las compañías de transporte actúen como "policía de aduanas".

Aumento de la impunidad de las conductas racistas

SOS Racismo reclama que se regularice a toda persona que demuestre que está trabajando sin que tengan que volver a su país para obtener el visado y que se suspendan las órdenes de expulsión no ejecutadas. Para esta ONG, las elecciones autonómicas y locales estuvieron marcadas por el uso electoralista de la inmigración, que se vinculó en el discurso político a la delincuencia y que se tradujo en "un aumento de la impunidad de las conductas racistas".

Según SOS Racismo, el marco de "impunidad" creado durante el año pasado se traduce también en discriminaciones y agresiones por parte de cuerpos de seguridad privados y del Estado y un ejemplo especialmente grave vuelve a ser la localidad almeriense de El Ejido, donde constata la "institucionalización de la xenofobia".

Entre los problemas analizados en el informe vuelve a aparecer la situación del pueblo gitano, que sufre lo que se denomina "racismo por omisión", y que necesita una política integral que acabe con su discriminación en cuestiones como la vivienda.

El informe dedica un apartado a denunciar la mayor organización de los grupos neonazis y de extrema derecha, contra los que se reclaman medidas urgentes y, de manera específica, su combate en el mundo del fútbol.


Fuente: ELPAIS.ES
Enlace: http://www.elpais.es

enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias

ESPAÑA

Canalización Llubí-Crestaxt: Los Verdes europeos consideran que el Gobern de las Islas Baleares ha utilizado ilegalmente los fondos comunitarios

A través de una pregunta parlamentaria de Giorgio Celli, eurodiputado verde italiano, Los Verdes en el Parlamento Europeo se han dirigido hoy a la Comisión europea para denunciar la utilización incorrecta de fondos comunitarios por parte del Gobern en la construcción de la canalización Llubí-Crestatx. La Comisión había aprobado en 2002 una cofinanciación a través del Fondo de Cohesion de este proyecto, presentado por el anterior Gobern balear de izquierda. La condición a cumplir era que permitiese la infiltración de excedentes superficiales de agua en el estratégico acuífero de Crestatx, y así recuperar niveles piezométricos y actuar como reserva para los períodos más secos.


ESTRASBURGO

El Gobern del Partido Popular ha paralizado la construcción del tramo norte de dicha Arteria Transversal - que a lo largo de 90 km habría tenido que recorrer el pie de la sierra de Tramuntana recogiendo aguas de diversas procedencias y regulando varios acuíferos para así atender distintas demandas - y ha aprobado una modificación que desnaturaliza los objetivos del proyecto original Llubí-Crestatx (Sa Pobla) cofinanciado por la Unión Europea.

Esta modificación, por una parte, realiza un cambio en el trazado, y en lugar de conectar Llubí con el acuífero de Crestatx conecta con otro lugar sin ningún sentido. Si antes el proyecto trataba de fomentar una gestión sostenible de los acuíferos, ahora se propone justificar la construcción de una nueva desaladora, sin regular y racionalizar la utilización de los acuíferos sobreexplotados, y todo eso con el fin de satisfacer las demandas del creciente turismo de masas.

La denuncia ha sido preparada ante la petición de la diputada de Els Verds Margalida Rosselló Pons.


"Nos consta que estas modificaciones fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de las Islas Baleares, y ya se están realizando las obras, sin contar con suficiente justificación técnica sobre el nuevo trazado y los nuevos objetivos, ni haber informado a la Comisión Europea. Es por ello por lo que solicitamos a Bruselas un pronunciamiento. Al no haberse informado como suponemos a la Comisión de una modificación de la infraestructura que cambia radicalmente los objetivos del proyecto, consideramos que el Gobern está incumpliendo con los compromisos adquiridos.

"Por todo ello, pedimos a la Comisión, en caso de confirmarse la falta de notificación a Bruselas de esta modificación por el Gobern, que paralice o pida la devolución de los fondos comunitarios destinados al proyecto original". - declara Gianluca Solera, Coordinador para España de Los Verdes en el Parlamento Europeo.



Fuente: COMUNICADO VERDES/ALE

enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias

ESPAÑA

En el Día de la Tierra. Ecologistas en Accion critica la politica ambiental del Banco Mundial

Este año el Día de la Tierra, 22 de abril, coincide con el 60
aniversario de la creación del Banco Mundial. Este organismo sigue
siendo duramente criticado por su política social y ambiental. En
concreto Ecologistas en Acción denuncia que los proyectos para reducir
emisiones a cambio de créditos de carbono no ofrecen garantías y en
muchos casos crean nuevos problemas ambientales.

El problema del cambio climático tiene relación con muchos aspectos de
las políticas económicas, y uno de los más notables es el de la
necesaria financiación de medidas de reducción de emisiones y de
adaptación a los impactos que golpearán sobre todo a los países pobres.
La Convención Marco de Cambio Climático y el Protocolo de Kioto
establecen la obligación de las naciones desarrolladas y causantes del
actual cambio climático, de aportar dinero a los países menos
desarrollados. Pero estos aspectos de los acuerdos climáticos son
habitualmente ignorados, retrasados o reinterpretados adecuadamente.

Donde los países no industrializados esperan ver algún dinero es en la
puesta en marcha de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de
Kioto, concretamente en el Mecanisno de desarrollo Limpio, la Ejecución
Conjunta, y también en el fomento de sumideros. Todos ellos significan
proyectos pagados por estados ricos y muy emisores de CO2 que se ponen
en marcha en países en desarrollo y permiten a los primeros atribuirse
reducciones de emisiones. El Banco Mundial es el intermediario, está
estimulando un mercado de inversores públicos y privados a la búsqueda
de proyectos de reducción de emisiones. Su "Prototype Carbon Fund" ya
tiene fondos de seis gobiernos y 17 compañías (incluyendo compañías
energéticas y petroleras europeas y de Japón) por valor de 180 millones
de dólares. En Noviembre pasado abrió su fondo para sumideros, el
BioCarbon Fund, que busca vender reducciones de emisiones atribuibles a
bosques, gestión de pastos y tierras agrícolas etc.

El problema que se plantea es doble: los más generadores de CO2 no
disminuyen su tasa de emisión, aunque les compute a efectos de cumplir
Kioto, y no hay suficientes garantías en la elección de los proyectos
según criterios ambientales y sociales. En primer lugar hay que asegurar
que sin la intervención del Banco el proyecto no podría llevarse a cabo,
y que va a significar una reducción de emisiones respecto a no
realizarlo. Si no se cumplen ambas condiciones el resultado es, en
cierto modo, una estafa a los objetivos del Protocolo de Kioto.

Es el caso de la fundición de Plantar en Brasil, donde se quiere evitar
con 5,3 millones de dólares el cambio de carbón vegetal a coque en la
fabricación de hierro, produciendo un ahorro de 1,25 Mt CO2. Pero ni
siquiera parece probable que ese cambio fuese a suceder, con lo que los
créditos que se obtengan por ello no responderían a una reducción real
de emisiones, y lo que es peor, se financia la extensión de plantaciones
de eucaliptos que ya han producido en la zona serios problemas de
contaminación de aguas y de condiciones de trabajo semiesclavistas.

Lamentablemente este es sólo un ejemplo entre muchos. El Gobierno
holandés ha suscrito un acuerdo con el Banco Mundial para que le
facilite inversiones en países en desarrollo en el marco del Mecanismo
de Desarrollo Limpio para descontarse 21 millones de toneladas de CO2
equivalente entre el 2002 y el 2005. Dieciocho proyectos elegidos por
dicho gobierno no se puede considerar que provean reducciones de
emisiones que no hubieran ocurrido si no hay financiación externa. Por
ejemplo, se podrá apuntar 4 millones de créditos de carbono por dos
pantanos (Esti y Bayano) que estaban ya en construcción avanzada, y se
hubiesen terminado de todos modos, como ocurre también con la planta
geotérmica de Wayan Windu, en Indonesia, que estaba al 60% de
construcción, y proporcionará 5,4 millones de créditos de carbono.

Para Ecologistas en Acción si el Banco Mundial no es más escrupuloso con
la elección de proyectos de reducción de emisiones, habrá que evitar que
participe en el negocio de los Mecanismos de flexibilidad del Protocolo
de Kioto.


Fuente: ECOLOGISTAS EN ACCIóN
Enlace: http://www.ecologistasenaccion.org/

enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias

ESPAÑA

La Guardia Civil desaloja a los activistas de Greenpeace tras 12 horas de protesta. La organización denuncia la falta de voluntad de Moyresa para eliminar los transgénicos

Después de 12 horas de protesta pacífica en la planta de la empresa Moyresa, perteneciente al grupo multinacional Bunge, efectivos de la Guardia Civil y de Bomberos ha desalojado a los activistas de las instalaciones de la compañía. Hasta el momento no se ha producido ninguna detención.

Desde las siete de la mañana 50 activistas llevaban a cabo esta acción para denunciar que esta empresa comercia con alimentos transgénicos. Una parte de los activistas se encaramaban a unos almacenes con pancartas en las que se leían frases como No a los alimentos transgénicos. Otro grupo se apostaba en las verjas de entrada bajo el lema Los transgénicos destruyen el planeta y otros realizaban la inscripción contiene soja MG en uno de los tejados de las naves, aludiendo a la nueva legislación Europea de etiquetado que entró en vigor el pasado Domingo.

A primera hora de la tarde la dirección de la empresa remitió a los ecologistas un borrador de negociación en el que la empresa afirmaba que decidía dedicar su planta de Portugalete (Vizcaya) a la molturación y refino de soja o girasol libre de OMG. Para Greenpeace esta propuesta resultaba insuficiente ya que considera que a través de sus otras cuatro fábrica la compañía iba a seguir permitiendo que millones de toneladas de soja transgénica siguieran entrando en España, contaminando así la cadena alimentaria. Tras la comunicación de Greenpeace de que la propuesta es inaceptable la compañía rompió las negociaciones y afirmó que denunciaría a los ecologistas por ocupación de sus instalaciones.

España es el segundo importador europeo de soja con seis millones de toneladas anuales procedentes de Argentina, EEUU y Brasil. Greenpeace estima que aproximadamente el 66% de las importaciones españolas de soja corresponden a soja transgénica. Moyresa acapara el 70% del mercado nacional de molturación o molienda. Bunge, la compañía matriz de Moyresa, es el mayor molturador y exportador de soja de Norte y Sudamérica así como el mayor procesador mundial de cultivos oleaginosos.

Greenpeace demandaba con esta acción a la empresa Moyresa/Bunge un compromiso por escrito de suministrar únicamente soja no transgénica y de Moyresa/Bunge Ibérica, un compromiso público y por escrito a importar, procesar y suministrar exclusivamente soja no transgénica en las cinco instalaciones que tiene en territorio español, así como a través de las empresas consignatarias habitualmente contratadas por la compañía.

"Lo ocurrido hoy demuestra que la compañía Moyresa no tiene ninguna intención de evitar la contaminación genética. Greenpeace seguirá exigiendo a esta empresa, así como al resto de los importadores de soja en España, que respeten el derecho de los consumidores a elegir una alimentación sin transgénicos", ha declarado Juan Felipe Carrasco, responsable de la campaña de transgénicos de Greenpeace.

Al mismo tiempo que ocurría esta acción en Cartagena en Brasil Greenpeace llevaba a cabo otra en la que activistas de la organización inspeccionaban un carguero, el Saturn, que transportaba soja contaminada genéticamente de la multinacional norteamericana Monsanto. Es Brasil el último país exportador en sumarse al cultivo de soja transgénica. Aunque hasta hace unos meses estaban prohibidos los organismos modificados genéticamente, en los últimos años ha sufrido continuas contaminaciones ilegales principalmente en el estado de Rio Grande do Sul. Estas acciones se enmarcan dentro de un tour internacional contra los transgénicos que la organización ecologista está llevando a cabo en diferentes continentes; así el barco de Greenpeace MV Esperanza, que se encuentra en Cartagena, está realizando la parte europea del tour, mientras el Artic Sunrise y el Rainbow Warrior hacen campaña en América del Sur y Asia, respectivamente.


Fuente: GREENPEACE
Enlace: http://www.greenpeace.es

enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias

ESPAÑA

22 activistas de Greenpeace a juicio por oponerse a los transgénicos en Cartagena. Mañana Día de la Tierra

A primera hora de la tarde de hoy 22 de los 50 activistas que ayer tomaron parte en la acción de protesta contra la empresa Moyresa, en Cartagena, han recibido aviso del Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena citándoles mañana para juicio de faltas seguido por coacciones. El juicio se celebrará mañana día 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, a las 10 horas en la sala 6 de dicho juzgado.

Con la acción de ayer Greenpeace quería denunciar que la empresa Moyresa, perteneciente a la multinacional Bunge, comercia con alimentos transgénicos. España es el segundo importador europeo de soja con seis millones de toneladas anuales procedentes de Argentina, EEUU y Brasil. Greenpeace estima que aproximadamente el 66% de las importaciones españolas de soja corresponden a soja transgénica. Moyresa acapara el 70% del mercado nacional de molturación o molienda. Bunge, la compañía matriz de Moyresa, es el mayor molturador y exportador de soja de Norte y Sudamérica así como el mayor procesador mundial de cultivos oleaginosos.

"Mañana se celebrará en todo el mundo el Día de la Tierra y 22 activistas de Greenpeace tendrán que enfrentarse a juicio por defender el medio ambiente. Una vez más se buscan culpables entre los que defienden el medioambiente en vez de entre los que atentan contra él.", ha declarado Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España.


Fuente: GREENPEACE
Enlace: http://www.greenpeace.es

enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias

EUROPA


EUROPA

La Unión Europea abre otra vez el camino en la lucha contra los gases de efecto invernadero

El Parlamento Europeo ha votado hoy sobre la "directiva de vinculación" que establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad respecto a los mecanismos de flexibilidad (Mecanismo de Desarrollo Limpio, Aplicación Conjunta, mercado de emisiones) del Protocolo de Kioto. Alexander de Roo, (GroenLinks, Holanda), Vice-Presidente de la comisión de medio ambiente del Parlamento Europeo y ponente del informe ha declarado tras el voto:


ESTRASBURGO

"Con la adopción de esta directiva, el Protocolo de Kioto y sus mecanismos de flexibilidad (Aplicación Conjunta, Mecanismo de Desarrollo Limpio, mercado de emisiones) se harán realidad en la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2005. La directiva permitirá que créditos obtenidos a través inversiones limpias y sostenibles en los países en desarrollo, en Rusia y en Europa Oriental puedan ser utilizados automáticamente en el mercado de derechos de emisión de la UE. Las empresas europeas que participarán en este mercado de emisiones podrán comprar, vender y utilizar estos créditos."

El Protocolo de Kioto entrará en vigor cuando sea ratificado por 55 países de la Convención que representen por lo menos el 55 % de las emisiones totales de dióxido de carbono de los países industrializados en 1990. Hasta ahora, esta última condición no ha sido cumplida a falta de la ratificación de Rusia.

"Para evitar que el proceso de ratificación del protocolo de Kioto fracase, la UE ha tomado la iniciativa de crear un proceso de Kioto paralelo. Productores de energía y otras grandes empresas que participan en el mercado de derechos de emisión podrán a partir del año próximo obtener derechos de emisión invertiendo en plantas eólicas en Brasil, paneles solares en Indonesia o substituyendo plantas térmicas de carbón en China o en cualquiera de los países del antiguo bloque soviético ."

" Las actividades de aforestación y reforestación y los derechos de emisión resultantes de actividades nucleares están explicitamente excluidos de los mecanismos de flexibilidad. Los Estados Miembros tendrán que respetar criterios sociales y medioambientales estrictos si quieren invertir en proyectos hidrológicos de producción energética.

Se mantiene el compromiso europeo de lograr una reducción doméstica de las emisiones por lo menos del 50 % en la UE. Este compromiso será reforzado por la posibilidad por parte de la Comisión europea de proponer medidas legislativas ad hoc. Podemos decir que esta directiva que aprobamos hoy es más verde que el mismo protocolo de Kioto ."

"Hay mucho interés en el mundo por el mercado de derechos de emisión de la UE. Quince Estados de EE UU y cuatro provincias australianas quieren participar en nuestro mercado. Canadá y Japón están elaborando sus propios mercados de derechos de emisión . La Comisión europea estudiará la posibilidad de conectar el mercado europeo con los que están surgiendo en el mundo. Podría ocurrir que los objetivos de Kioto se cumplan sin que el Protocolo entre formalmente en vigor." - concluye de Roo.



Nota editorial: El mecanismo para el desarrollo limpio (MDL) y la aplicación conjunta (AC) fueron creados por el Protocolo de Kioto para posibilitar a los Gobiernos cumplir con sus compromisos de reducción de las emisiones de gases de invernadero desarrollando proyectos de reducción de estas emisiones en otros países. Estos "mecanismos flexibles" tienen como objetivo una reducción de las emisiones a nivel global en una forma eficaz mientras que se transfieren tecnologías avanzadas a los países en desarrollo.

Con ciertas restricciones, la "directiva de vinculación" reconoce los créditos obtenidos por MDL y AC como equivalentes a creditos internos a utilizar en el interior de la UE. Esto significa que las empresas europeas podrán realizar proyectos de reducción de los gases a efecto invernadero en el mundo y utilizar estos créditos en el sistema de comercio de derechos de emisión de la UE.

El acuerdo aprobado hoy entre Parlamento Europeo y Consejo de Ministros aporta los siguientes cambios a la propuesta de la Comisión:

- Se elimina la precondición de que el Protocolo de Kioto entre en vigor para que estos mecanismos flexibles puedan desarrollarse;

- Los créditos se reconocerán a partir de 2005;

- Cualquier inclusión de créditos resultantes de proyectos domésticos tendrá que ser decidida en un procedimiento de co-decisión con el Parlamento Europeo en la base de una propuesta de la Comisión europea a presentar antes de 2006;

- Cualquier proyecto de producción hidroeléctrica de más de 20 MW propuesto por los Estados Miembros de la UE deberá respetar las recomendaciones de la Comisión Mundial sobre Presas de las Naciones Unidas;

- La Comisión analizará los proyectos hidroeléctricos aprobados de más de 500 MW y podrá prohibir la utilización de los créditos resultantes como derechos de emisión a partir de 2006 por sus impactos sociales y medioambientales;

- Los Estados miembros podrán autorizar a los explotadores a utilizar reducciones certificadas de emisiones (RCE) a partir de 2005 y unidades de reducción de emisiones (URE) a partir de 2008 en el régimen comunitario. La utilización de RCE y URE a partir de 2008 se autorizará hasta un porcentaje de la asignación a cada instalación, que deberá ser determinado por cada Estado miembro en su Plan Nacional de Asignación;

- Las conclusiones acordadas en la Conferencia de las Partes en Marrakesh se extenderán para excluir la utilización de créditos derivados de actividades nucleares hasta el 2012;

- La Comisión estudiará después de la entrada en vigor del Protocolo de Kioto la posibilidad de conectar el mercado de derechos de emisión de la UE con mercados regionales de otros países que no han ratificado el Protocolo.


Fuente: COMUNICADO VERDES/ALE

enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias

EUROPA

Nunca Máis tal gestión de la crisis del Prestige. El Parlamento Europeo vota el informe de la comisión temporal del "Prestige"

El Parlamento Europeo ha aprobado hoy con el respaldo de Los Verdes/ALE el informe final de la comisión temporal sobre seguridad marítima conocida como comisión "del Prestige", y que fue instituída en otoño del año pasado para investigar las causas y las consecuencias del accidente del Prestige y proponer medidas que impidan que se repitan accidentes similares.


BRUSELAS

El saliente Gobierno español del Partido Popular ha salido malparado de los trabajos y las conclusiones de la comisión del "Prestige". El Parlamento ha condenado firmemente la decisión de alejar el buque en lugar de enviarlo a un puerto de refugio, así como la decisión de "criminalizar" al capitán Mangouras.

El Parlamento exige también la inmediata extracción del fuel del pecio y un tratamiento riguroso y rápido de los residuos derivados de la marea negra. En este sentido ha aprobado una enmienda presentada por Los Verdes/ALE y los socialistas que pide un control estricto por parte de la Comisión Europea de la gestión de los residuos para prevenir y detectar posibles incumplimientos de la directiva comunitaria sobre residuos.

El Parlamento desaprueba la decisión que tomaron en su momento las autoridades españolas de exclusión categórica de buques de riesgo de la zona de las 200 millas, dado que esta medida es jurídicamente impugnable, dificulta una asistencia rápida y eficaz a los buques en dificultades y a sus tripulaciones y conduce a que los buques rodeen la zona, con lo que el problema se desplaza o incluso se aumenta.

"Los Verdes/ALE nos felicitamos también de la aprobación de su enmienda que reconoce la persistente gravedad de la contaminación tras el accidente del Prestige, que afecta todavía por lo menos a 300 puntos de la costa gallega y a otras costas del Golfo de Vizcaya, incluídos numerosos enclaves de la red Natura 2000, y solicita la inmediata inclusión en la red Natura 2000 de los enclaves propuestos situados en dicha región, así como la adopción de planes de recuperación medioambiental para tales enclaves." - declara Marie-Anne Isler Béguin, europarlamentaria verde francesa que contribuyó a la institución de la comisión temporal.

"En la votación de este informe en la comisión temporal, los verdes nos habíamos abstenido al considerar que las propuestas de medidas de reforma de la seguridad marítima para el futuro eran débiles. En el pleno hemos logrado avances importantes gracias a nuestras enmiendas que piden la elaboración de protocolos comunes de prevención, actuación y reparación en caso de catástrofes; el establecimiento de un régimen de responsabilidad ampliado a todo el entramado societario del transporte marítimo y a las autoridades públicas responsables de la seguridad marítima; y la mejora de las condiciones de vida, de trabajo, de pago y de formación de los profesionales del mar. Esperamos ahora que la Comisión Europea presente un nuevo paquete legislativo "Prestige" teniendo en consideración estas propuestas" - añade Gérard Onésta, Vice-Presidente del Parlamento Europeo del grupo Verdes/ALE .

El Parlamento ha aprobado también la petición de los Verdes/ALE a la Comisión para que presente un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la relación de las sociedades europeas del tráfico marítimo con los Estados de pabellón de conveniencia.


La única nota discordante del voto ha sido el rechazo por cuatro votos (232/236) de la propuesta de los Verdes/ALE de crear un organismo de protección civil a escala europea que operaría en el territorio y en las aguas circundantes de la UE de conformidad con un plan de emergencia preestablecido, y sería capaz de reaccionar ante varias catástrofes de forma simultánea, contando también con el trabajo de los voluntarios. Los Verdes/ALE consideran que la experiencia del Prestige demuestra que es necesaria una coordinación internacional de las acciones de limpieza que pueda compensar eventuales carencias locales en la gestión de las crisis.


Fuente: COMUNICADO VERDES/ALE

enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias

EUROPA

Informe Prestige del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo cuestiona el actual regimen de responsabilidad del transporte marítimo

La organización ecologista Greenpeace ha mostrado su satisfacción por el informe final conocido hoy del Parlamento Europeo sobre la catástrofe del Prestige. Para Greenpeace las enmiendas finales aprobadas mejoran sustancialmente el texto inicial, y corrobora en gran medida las tesis que la organización ha venido defendiendo sobre la catástrofe. Entre ellas:

El Parlamento Europeo hace un llamamiento a la creación de un nuevo régimen de responsabilidad en materia de transporte marítimo, que se extienda a toda la cadena de transporte. Aunque el informe no lo especifica, Greenpeace demanda que ese nuevo régimen sea de responsabilidad ilimitada.

El informe critica la decisión del gobierno español de alejar el buque de la costa. Este hecho deja en evidencia tanto al gobierno español que adoptó la decisión, como a la propia Comisión Europea que archivó una queja de Greenpeace que denunciaba el alejamiento del buque.

Hace un llamamiento a la protección de zonas costeras, en la línea del informe que Greenpeace presentó un año después de la catástrofe, en el que solicita el establecimiento de una Red de Areas Marinas protegidas en las costas del Cantábrico y Atántico.

"El informe aprobado hoy por el Parlamento Europeo es un tremendo varapalo a la gestión de la crisis del Prestige realizada por el Gobierno español, pero va mucho más allá: es también el reconocimeinto de que hasta ahora no se han producido cambios legislativos que garanticen una mayor protección del medio marino. Las recomendaciones del Parlamento deben convertirse en legislación en el plazo más breve posble" ha declarado Juan López de Uralde, Director de Greenpeace en España


Fuente: GREENPEACE
Enlace: http://www.greenpeace.es

enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias

LATINOAMÉRICA


LATINOAMÉRICA

Colombia-EEUU: Un trago amargo de Coca Cola

Coca Cola es considerada símbolo de juventud, diversidad y globalización. Pero para activistas de Estados Unidos representa todo lo contrario: muchos se abstienen de beberla, y acusan a la poderosa compañía que la produce de violar los derechos humanos en Colombia.


NUEVA YORK

Lenore Palladino, estudiante universitaria de 23 años que reside en Nueva York, trata, con ardor, de incorporar a otros jóvenes a la lucha contra el mayor símbolo de consumismo masivo del planeta.

”Como estudiantes, tenemos poder”, dice Palladino, con voz suave y confiada. Frente a ella, un pequeño grupo de jóvenes la escuchan sentados en semicírculo alrededor de una enorme caja de pizza.

Es un domingo de tarde en el noveno piso del Kimmel Center, el más lujoso de los edificios de la Universidad de Nueva York.

”Queremos que las universidades rompan sus contratos con Coca Cola. No más Coca Cola en los comedores, no más Coca Cola en máquinas expendedoras”, dijo Lenore.

Numerosos estudiantes planean en Nueva York presionar a las juntas universitarias para que retiren sus inversiones de la multinacional poseedora de la franquicia del refresco más popular del mundo, y para que pongan fin a todo tipo de vínculo con la compañía.

Se trata de una campaña en la que participan estudiantes, sindicatos y activistas de derechos humanos de Colombia y Estados Unidos.

Coca Cola es acusada de violación de derechos laborales, tortura, secuestro y asesinato de trabajadores en plantas embotelladoras de la compañía, denuncia pública contradictoria con la imagen de alegría, amistad y tolerancia que exhibe la marca.

Desde los años 90, según los universitarios, Coca Cola ha contratado paramilitares para intimidar y asesinar a sindicalistas de Colombia, país envuelto desde hace medio siglo en un sangriento conflicto que involucra a guerrillas izquierdistas, paramilitares derechistas, narcotraficantes y fuerzas del gobierno.

Con frecuencia, los sindicalistas son asimilados a los guerrilleros por paramilitares y fuerzas del gobierno.

La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) indicó que 70 dirigentes sindicales colombianos fueron asesinados en 2003. Fueron menos que los 184 muertos en 2002. De todos modos, la CIOSL advirtió que el gobierno de Alvaro Uribe se ha dedicado a criminalizar la protesta social.

Los activistas anti-Coca Cola advierten que la empresa de matriz estadounidense se ha aprovechado de este ambiente para cometer abusos.

Dos abogados estadounidenses, Daniel Kovalik y Terry Collingsworth, presentaron en 2001 en un tribunal federal en Miami una querella contra The Coca Cola Company, con sede en la meridional ciudad de Atlanta.

La portavoz de la multinacional Lori George Billingsley calificó las acusaciones de ”completamente falsas”. ”Por desgracia, Colombia continúa siendo un lugar peligroso y difícil para vivir y trabajar”, sostuvo.

”La violencia afecta a muchas personas de todos los sectores, y no se limita a los sindicalistas”, añadió Billingsley, entrevistada por correo electrónico.

LAS ACUSACIONES

El 5 de diciembre de 1996, el sindicalista Isidro Gil trabajaba como portero en una planta embotelladora de Coca Cola en el pequeño poblado colombiano de Carepa. De repente, según la versión de los activistas, un grupo de hombres armados atravesaron la entrada y le dispararon 10 veces.

Al día siguiente, el grupo regresó a la fábrica y reunió a los trabajadores para advertirles que los matarían si no renunciaban al sindicato, agregaron.

”Había demasiados testigos”, dijo Jana Silverman, estudiante de la Universidad de Columbia para quien lo ocurrido entonces es apenas la punta del iceberg.

”Desde los años 90”, los embotelladores de Coca Cola en Colombia ”mataron a nueve trabajadores”, el último de ellos Adolfo Munera, en 2002 y en la ciudad de Barranquilla, agregó Silverman, quien se mudará a Colombia en los próximos meses.

Por ahora, desde Nueva York, la estudiante envía mensajes electrónicos para promover su causa. También participa en marchas pacíficas para exigir el fin de la guerra civil en Colombia y exhorta a Coca Cola a abandonar la práctica de perseguir sindicalistas y a compensar a los familiares de Gil y de otras víctimas.

La muerte de Gil es el episodio central de la querella contra Coca Cola.

En la demanda, el sindicato colombiano Sinaltrainal, la Fundación pro Derecho Laboral Internacional y los Trabajadores Unidos del Acero de Estados Unidos acusan a los embotelladores de Coca Cola de ”contratar o dirigir a fuerzas paramilitares de seguridad que utilizaron violencia extrema y asesinaron, torturaron, detuvieron ilegalmente y silenciaron a sindicalistas”.

En marzo de 2003, el tribunal falló que no había base legal para que The Coca Cola Company fuera responsabilizada por las conductas de sus embotelladoras en Colombia. Kovalic y Collingsworth apelaron la sentencia. ”Esta demanda puede tomar unos años”, reconoció Kovalic vía telefónica desde su oficina en Pittsburgh.

Para el abogado, no hay dudas de que la multinacional es directamente responsable de los delitos que se le imputan. Pero la compañía niega toda responsabilidad.

”Todos estos embotelladores fabrican Coca Cola, operan bajo un acuerdo de franquicia con Coca Cola, solo existen para fabricar Coca Cola, recaudan beneficios para Coca Cola y Coca Cola las controla. ¿Coca Cola es culpable? Absolutamente”, afirmó.

Kovalic y Collinsworth invocan una ley aprobada en Estados Unidos en 1789, la Ley de Demandas por Torturas en el Extranjero (ATCA), concebida originalmente para resolver conflictos entre piratas y países extranjeros.

La ATCA permite a los extranjeros presentar demandas ante tribunales estadounidenses por violaciones de derechos humanos.

”La situación en Colombia es trágica, y sentimos compasión por su pueblo. De todos modos, la realidad en Colombia es que ni The Coca Cola Company ni sus embotelladores asociados son cómplices, de ninguna manera, con actos de violencia contra sindicalistas o contra nadie”, aseguró la portavoz empresarial Billingsley.

¿SIEMPRE COCA COLA?

La lucha ha llegado a Internet, donde diversos sitios contienen información a favor y en contra del refresco. Entre los críticos figuran ”Stop Killer Coke” (”Basta de Coca Asesina”, en http://www.killercoke.org), que presenta documentos e ilustraciones caricaturescas.

Su creador, Ray Rogers, de 59 años, es un consultor de sindicatos que encabeza la organización Corporate Campaign Inc. ”No necesito ir a Colombia para trabajar noche y día por esto. La solución está, principalmente, en Estados Unidos”, dijo.

Rogers diseñó afiches y autoadhesivos con la frase ”Killer Cola” (”cola asesina”) imitando el logotipo del refresco.

The Coca Cola Company reaccionó creando una página en un dominio similar, http://www.killercoke.com. Este sitio contiene enlaces a información adicional con la versión empresarial de los hechos.

”Coca Cola ha dicho que muchos de nosotros estamos vinculados con movimientos guerrilleros. Eso es mentira. Una vez, acusó a tres compañeros de instalar una bomba en una fábrica. Era falso, pero la policía los detuvo seis meses”, dijo el dirigente de Sinaltrainal Gonzalo Quijano.

En 1997, Quijano, de 40 años, debió abandonar su ciudad, Barranquilla, amenazado de muerte por los paramilitares. Se trasladó entonces a Bogotá. ”Hoy, el ambiente en las plantas de Coca Cola es de incertidumbre, porque despiden a mucha gente”, afirmó.

Quijano sostuvo que en Colombia cunde la impunidad, pues el sistema judicial protege a las clases privilegiadas. Por eso, explicó, los sindicatos deben apelar a los tribunales estadounidenses.

La comunidad colombiana en Nueva York designó a una delegación que viajará al país latinoamericano para analizar los hechos. Uno de los miembros es el estadounidense José Schiffino, organizador de sindicatos que hoy participa en la campaña contra Coca Cola.

”Muchas compañías multinacionales cometen abusos en todo el mundo, y por eso queremos castigar a Coca Cola: para enviar un fuerte mensaje a las otras”, explicó Schiffino, hijo de una colombiana.

Este empleado sindical afirma no tener resentimientos contra Coca Cola, si bien evita beber el refresco. Su lucha es de principios y valores, de identificación con los trabajadores colombianos, sostuvo.

Pero ”me encanta la Coca Cola, y la extraño”, lamentó


Fuente: NéFER MUñOZ (IPS)
Enlace: http://www.ipsenespanol.net/

enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias

MUNDO


MUNDO

La República Dominicana también retira sus tropas de Irak

La decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de retirar lo antes posible las tropas españolas de Irak sigue provocando reacciones parecidas en otros países. Ayer, el presidente dominicano, Hipólito Mejía, dispuso la retirada de los soldados de su país de Irak "a la mayor brevedad posible", anunció el secretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez.

Soto Jiménez confirmó a la agencia EFE anoche que Mejía dio ayer la orden de regreso de la Fuerza de Tarea Quisqueya, integrada por unos 300 soldados, tras la decisión del Gobierno español de retirar la Brigada Plus Ultra de Irak. "Ahora se está comunicando la salida de los soldados dominicanos por los cauces diplomáticos", dijo el ministro.

Las declaraciones de Soto se producen después de que Mejía dijese ayer a los periodistas que habló con su homólogo de Honduras, Ricardo Maduro, y anunciara que tomaría una decisión sobre la estancia de las tropas dominicanas desplegadas en Irak. También se dan después de que el pasado domingo el gobernante dijese al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que los soldados cumplirían con el "compromiso hasta julio".

Las tropas de la República Dominicana en Irak, junto a contingentes de Honduras y El Salvador, están bajo el mando de la Brigada Plus Ultra, que comanda el Ejército español. Honduras anunció ayer la retirada de sus tropas de Irak, un día después de que España comunicase también la misma medida.

La República Dominicana envió a Irak en febrero 300 soldados, que sustituyeron a otro grupo que regresó a principios de año tras cumplir su tarea en el país árabe.


Fuente: CADENA SER
Enlace: http://www.cadenaser.com

enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias

MUNDO

Guantanamo: El agujero negro de los derechos humanos

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que evita habitualmente sentar a los países poderosos en el banquillo de los acusados, pondrá a prueba su credibilidad este jueves cuando trate el planteo cubano de pedir explicaciones a Estados Unidos sobre la situación de los detenidos en su base de Guantánamo.


GINEBRA

La sesión anual en su sede de Ginebra del máximo organismo humanitario de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) se deslizaba imperturbable hacia su finalización el próximo fin de semana hasta que Cuba sacudió el tablero y complicó la partida con la cuestión del enclave militar estadounidense en el extremo sudoriental de esa isla caribeña.

El gobierno cubano de Fidel Castro demandó a la Comisión que reclame a Washington un informe sobre las condiciones de vida y el estatus jurídico de unas 600 personas detenidas en la base naval de Guantánamo desde la guerra de Afganistán de fines de 2001.

Por ahora, las censuras de la Comisión se limitan cada vez más a los países aislados políticamente, coincidió Joanna Weschler, una de las directoras de Human Rights Watch, el grupo independiente con sede en Nueva York.

La propia Comisión pareció darle la razón a esta organización humanitaria el jueves pasado, cuando aprobó resoluciones críticas contra Cuba, Turkmenistán, Corea del Norte y Belarus, pero rechazó decisiones similares contra China, Zimbabwe (apoyado por el grupo africano) y contra Rusia por la situación en Chechenia.

Aunque esta vez el calibre del acusado es completamente diferente, pues Estados Unidos constituye en la práctica un monobloque dentro de la Comisión.

Con su oposición, Washington impide el consenso en múltiples temas, en particular los relacionados con Medio Oriente y con los derechos económicos, sociales y culturales, que obstruye de manera sistemática, acompañado este año por Australia.

En el otro rincón de la disputa aparece Cuba, debilitada por el voto adverso, aunque ajustado, que aprobó la resolución en su contra presentada por Honduras, aunque promovida claramente por Washington.

Tampoco le favorece a Cuba su argumento de que Estados Unidos viola en Guantánamo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, uno los basamentos del sistema de derechos humanos de la ONU.

Cuba, lamentablemente, no ha ratificado ese tratado, observó Alfred de Zayas, un jurista cubano-estadounidense profesor del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra.

En relación con esa omisión, la delegación cubana distribuyó este martes un texto revisado de su proyecto de resolución sobre Guantánamo, en el que suprimió todas las menciones a Estados Unidos como país miembro del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Pero De Zayas admitió la violación de Estados Unidos porque no reconoce que el Pacto se aplica también en Guantánamo, un territorio bajo su jurisdicción.

Un alto magistrado de la justicia británica, Lord Johan Steyn, opinó que la justicia deparada a los prisioneros de Guantánamo no se compadece con las mínimas normas internacionales de un juicio justo.

Steyn dijo que Guantánamo representa ”un fracaso monstruoso de la justicia”.

Además, el estatus legal de los detenidos replantea al mismo tiempo el antiguo problema de la posesión del territorio donde Estados Unidos instaló la base naval de Guantánamo.

De Zayas recordó, en un encuentro con periodistas, que Estados Unidos arrendó ese territorio cubano destinado a los fines exclusivos ”navales y de aprovisionamiento de carbón”.

La Habana sostiene que Washington ha violado esos términos, porque utilizó la base antes como de internación de refugiados haitianos y ahora de prisioneros de guerra.

Desde 1959, apenas asumido el gobierno revolucionario de Castro, Cuba dejó de percibir el arriendo de poco más de 4.000 dólares anuales e informó a Washington de su deseo de poner fin al convenio.

Empero, Estados Unidos replica que el arrendamiento sólo puede cancelarse por un común acuerdo.

Con esas facetas, la cuestión de Guantánamo planteada ante la Comisión adquiere otra importancia, evaluó Hardeep Puri, representante de India. La cuestión ya no se reduce a un voto favorable o negativo a la resolución, dijo.

Hasta este miércoles, India no había decidido todavía su voto, reconoció Puri a IPS.

Tampoco en la Unión Europea había consenso y se esperaba una decisión política de Bruselas, pues los países miembros de este bloque representados en la Comisión se dividían entre partidarios del voto negativo y de la abstención.

En tanto, los países de América Latina tenían dificultades para presentar una posición común. Fuentes cercanas a los representantes de esa región adelantaron la posibilidad de que Argentina, Brasil y Paraguay vuelvan a abstenerse, como hicieron hace una semana ante la resolución de condena a Cuba.

Mientras, Amnistía Internacional observó este martes que durante más de dos años se han levantado muchas voces de condena por la situación en Guantánamo que reflejan preocupación porque Estados Unidos está sentando un precedente peligroso en su política de detenciones de la guerra contra el terrorismo.

La organización, con sede en Londres, dijo que otros gobiernos se amparan en el ejemplo de Guantánamo para justificar sus propias conductas abusivas.


Fuente: GUSTAVO CAPDEVILA (IPS)
Enlace: http://www.ipsenespanol.net

enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias

MUNDO

EE UU se queda solo defendiendo en la ONU la pena de muerte para niños. 52 países aprueban una resolución que insta a abolir las ejecuciones de menores de 18 años

Estados Unidos se quedó ayer solo en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU al votar contra una resolución que reclama abolir la pena de muerte para menores de 18 años y apoya los derechos del niño. Un total de 52 Estados -incluso China, que es el único país, además de EE UU, que aplicó la pena capital a un menor el año pasado- aprobaron el texto. Washington justificó su rechazo apelando al "sistema federal", que permite ese castigo en algunos Estados del país, y añadió que la resolución "choca con la autoridad de los padres".

La resolución de la ONU -que también pide eliminar la violencia contra las mujeres y recaba el esfuerzo de los Estados en favor de los desaparecidos y desplazados en conflictos y un trabajo específico dentro de la organización internacional en defensa de los derechos de las poblaciones indígenas- plantea un abanico de reivindicaciones de protección a los menores. De ellas, la pena de muerte es la más llamativa: según datos de Amnistía Internacional (AI), en la última década han sido ejecutados en el mundo 21 menores, 13 de ellos en Estados Unidos.

Washington se negó ayer a aprobar un texto que pide abolir la pena de muerte para menores delincuentes, y calificó de "inaceptable" la afirmación de que la Convención de los Derechos del Niño "debe constituir la norma en la promoción y protección" de esos derechos. La postura estadounidense se justificó en el ordenamiento federal del país, con diversas "disposiciones legales" que permiten en algunos casos condenar a menores a la pena capital. La exigencia de la resolución de extremar la protección de los menores fue desestimada por Estados Unidos porque "choca con la autoridad de los padres".

Dos presos estadounidenses, Efraín Pérez y Mauro Barraza, aguardan su ejecución a últimos de junio por delitos que cometieron cuando tenían 17 años, denuncia la campaña contra ese castigo lanzada en enero pasado por AI. Según la legislación estatal de Virginia, John Lee Malvo, uno de los francotiradores de Washington que mataron a 10 personas en esa ciudad en 2002, podía ser condenado a la pena capital aunque tenía 17 años cuando cometió los crímenes, pero el jurado le sentenció a cadena perpetua.

Desde 1990, señala AI, ha habido 34 ejecuciones de menores en Estados Unidos, Arabia Saudí, China, Irán, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo y Yemen. "La mayoría de esos Estados", dice AI, "han modificado ya sus leyes para prohibir el uso de la pena de muerte contra menores, convirtiendo a Estados Unidos en el único que reconoce abiertamente llevar a cabo este tipo de ejecuciones y que defiende su derecho a hacerlo".

La resolución de la ONU insta a garantizar que la detención de un niño sea "el último recurso", reclama que sean "separados de los reclusos adultos" y exhorta a los Gobiernos a proteger a los menores de la tortura. Además, invita a los Estados a firmar o ratificar el Protocolo Adicional de la Convención de la ONU sobre Delincuencia Transnacional, para combatir el tráfico de niños, y anima a los legisladores a tipificar como delito la explotación sexual de menores, incluyendo la pornografía, el turismo sexual pederasta y la venta de niños o de sus órganos.

En cuanto a la legalidad de la pena de muerte en general, AI cifra en 117 los países abolicionistas y en 78 los que siguen manteniéndola.


Fuente: EL PAÍS
Enlace: http://www.elpais.es

enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias

MUNDO

Iraq-Estados Unidos: El fiasco petrolero

Al cabo de un año de perpetrada, la invasión de Iraq resulta un fiasco para los propósitos petroleros de Estados Unidos de largo alcance, como disponer de crudo seguro, abundante y barato y lograr una influencia decisiva para quebrar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).


CARACAS

La extracción y el transporte de crudo en territorio iraquí están minados de peligros, incluido el riesgo personal de los extranjeros que laboran para las compañías operadoras. Sólo la compañía estadounidense Halliburton, mimada de las licitaciones petroleras en Iraq, ha perdido 29 empleados y contratistas.

La producción es menor que antes del 20 de marzo de 2003, fecha en que se inició la invasión, y los precios del petróleo son un tercio más altos.

El crudo estadounidense West Texas Intermediate (crudo dulce ligero) se vendió la última semana a 37,10 dólares el barril de 159 litros (era de 29 dólares un año atrás), en tanto la OPEP valoriza su cesta de siete crudos a 32,59 dólares, contra promedios de 28 dólares el año pasado y de 24 en 2002.

La producción iraquí apenas pasa de los dos millones de barriles por día, en un mundo que consume 40 veces esa cantidad, y los restantes socios de la OPEP -especialmente Arabia Saudita- mantienen de hecho el monopolio de incrementar la producción en un corto plazo para atender demandas del mercado.

La invasión y ocupación ”representa un fiasco para una inversión gigantesca”, dijo a IPS Francisco Mieres, profesor del postgrado en economía petrolera de la Universidad Central de Venezuela.

”Estados Unidos aspiraba a que, al cabo de un año, la producción iraquí superase los tres millones de barriles, y de un crudo que pudiera pagar a 15 dólares el barril”, agregó.

Si bien compañías estadounidenses han obtenido ”tajadas del negocio petrolero en Iraq casi de modo gratuito”, para Estados Unidos ”es sumamente elevado el costo de custodiar el petróleo del Medio Oriente”, sostuvo Mieres.

Antes de la invasión a Iraq, ”el Pentágono ya gastaba 60.000 millones de dólares anuales para sostener su dispositivo militar en Medio Oriente. Aunque Arabia Saudita le vende crudo con descuento de un dólar por barril, los costos militares hacen que cada barril cueste a Estados Unidos alrededor de 200 dólares”, aseveró.

La invasión, recordó el experto, ha agregado 87.000 millones de dólares anuales al presupuesto militar de Estados Unidos, cuyas cuentas públicas están en déficit.

Para el estadounidense medio, el drama petrolero tiene una traducción inmediata: la gasolina cuesta 1,76 dólares por galón (3,8 litros), 30 centavos más que en marzo de 2003, y la expectativa es de un precio aun mayor este año, signado por las elecciones de noviembre, en las que el presidente George W. Bush buscará la reelección.

John Kerry, aspirante del opositor Partido Demócrata a la presidencia, bromeó incluso con el tema: la gasolina sube tanto que, cuando Bush y su vicepresidente Dick Cheney dejen la Casa Blanca en enero, ambos deberán tomarse el mismo taxi.

En el frente petrolero, ”Estados Unidos obtuvo una victoria militar, pero una derrota política, porque todo indica que en breve no habrá abundancia de petróleo ni precios bajos. Particularmente no los habrá en Iraq”, dijo a IPS otro catedrático de economía petrolera, Víctor Poleo.

”El nivel mundial de los precios del petróleo estará dictado por la escasez. De lo que habrá abundancia será de conflictos por petróleo”, remarcó Poleo.

La presunta victoria militar ”tampoco ha aportado dividendos para Estados Unidos en la OPEP, que no ha reconocido al gobierno provisional iraquí, le concede sólo voz pero no voto en sus reuniones, y aguarda todavía el reconocimiento de (la Organización de las) Naciones Unidas”, dijo Mieres.

La OPEP está integrada por Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Arabes Unidos, Indonesia, Irán, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela. Bagdad está excluido de su sistema de cuotas y de las decisiones sobre aumentos o recortes de producción.

”Incluso Arabia Saudita, que en ocasiones ha sido complaciente con Estados Unidos, se desmarca de Washington”, observó Mieres. Antes de la reunión de la OPEP en marzo, Bush llamó a varios líderes árabes para pedirles incrementos en la producción de crudo, pero la Organización, de la mano de los sauditas, rechazó la solicitud.

El ”Iraq testaferro” de Estados Unidos dentro de la OPEP no ha funcionado. En cambio, ha rendido buenos negocios para compañías estadounidenses, tanto procesadoras de crudo como de ingeniería petrolera, entre las que se destacan ”las asociadas con el directorio petrolero que gobierna en Washington”, según Poleo.

Entre ellas, Halliburton, que fue dirigida por Cheney antes de que asumiera la vicepresidencia, ChevronTexaco, de la que fue ejecutiva la consejera de Seguridad Nacional Condoleezza Rice, Unocal, Saic y Bechtel, también vinculadas al gobernante Partido Republicano.

Halliburton es la más emblemática, porque su subsidiaria Kellog, Brown & Root obtuvo un paquete de 8.000 millones de dólares para prestar servicios a Washington en Iraq, de los cuales 1.200 millones son para recuperar la infraestructura petrolera en el sur del país árabe.

La compañía anunció que reembolsará al gobierno 27 millones de dólares que cobró de más por el suministro de comidas a las tropas estadounidenses, y medios de prensa dan cuenta de que en las negociaciones por obtener contratos hubo sobornos por seis millones de dólares.

Las operaciones de estas compañías se realizan sobre secciones de la empresa petrolera estatal iraquí Inoc, sometida a una reestructuración por las autoridades de ocupación, que la integraron al Ministerio de Energía del gobierno provisorio.

La situación de insurgencia, con regulares focos de rebelión y ataques a las fuerzas ocupantes y a los occidentales en general, es un obstáculo central para la recuperación petrolera.

Empresas de otros países, como la rusa Lukoil y la francesa TotalFinaElf, que habían negociado contratos de exploración y explotación durante el régimen de Saddam Hussein (1979-2003), ”se mantienen allí, pero precariamente”, según Mieres, ex embajador de Venezuela en Moscú.

El 12 de abril, 12 trabajadores petroleros rusos fueron secuestrados por iraquíes que resisten la ocupación, y puestos en libertad al día siguiente. Entonces Moscú instó a los rusos y ucranianos que trabajan en Iraq (la mayoría en la industria petrolera) a abandonar el país.

Mientras, Lukoil discute nuevamente con autoridades de Bagdad la explotación del campo West Qurnah-2, en el sur iraquí, que contendría 6.000 millones de barriles en reservas, es decir, un cinco por ciento del total de Iraq.

Pero en tanto llega el lejano día de iniciar la extracción de ese petróleo, Lukoil ha debido ocuparse de suministrar derivados a Iraq. En marzo firmó un contrato para vender cada trimestre a Bagdad 180.000 toneladas de gasolina (1,3 millones de barriles) y 130.000 toneladas de combustible diesel, lo que ilustra la incapacidad en que se encuentra el parque refinador iraquí.

”La geopolítica de fuerza ha traído una cruel paradoja”, argumentó Poleo. ”Los soldados de Cheney (y del secretario de Defensa Donald) Rumsfeld, que son soldados Halliburton, destruyen Iraq, y los ingenieros de Halliburton, que son ingenieros de Cheney-Rumsfeld, lo reconstruyen”, ironizó.


Fuente: HUMBERTO MáRQUEZ (IPS)
Enlace: http://www.ipsenespanol.net

enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias

OPINIÓN Y ANÁLISIS


OPINIÓN Y ANÁLISIS

La economía 'insostenible' legada por Aznar, por Roberto Bermejo


PROFESOR DE LA UPV/EHU Y MIEMBRO DE BAKEAZ

La política ambiental del nuevo Gobierno socialista no va a ser nada fácil. El legado del Ejecutivo de Aznar por lo que se refiere a la creación de una economía sostenible -deber de todos los Estados comunitarios desde que la Unión Europea aprobó su Estrategia de Desarrollo Sostenible- es muy negativo. Algunos comportamientos ilustran el talante que han tenido los Gabinetes de Aznar sobre este tema:

-Los diferentes gobiernos del Partido Popular han venido bloqueando la aprobación de las dos propuestas de directiva sobre fiscalidad energética presentadas por la Comisión. Una, que pretendía gravar las emisiones de CO2, ha acabado siendo retirada ante la posición inamovible del Gobierno español. La otra, que aspiraba a reducir la disparidad existente en la Unión Europea en cuanto a impuestos sobre carburantes elevando los más bajos, ha sido finalmente aprobada, pero en función de una propuesta del Gabinete español que eliminaba su potencial transformador. Esta postura constituye un freno al avance de la eficiencia energética.

-Con ocasión de la presidencia española de la Unión Europea (primer semestre de 2002), el Gobierno elaboró un documento en el que señalaba las prioridades de la misma. No había una sola palabra sobre la sostenibilidad. El resultado es que el proceso impulsado un año antes por la presidencia sueca (que dio lugar a la citada Estrategia) se vio interrumpido.

-El Ministerio de Medio Ambiente ha destinado el 80% de su presupuesto a obras hidráulicas; es decir, se ha dedicaso a destruir el entorno, en vez de a protegerlo.

-Recientemente el Buró Ambiental Europeo -organismo de representación oficial ante la Unión Europea de la mayor parte de las asociaciones ecologistas- realizó un balance de la gestión de la Comisión que incluye una valoración de la actuación de los comisarios siguiendo una simbología de tres caras: la sonriente indica que el problema se está resolviendo; la neutra, que no se resuelve; y la triste, que está empeorando. Todos los comisarios reciben calificaciones según este sistema, excepto Loyola de Palacio, que ha sido valorada con la bandera pirata, por su sistemática oposición a las políticas comunitarias de desarrollo sostenible (en clara sintonía con su partido). Lo cual obliga a menudo a la Comisión a rebatirla públicamente, hecho insólito en la Unión Europea.

La Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea «reitera su compromiso de cumplir los objetivos de Kioto y efectuar para 2005 progresos tangibles en la realización de estos compromisos». La Comisión viene informando de que el Estado español es el que alcanza el mayor incumplimiento. A pesar de que el compromiso global de la Unión Europea es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 8% para 2010 en relación con los niveles de 1990, a España se le permite un incremento del 15%. En este momento sus emisiones son aproximadamente un 40% más altas que en 1990; es decir, para cumplir su compromiso debe disminuir las emisiones en 25 puntos en el período que queda. La última declaración polémica de Loyola de Palacio es que hay que revisar a la baja el compromiso. Sin embargo, todos los informes sobre cambio climático coinciden en que la Península Ibérica es una de las zonas del mundo más severamente afectadas por el mismo. El informe Acacia de la Unión Europe! a sobre el cambio climático estima que las precipitaciones ya han disminuido un 20% en el sur de Europa, y prevé olas de calor tan importantes que el turismo se desplazará hacia el norte del continente. Un informe del Instituto Geominero, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, declara que a mediados de este siglo la mitad sur de la Península Ibérica se habrá desertizado y la otra mitad perderá importantes recursos hídricos.

La Estrategia declara que «una política de transporte sostenible debería ( ) fomentar el uso de modos de transporte inocuos para el medio ambiente» y «disociar de forma significativa el crecimiento del transporte y el crecimiento del PIB». Sin embargo, España está a punto de rebasar a Alemania en el número de kilómetros de autovías/autopistas (Fomento quería alcanzar para el final de la década 13.000 kilómetros, frente a los 11.200 previstos por Alemania), y cuando esto ocurra será el segundo país del mundo, sólo superado por Estados Unidos. El Gobierno de Aznar pretendía que España fuese al final de la década el primer país europeo en kilómetros de líneas ferroviarias de alta velocidad, con 7.200 kilómetros, «superando a Francia o Alemania», según Álvarez Cascos. Los resultados: el tráfico crece más rápidamente que el PIB; la contaminación, el ruido y la congestión continúan aumentando; la cuota de mercado en mercancías del ferrocarril es sólo del 4% y sigue bajando; el Est! ado debe asumir una enorme carga financiera porque muchas de las infraestructuras no van a sufragar ni siquiera los costes de gestión.

La Estrategia declara la necesidad de la «utilización sostenible de los recursos naturales ( ) de forma que se mantenga la diversidad biológica, se conserven los ecosistemas y se evite la desertización». En un informe, de diciembre de 2003, la Comisión señaló los incumplimientos por parte de los Estados de la normativa ambiental comunitaria. El primero es el español (79 incumplimientos), seguido de Italia (70) y Grecia (61). Este primer puesto de España viene siendo habitual. Hemos visto que el ritmo de construcción de infraestructuras de transporte del Gobierno español no tiene parangón en el mundo. Éstas fragmentan los hábitats y generan un impacto ecológico adicional sobre un territorio 19 veces mayor que el ocupado. La Ley del Agua y la de Costas se incumplen sistemáticamente. La Ley del Suelo del Partido Popular permite la libre disposición del suelo para la construcción. El Plan Hidrológico Nacional incumple sistemáticamente la normativa comunitaria sobre protección de! espacios naturales. El accidente del 'Prestige' es un monumento a la incompetencia. Como resultado de ello, el consumo de recursos naturales crece por encima de la economía.

¿El Gobierno de Aznar ha sacrificado el medio ambiente en aras del crecimiento económico, y la Unión Europea y gran parte de los Estados comunitarios hacen lo contrario? No, éstos buscan garantizar el crecimiento protegiendo los recursos naturales. La Comisión Europea afirma que «el desacoplamiento entre el crecimiento económico y la degradación ambiental es el objetivo central de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE». Éste es también el objetivo principal de las Estrategias de Desarrollo Sostenible de numerosos Estados europeos, de la OCDE, etcétera. Todo ello coincide con la Estrategia Económica aprobada por el Consejo de Lisboa, la cual pretende convertir la economía europea en una «economía basada en el conocimiento». Con la 'economía del ladrillo y del hormigón' y con una aportación a I+D en torno al 1% del producto económico (y muy centrada en el armamento), cuando la recomendación comunitaria es llegar al 3% en 2010, el futuro (próximo y lejano) del medio a! mbiente y de la economía española no puede ser más que muy negativo. Así que la economía española necesita un cambio radical para conducirla hacia la vía de la sostenibilidad. Ahora le corresponde al Gobierno socialista demostrar que es capaz de gestionar este cambio. De momento tomo nota del siguiente texto del Programa elctoral del PSOE: «Introduciremos progresivamente la exigencia de la sostenibilidad en todas las políticas a partir de una auténtica Estrategia Sostenible ( ). El avance hacia la sostenibilidad será asumido por el Gobierno en el máximo nivel de decisión».


Fuente: EL CORREO
Enlace: http://www.diario-elcorreo.es

enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias

OPINIÓN Y ANÁLISIS

Aznar, contra los intereses de España, por Pablo Sebastián

Mal que le pese al PP, los intereses de España en el mundo los representa hoy el Gobierno de la nación que preside José Luis Rodríguez Zapatero tras las elecciones democráticas del pasado 14 de marzo. Y ese Gobierno legítimo y democrático ha decidido la retirada de las tropas españolas de Iraq, de acuerdo con el programa electoral del PSOE, que fue apoyado mayoritariamente por los españoles, y con el sentimiento generalizado de la inmensa mayoría de los ciudadanos, que se han opuesto, desde sus inicios, a la participación española en la guerra de Iraq.

Por ello sorprende que el PP y sobre todo el ex presidente José María Aznar se hayan lanzado a una campaña para desacreditar al Gobierno de la nación ante otros gobiernos de países europeos y aliados de España. Y más aún que Aznar haya llamado al presidente Bush, su compañero de la inefable foto de las Azores, para ponerse de su parte y en contra del Gobierno de España, que es el que representa la voluntad democrática de los españoles, dañando los intereses de nuestro país en un intento desesperado e inútil por justificar la que fue una política errónea y catastrófica del PP que, entre otras cosas, le ha costado la pérdida del poder.

Allá ellos con su reivindicación obsesiva de la foto de las Azores y de la guerra ilegal de Iraq, porque de ese laberinto infernal no van a sacar nada bueno, sino el aumento de la indignación general de los ciudadanos. Y puede que otra derrota electoral en las elecciones europeas, en la que la opción europea de la oposición —que va a representar José Borrell por el PSOE— se va a contrastar con la opción atlántica de Aznar y del PP con la guerra de Iraq de telón de fondo.

La presunta leal oposición que anunciaba Rajoy en el debate de investidura está resultado una oposición desleal, no sólo con el Gobierno del PSOE, sino con España y los intereses generales de nuestro país. Buscando, por lo que se ve, que el Gobierno de Washington tome represalias en contra del Gobierno y del pueblo español, lo que hay que esperar que los Estados Unidos no hagan por respeto a las decisiones democráticas del Gobierno español y en defensa de sus intereses en España, que no son pocos. Empezando por las bases militares (de utilización conjunta pero de uso americano) como la de Rota, entre otras, que es una pieza estratégica crucial del despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Próximo.

En vez de intentar pasar la negra página de Iraq, que tan malas consecuencias le ha traído al PP, Aznar vuelve a las Azores, incumpliendo sus promesas de retirarse de la política, y mete en un nuevo lío al PP, donde sigue imponiendo sus tesis, malas maneras y obsesiones. Pero esta vez no dentro de la lógica y natural lucha partidaria en el territorio español, sino actuando en contra de España y del legítimo Gobierno de la nación.


Fuente: ESTRELLA DIGITAL
Enlace: http://www.estrelladigital.es

enviar noticia a un amigo | volver al índice de noticias

OPINIÓN Y ANÁLISIS

Oriente Medio: El fin de la lógica política y el triunfo del caos, por Gema Martín Muñoz


Gema Martín Muñoz es profesora de Sociología del Mundo Árabe e Islámico de la Universidad Autónoma de Madrid

El análisis de lo que está ocurriendo en Oriente Medio nos vaticina los más siniestros augurios si la llamada comunidad internacional no es capaz de reaccionar y poner un límite a la actuación de EE UU en Irak y de Israel en Palestina. Tanto el asesinato del chayj Yassin como la persecución desencadenada contra Múqtada al Sáder lo que nos muestran es una opción descarnada en contra de la lógica política y a favor del caos generalizado en esta región del mundo. La aplicación de la teoría del caos permite el ejercicio de la impunidad total. Todo se justifica para responder al caos. Por ello se eliminan interlocutores, como es el caso del chayj Yassin, o se inflaman los espíritus, como es el caso de los seguidores de Múqtada al Sáder. En ambos casos, se trata de un mismo pensamiento colonialista que sólo persigue, con el único instrumento de la fuerza, someter a las poblaciones autóctonas y que excluye toda lógica política de negociación con el identificad! o como enemigo.

Ariel Sharon, con el impune asesinato del chayj Yassin -seguido del de Abdelaziz Rantisi-, ha jugado claramente la carta del caos ante su repliegue unilateral de Gaza, al igual que lo ha hecho en Cisjordania frente a Al Fateh, garantizándose la ausencia de un interlocutor. El chayj Yassin, en contra de lo que habitualmente extiende la prensa internacional, había sido un actor sustantivo en la consecución de las diferentes treguas logradas con Hamás en los dos últimos años, así como estaba siendo una pieza clave en la estructuración de un Gobierno palestino viable en alianza con la Autoridad Nacional Palestina de cara al posible repliegue unilateral israelí en Gaza. Unido a esto, representaba en el seno de Hamás una voz que, frente a las más radicales, se había manifestado en diversas ocasiones a favor de solucionar el conflicto si Israel se retiraba de los territorios ocupados en 1967.

Es decir, a diferencia de otras voces en su propio movimiento, ponía toda su autoridad moral y espiritual a favor de una solución más realista que la de reclamar la recuperación de toda la Palestina histórica. Era un interlocutor creíble y necesario. Su asesinato no ha logrado más que radicalizar a las bases y favorecer las actitudes reactivas más intransigentes. Es más, ha favorecido el acercamiento entre las Brigadas de Al Aqsa (procedentes de Al Fateh) con Hamás, no sólo porque anunciaron que responderían con esta organización a dicho asesinato, sino porque incluso muchos cuadros de dichas Brigadas se han pasado a Hamás en Gaza. Es decir, Sharon ha buscado que Gaza se convierta en una anarquía de grupos palestinos enfrentados, sin posibilidad de control por parte de la Autoridad Nacional Palestina, sumergida progresivamente en una enfrentamiento civil "libanizado". A la vez que los atentados suicidas que se seguirán permitan seguir ejerciendo a Israel su total impunidad, ! justificada por "la guerra" contra el terrorismo que él mismo no deja de alimentar.

En Irak, la situación desencadenada por EE UU en Faluya y en las ciudades chiíes del sur responden a la misma lógica. En Faluya, la asunción de la revancha y el castigo colectivo por el asesinato de cuatro paramilitares norteamericanos ha seguido el más fiel guión del Ejército israelí en su acción contra el campo de refugiados palestinos de Yenín. El sitio de la población, los bombardeos con Apaches y la matanza de multitud de civiles, incluidos niños, seguido de una huida desesperada de miles de familias que son ya hoy civiles obligados a abandonar sus hogares por una acción militar, son métodos propios de la barbarie y no de la civilización que se arrogan representar. Los cuatro americanos asesinados en Faluya no eran simplemente "civiles", eran paramilitares de la Blackwater Security Consulting, compañía de mercenarios contratada por la CIA para llevar a cabo operaciones de "contrainsurgencia", y que en Irak cuenta con unos 400 comandos armados. En lo que concierne a la r! esistencia iraquí, esos paramilitares no son civiles, sino objetivos militares de la ocupación. Y la ocupación en el denominado triángulo suní ha brutalizado a la población civil de esa región desde el primer momento, de ahí que la barbarie genere barbarie y algunos en Faluya celebrasen el espectáculo del horror en torno a los cuatro cuerpos americanos descuartizados y colgados. Pero la brutal revancha del Ejército de los EE UU contra los civiles de Faluya es completamente inaceptable desde la ley internacional y el respeto de los derechos humanos, y no puede engendrar más que un odio cargado de violencia. Que no traten de decirnos que sólo han luchado contra los "insurgentes" porque, aunque esas imágenes no hayan circulado como sí lo hicieron intensivamente la de los cuatro americanos asesinados, Al Yazira nos ha dado a conocer demoledoras fotos de esos inocentes niños de Faluya asesinados en los bombardeos americanos. ¿No habían llegado a Irak para liberar a los iraquíes d! e la violación de los derechos humanos que ejercía Sadam Husein? Toda la vox pópuli iraquí clama hoy que no hay diferencia entre los americanos, Sadam Husein y Ariel Sharon.

Por otro lado, aunque los americanos nos hayan mostrado desde hace un año que siguen una política ciega y autista en Irak, pensar que la provocación contra Múqtada al Sáder y sus seguidores ha sido un error más que ha encendido la Intifada chií, sería muy inocente por nuestra parte. Sería más inteligente pensar que ha sido una provocación buscada a favor del caos y la fuerza y en contra de la lógica política. La decisión de cerrar la publicación de este movimiento, que se hizo sin informar al ministro iraquí de comunicación, de detener a su portavoz, Mustafa al Yaqubi, y de disparar contra los manifestantes que reaccionaron en contra de tal medida produciendo los veinte primeros muertos han respondido a un objetivo buscado: que la Intifada comenzase. Pero, eso sí, presentándola como la actitud violenta de los "radicales", "fanáticos", "extremistas" chiíes. De hecho, Múqtada al Sáder, siguiendo el guión ya de sobra conocido, ha pasado de ser "radical" a "fuera de la ley", "cr! iminal" y próximamente "terrorista". En consecuencia, puede ser objeto de un asesinato extrajudicial en cualquier momento.

A veces se tiene la impresión de esta