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Asunto:infoverdes 22 de mayo de 2008
Fecha:Jueves, 22 de Mayo, 2008  01:29:12 (+0200)

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NACIONAL
España se aleja de los compromisos de Kioto al aumentar las emisiones de CO2 (leer más)
Informe sobre la evolucion de las emisiones de gases de efecto invernadero en España (1990-2007) (leer más)
Ecologistas piden medidas radicales y urgentes contra la energía nuclear tras la fuga radioactiva de Ascó I (leer más)

SOCIEDAD
La ONU debate la amenaza que supone el cultivo de biocombustibles (leer más)
Los ecologistas piden a la ONU que se prohíba producir cultivos para fabricar biocombustibles (leer más)
Greenpeace destapa el tráfico de carne de ballena (leer más)

ANDALUCIA
Los Verdes pide simplificar los trámites para optar a una vivienda protegida en Puerto Real (leer más)
Ecologistas rechazan la biblioteca en Los Patos (leer más)

VALENCIA
Los Verdes alerta de que la basura de pueblos de Valencia colapsará el vertedero (leer más)

NACIONAL


NACIONAL

España se aleja de los compromisos de Kioto al aumentar las emisiones de CO2


Las emisiones de CO2 aumentaron en España un 1,8% durante el pasado año

Las emisiones de gases de efecto invernadero volvieron a crecer el pasado año en España (hasta un 1,8 por ciento respecto al ejercicio anterior) y el país se aleja aún más de los objetivos que asumió al adherirse al Protocolo de Kioto en la lucha contra el cambio climático.


20-5-08 AGENCIAS > MADRID.- 21-5-08 .- PERIODICOS LOCALES , REGIONALES Y NACIONALES

Así se pone de relieve en el último informe sobre la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero que ayer hizo público el sindicato Comisiones Obreras y la representación española del World Watch.

Según los datos de estas organizaciones, las emisiones de efecto invernadero han crecido en España un 52,3% respecto al año base previsto en el Protocolo de Kioto (1990), que limitó ese incremento en el 15%.

El “desbordamiento” de las cifras va a costar a España entre 3.500 y 4.000 millones de euros, según Fernando Rodrigo, coordinador del área de Medio Ambiente de CCOO, quien advirtió además de que las cifras ponen de relieve “el fracaso” del Gobierno, que se había fijado la lucha contra el cambio climático como una de sus prioridades.

“Los hechos no se compadecen con las palabras”, dijo Rodrigo, que además exigió la implicación del presidente del Gobierno para involucrar a todos los ministerios, y aseguró que las cifras de emisiones del pasado año se han “colmatado” con la nueva estructura del Ministerio de Medio Ambiente. El director de la edición española de World Watch, José Santamarta, denunció además la política informativa del Gobierno y la “ocultación” de los datos oficiales, y animó a presentar denuncias -como han hecho ya algunas organizaciones ecologistas-para reclamar el acceso a esa información. Santamarta, que en la pasada legislatura trabajó como asesor en el Ministerio de Medio Ambiente, aseguró que no hizo públicos esos datos durante los últimos años “porque me lo prohibieron” y para defender su puesto de trabajo.

Según el informe, la subida del petróleo y del precio de la energía puede provocar que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, pero se mostraron convencidos de que en ningún caso descenderán por debajo del 45% y de que España deberá acudir a los mecanismos de flexibilidad previstos en el propio Protocolo de Kioto. Entre los aspectos positivos, citaron la eficiencia energética, aunque achacaron ésta al progresivo incremento de los precios, y al aumento de las energías renovables.

Por otra parte, Anna Rosa Martínez, Juan López Uralde (c) y José Luis García, de Greenpeace, presentaron ayer en Barcelona un informe sobre energías renovables en el que afirman que es posible generar energía sin emitir CO2 a la atmósfera, qué cantidad de electricidad podría cubrir y cuáles serían las tecnologías de menor coste.
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Las emisiones de CO2 aumentaron en España un 1,8% durante el pasado año

Un informe de CCOO y el World Watch Institute sitúa al país fuera del Protocolo de Kioto · Un asesor medioambiental del Gobierno en la pasada legislatura denuncia presiones para no divulgar los datos

España está cada vez más lejos de cumplir con Kioto. Las perspectivas de que en 2012 España cumpla con el objetivo de haber incrementados sus emisiones en sólo un 15% con respecto a 1990 no son nada halaguenas. El año pasado los gases de efecto invernadero se incrementaron un 1,8 por ciento -un total de 441,4 millones de toneladas- con respecto a 2006 -cuando se emitieron 433,3 millones, el único año en el que descendieron- y en un 52,3 por ciento con respecto al año base 1990.

Así se pone de relieve en el último informe sobre la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero que ha hecho público el sindicato CCOO y la representación española del World Watch Institute.

Según los datos de estas organizaciones, las emisiones de efecto invernadero han crecido en España un 52,3% respecto al año base previsto en el Protocolo de Kioto (1990), que limitó ese incremento en el 15%.

El "desbordamiento" de las cifras va a costar a España entre 3.500 y 4.000 millones de euros, según Fernando Rodrigo, coordinador del área de Medio Ambiente de CCOO, quien ha advertido además de que las cifras ponen de relieve "el fracaso" del Gobierno, que se había fijado la lucha contra el cambio climático como una de sus prioridades.

"Los hechos no se compadecen con las palabras", ha dicho Fernando Rodrigo, que además ha exigido la implicación del presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, para involucrar a todos los ministerios, y ha asegurado que las cifras de emisiones del pasado año se han "colmatado" con la nueva estructura del Ministerio de Medio Ambiente.

El director de la delegación española de World Watch, José Santamarta, ha denunciado además la política informativa del Gobierno y la "ocultación" de los datos oficiales, y ha animado a presentar denuncias -como han hecho ya algunas organizaciones ecologistas- para reclamar el acceso a esa información.

Santamarta, que en la pasada legislatura trabajó como asesor en el Ministerio de Medio Ambiente, ha asegurado que no hizo públicos esos datos durante los últimos años "porque me lo prohibieron" y para defender su puesto de trabajo en aquel momento.

Según los autores del informe, la subida del petróleo y del precio de la energía puede provocar que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, pero se han mostrado convencidos de que en ningún caso descenderán por debajo del 45 por ciento y de que España deberá acudir a los mecanismos de flexibilidad previstos en el propio Protocolo de Kioto para cumplir los objetivos.

Entre los aspectos positivos de los últimos años, han citado la eficiencia energética, aunque achacaron ésta al progresivo incremento de los precios, y al aumento de las energías renovables.

Santamarta ha dibujado sin embargo un horizonte muy pesimista, y tras asegurar que las medidas adoptadas por el Ejecutivo no son suficientes para invertir la tendencia de aumento progresivo de las emisiones ha mantenido que el Gobierno "no va a hacer nada, porque ni quiere ni sabe".

El informe refleja que el aumento de las emisiones el pasado año no puede imputarse a la sequía, ya que la producción hidroeléctrica fue un 6,4 mayor que la del año anterior.






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NACIONAL

Informe sobre la evolucion de las emisiones de gases de efecto invernadero en España (1990-2007)


En 2007 las emisiones de gases de invernadero aumentaron un 2,8 por ciento respecto al año base y un 1,8 oor ciento respecto al año anterior

El Protocolo de Kioto implica para España que el promedio de las emisiones de gases de invernadero en el periodo 2008-2012 no puede superar en más de un 15% las del año base 1990. Después del aumento experimentado en 2007, las emisiones ya alcanzan el 52,3%. Las emisiones del año base eran de 289,9 millones de toneladas de CO2 equivalentes y la emisiones en el año anterior (2006) fueron de 433,3 millones de toneladas de CO2 equivalente. En 2007 han sido de 441,4 millones de toneladas.


JOSé SANTAMARTA FLóREZ Y FERNANDO RODRIGO CENCILLO

El incumplimiento del Protocolo de Kioto puede costar cerca de 4.000 millones de euros a lo largo de los próximos cinco años si no se adoptan medidas nuevas y adicionales de importancia o se agrava la recesión provocada por la crisis del sector de la construcción, que actuó como locomotora de la economía española a lo largo de la última década.

El aumento de las emisiones de los seis gases y para todos los usos en el año 2007 no puede imputarse a un año hidráulico relativamente malo, dado que la producción hidroeléctrica fue un 6,4% superior a la del año 2006.

El consumo de energía primaria aumentó en 2007 un 1,8%, aunque el consumo de carbón creció un 8,8% y el de gas natural un 4,3%, mientras que el consumo de petróleo, a causa del aumento de los precios, apenas creció un 0,7% (ver Tabla 2).

España es el país industrializado donde más han aumentado las emisiones. Con este escenario es muy difícil cumplir el Protocolo de Kioto en un sentido estricto, el principal acuerdo para proteger el medio ambiente y el clima, por lo que habrá que comprar el derecho a contaminar más a otros países. Según nuestras previsiones, realizadas a partir del análisis detallado de las políticas adoptadas por el Gobierno y los escenarios contemplados en los diversos planes ministeriales, elaborados en la pasada legislatura, para el periodo 2008-2012 las emisiones en España superarán en un 45% a las del año base, en el mejor de los casos. Por tanto, no se logrará el objetivo previsto en el II Plan Nacional de Asignación (PNA) -que contempla un 37% de más respecto al año base, cifra ya de por sí considerablemente alta, frente al 24% del primer PNA o el 15% de Kioto-, y tendremos que acudir a los tres mecanismos de flexibilidad contemplados en el Protocolo de Kioto. Esto supondrá un coste ! de cerca de 4.000 millones de euros para las empresas y el Gobierno y, en última instancia para toda la ciudadanía.

En la última legislatura se aprobaron la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 2007-2012-2020, la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 (E4), el Plan de Acción de la E4, el Código Técnico de la Edificación, el Plan de Energías Renovables para el periodo 2005-2010 (PER), dos Planes Nacionales de Asignaciones (PNA), la Revisión 2007-2016 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas y el Plan Nacional de Reducción de Emisiones. Igualmente ha aumentado la conciencia de la población y diversas administraciones y empresas empiezan a tomar en consideración el desafío del cambio climático.

Los dos Planes Nacionales de Asignación de emisiones de CO2 derivados de la aplicación de la Directiva Europea de Comercio de Emisiones, elaborados por el Gobierno socialista, contemplaban un escenario de crecimiento de las emisiones del 24% el primero y un 37% el segundo PNA para ese mismo periodo, es decir, muy por debajo de la tendencia señalada, pero muy por encima del compromiso de España en el marco del Protocolo de Kioto.

La subida del petróleo y otros combustibles en el mercado internacional ha paliado algo la situación, pero a costa de un grave deterioro de nuestra balanza comercial, sin duda uno de los principales problemas de nuestra economía, junto a la dependencia del sector de la construcción, el retraso tecnológico y la baja competitividad de muchos de los sectores productivos, con notables excepciones, como por ejemplo las energías renovables (eólica y solar). El barril de petróleo tipo Brent tuvo una cotización media de 90,9 dólares en diciembre de 2007, frente a los 65,1 dólares en 2006, o los 54,4 dólares en 2005. El barril del crudo Brent, de referencia en Europa, para entrega en junio de 2008, cotizó a 123,65 dólares. Sin el aumento espectacular de los precios del petróleo las emisiones estarían desbocadas.


El consumo de energía primaria en España ha pasado de 91,8 Mtep (millones de toneladas equivalentes de petróleo) en 1990 a 147,19 Mtep en el año 2007 (un 60,3% de aumento). En 2007 la dependencia energética alcanzó el 79,3%, a pesar de que en la producción nacional se incluye la energía nuclear, lo que no es riguroso ya que el combustible (uranio) es importado. El grado de dependencia energética fue del 66% en 1990 (Ver Tabla 3).


La Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2007-2016 estima que el consumo de energía primaria será de 155,5 Mtep en el año 2011 y de 164,95Mtep en 2016 (ver Tabla 2). El consumo de carbón disminuiría de 20,17 Mtep en el año 2007 (13,7% del consumo de energía primaria) a 13,91 Mtep en 2011 (8,9%) y 13,22 Mtep en 2016 (8%), el de petróleo pasaría de 71,33 Mtep en 2007 (48,5%) a 69,52 Mtep en 2011 (44,7%) y 69,6 Mtep en 2016 (42,2%), el gas natural de 31,6 Mtep (21,5%) en 2007 a 36,39 Mtep (23,4%) en 2011, la energía nuclear se mantendría en términos absolutos (de 14,36 Mtep a 15,37 Mtep en 2016) y disminuiría en términos relativos (del 9,8% en 2007 al 9,3% en 2016), y las energías renovables deberían alcanzar el 13,1% previsto en el año 2011, pasando de 10,2 Mtep en 2007 (6,9%), incluida la hidráulica, a 20,3 Mtep en 2011 (13,1%) y 25,8 Mtep en 2016 (15,6%).

Si se cumplen estas previsiones del Gobierno -que ya exigen un gran esfuerzo en eficiencia y energías renovables- las emisiones se mantendrán en los niveles actuales, o disminuirán ligeramente hasta el 45% por encima del año base 1990 corregido (el triple del compromiso en el marco del Protocolo de Kioto), lo que haría difícil cumplir el Protocolo de Kioto y obligaría a adquirir cerca de 100 millones de toneladas de CO2 equivalente al año (unos 500 millones de toneladas durante el periodo 2008-2012). El coste de esta situación, en el mejor de los casos, ascendería a unos 700 millones de euros anuales y unos 3.500 millones de euros en el periodo 2008-2012, siempre que la mayor cantidad corresponda a proyectos del denominado Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y considerando las mejores circunstancias. En cualquier caso, la cifra final probablemente ascienda a cerca de 4.000 millones de euros según nuestras estimaciones (ver Tabla 4).

En cuanto a los sumideros, con el plan forestal vigente desde hace dos legislaturas y aún no revisado, se podrían ahorrar el 2,5% adicional de las emisiones actuales y un 7,5% para el año 2030 en el mejor de los casos. El Plan Nacional de Asignación prevé un 2%, cifra realista, dadas las cifras que se conocen del Tercer Inventario Forestal Nacional.

Emisiones de dióxido de carbono (CO2)

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en España aumentaron un 2,5% en 2007 respecto a 2006, y entre 1990 y 2007, sin incluir los sumideros, crecieron un 61,3%, pasando de 228,5 millones de toneladas en 1990 (año base) a 368,6 millones de toneladas en 2007 (ver Tabla 5). En 2007 representaron el 83,5% de las emisiones brutas de gases de invernadero en España, sin incluir los sumideros. El 93% de las emisiones se debe al consumo de combustibles fósiles en centrales térmicas, vehículos, industrias, comercios y viviendas, y el 7% restante en gran parte se debe a procesos industriales sin combustión, fundamentalmente la fabricación de cemento.

Emisiones de metano (CH4)

En 1990, año base, se emitieron en España un total de 28 millones de toneladas de metano en unidades de CO2 equivalente, mientras que en 2007 se llegó a 37,5 millones de toneladas en unidades de CO2 equivalente, con un aumento del 33,7%. El metano representó en 2007 el 8,5% de las emisiones brutas de los seis gases de invernadero, en dióxido de carbono equivalente sin incluir los sumideros. La emisión de metano se debe a la fermentación entérica (36% del total), la gestión del estiércol (26%), los vertederos (22%), la minería del carbón (2,5%), emisiones fugitivas del petróleo y el gas natural (1,7%), y las aguas residuales (5,9%). Los cultivos de arroz emiten cantidades muy pequeñas (0,8%). El potencial de calentamiento de una molécula de metano (CH4) equivale a 21 moléculas de CO2 equivalente, según el IPCC de 1995, que es el empleado por los países que ratificaron el Protocolo de Kioto.

Emisiones de óxido nitroso (N2O)

Las emisiones de óxido nitroso (N2O) en España en 1990, año base, ascendieron a 27,8 millones de toneladas en unidades de CO2 equivalente, y representaron el 6,6% de las emisiones de gases de invernadero en España en 2007, sin incluir los sumideros. Las mayores emisiones se debieron a los fertilizantes aplicados a los suelos agrícolas (65%). El resto corresponde al sector energético (15%), la gestión del estiércol (10%), las aguas residuales (4%) y la industria química (5,2%). El potencial de calentamiento de una molécula de óxido nitroso (N2O) equivale a 310 moléculas de CO2 equivalente, según el IPCC de 1995, que es el empleado por los países que ratificaron el Protocolo de Kioto.

Emisiones de carburos hidrofluorados (HFC)

Los HFC han sustituido a los CFC que destruyen la capa de ozono, y se emplean fundamentalmente en equipos de refrigeración y aire acondicionado, extintores de incendios y aerosoles. Los HFC no dañan la capa de ozono, pero son potentes gases de invernadero. Los HFC comprenden los HFC-23, HFC-32, HFC-125, HFC-134ª, HFC-143ª, HFC-227ea, y HFC-236fa. En 1995, año base a efectos del Protocolo de Kioto, se emitieron 4.645.440 toneladas de CO2 equivalente, mientras que en 2007 las emisiones fueron 5.497.320 toneladas de CO2 equivalente. Al igual que en el pasado se eliminaron los CFC, hoy urge suprimir los HFC, productos fácilmente sustituibles en refrigeración, extintores y aerosoles, y sin embargo no se ha hecho nada. Siempre es más fácil comprar un video de Al Gore a un precio prohibitivo o irse de cumbre en cumbre por los cinco continentes con un amplio cortejo a cuenta del contribuyente, que adoptar una medida tan simple como eliminar los HFC. En 2007 representaron el 1,25% de! las emisiones totales brutas de gases de invernadero en España (sin incluir los sumideros). El potencial de calentamiento de una molécula de HFC varía mucho según el producto; el del HFC-23 (CHF3) equivale a 11.700 moléculas de CO2 equivalente, según el IPCC de 1995, que es el empleado por los países que ratificaron el Protocolo de Kioto.

Emisiones de carburos perfluorados (PFC)

La práctica totalidad de las emisiones de carburos perfluorados se debe a la producción de aluminio. Los PFC comprenden los CF4, C2F6, C3F8 y C4F10. En 1995, año base para los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto, se produjeron en España 108 toneladas de CF4 y 9,5 toneladas de C2F6 (832.510 toneladas de CO2 equivalente). Las emisiones desde entonces han disminuido, siendo equivalentes a 248.450 toneladas de CO2 equivalente en 2007. En 2007 representaron el 0,06% de las emisiones totales brutas de gases de invernadero en España. El potencial de calentamiento de una molécula de PFC varía, de 6.500 a 9.200 moléculas de CO2 equivalente, según el IPCC de 1995.

Emisiones de hexafluoruro de azufre (SF6)

El hexafluoruro de azufre (SF6) se emplea en equipos eléctricos. En 1995, año base para el Protocolo de Kioto, se emitieron 108.340 toneladas de CO2 equivalente, y en 2007 las emisiones aumentaron hasta llegar a 321.670 toneladas de CO2 equivalente. En 2007 representaron el 0,07% de las emisiones totales brutas. El potencial de calentamiento de una molécula de hexafluoruro de azufre (SF6) equivale a 23.900 moléculas de CO2 equivalente, según el IPCC de 1995.

Emisiones totales en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España

Las tablas 4 y 5, y el gráfico 6 muestran la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España entre 1990 y 2007. Las emisiones por habitante siguen siendo inferiores en un 10% a la media de la Unión Europea (ver Gráfico 7), y en los últimos años un factor destacable es el aumento de la población, a causa de la importante inmigración, algo que no se tuvo en cuenta cuando se negociaron los compromisos de España en el seno de la burbuja comunitaria encaminada a cumplir el Protocolo de Kioto. Pero las emisiones por habitante españolas hoy son superiores en un 36% a la media mundial, por lo que la aparente defensa de las emisiones por habitante, utilizada por el Gobierno para justificar el aumento de las emisiones, se puede volver en su contra, en el marco de la negociación postkioto, porque la actitud más ética y sostenible es la convergencia y la contracción, evitando reclamar el derecho a contaminar más cuando ya se contamina muy por encima de la media.

Evolución de las emisiones por sectores

Por sectores, las emisiones totales en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España entre 1990 y 2007 han sido las siguientes:

Sector energético. Es el mayor responsable del conjunto de las emisiones, y el auténtico nudo gordiano, pues en 2007 representó el 78,7% del total, con un aumento del 63,4% respecto a 1990. Las mayores emisiones se deben a la generación de electricidad y al transporte por carretera. El resto corresponde a las diez refinerías de petróleo, consumos energéticos de la industria, transporte aéreo interior (no incluye el transporte aéreo con otros países), usos residenciales (6%, sobre todo calefacción y agua caliente sanitaria) y servicios (2,8%). Las tablas 6, 7 y 8 muestran la evolución de las emisiones en los dos sectores clave, la generación de electricidad y al transporte por carretera. Las emisiones de la generación de electricidad crecieron un 66% entre 1990 y 2007, representando el 24,3% del total en 2007, a pesar de que en el sector eléctrico es donde hay más posibilidades de reducir las emisiones y a un menor coste. Tampoco se ha utilizado el mecanismo de subasta y se h! an concedido los derechos de emisión gratis, restando eficacia al empleo de los mecanismos de mercado para reducir las emisiones.
En el transporte por carretera las emisiones están desbocadas, pues se han duplicado desde 1990 (crecieron un 97% entre 1990 y 2007). La política real sigue siendo la prioridad al automóvil privado en el transporte urbano e interurbano y al camión en el transporte de mercancías. A este respecto llamamos la atención de que el Gobierno y algunas administraciones autonómicas están aprobando múltiples proyectos en las últimas semanas de nuevas autovías y autopistas que van a favorecer aún más la utilización de la carretera con respecto a los otros modos menos contaminantes propiciando con ello un aumento mayor de emisiones.


Los procesos industriales distintos a la combustión, como la producción de cemento, industria química y metalúrgica, representaron en 2007 el 8%, con un aumento del 33% respecto al año base de 1990, inferior a la media. Los disolventes y otros productos sólo representan el 0,3% del total, y han aumentado un 9% respecto al año base. La agricultura y la ganadería representan el 10,6% del total de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) equivalente, con un aumento del 14% respecto al año base, muy inferior al de los otros sectores emisores. Los residuos representan el 2,9% del total de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) equivalente, con un aumento del 74% respecto al año base. Las emisiones de metano son las más importantes.

La energía eólica en España evitó la emisión de 26 millones de toneladas de CO2

Las emisiones de GEI de 2007 habrían sido mucho mayores, de no haber sido por el desarrollo de la energía eólica, que en 2007 representó el 8,7% de la generación eléctrica, con un aumento del 16,3% respecto a 2006, y evitó la emisión de 26 millones de toneladas de CO2 si esa electricidad se hubiera tenido que producir en centrales de carbón (ver Tabla 1). No obstante, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se pasó buena parte de la legislatura amenazando al sector con un cambio del marco regulatorio con efectos retroactivos, que tras una dura negociación se plasmó en el RD 661/2007, lo que podría haber puesto en peligro uno de los pocos éxitos reales de los últimos años en la mitigación de las emisiones. La generación eólica en 2007 alcanzó la cifra de 27.050 GWh, lo que supuso el 8,7% del total de la producción bruta (311.929 GWh). Sin la aportación de la eólica, las emisiones habrían sido entre un 4% y un 6% más que las registradas, dependiendo de la fuente y el mi! x de generación empleado. Dado que la eólica plantea problemas de garantía de suministro, hay que intentar superar las dificultades de integración de la eólica en el mix de generación, que las hay, aumentando las conexiones con el resto de la UE y el norte de África (si no sopla el viento en un lugar, lo hará en otro más distante), y empezar a desarrollar la eólica marina.


Hacen falta mayores esfuerzos de reducción de emisiones.

Tras el pequeño paréntesis de 2006, en 2007 las emisiones han vuelto a aumentar. Para cambiar la tendencia, se debe implicar a todas las administraciones y agentes económicos y sociales, y cambiar muchas de las políticas que se han venido desarrollando hasta ahora:

1.Energías renovables y eficiencia energética, claves para prevenir el cambio climático

La presentación, por parte de la Comisión Europea, de un amplio paquete de medidas a cumplir por todos los países de la Unión, después de 2012, cuando expire el Protocolo de Kioto, confirma el compromiso europeo y permitirá que nos enfrentemos a la amenaza del cambio climático, de la única forma posible: reduciendo las emisiones de gases de invernadero. El Plan de Acción sobre el Clima y las Energías renovables: Energía para un mundo en cambio, concreta los compromisos alcanzados sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y ampliación del uso de energías renovables. La Comisión propone una reducción de las emisiones de gases de invernadero del 20% con respecto a 1990 para 2020, que podría elevarse al 30% en caso de alcanzar un acuerdo internacional, y el compromiso de que en ese mismo año, el 20% de la energía consumida en Europa provenga de fuentes renovables.

Para alcanzar unas metas razonables, habrá que adoptar medidas de fiscalidad energética, y mantener las primas destinadas a la cogeneración y a las energías renovables, así como aplicar y desarrollar en profundidad la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 2007-2012-2020 y la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 (E4) que habrán de complementarse con nuevas actuaciones y medidas.

El Plan de Energías Renovables 2005-2010 en España establece los objetivos para el periodo 2005-2010, que tendrán continuidad hasta 2020 con el objetivo de alcanzar el 20%. Las energías renovables en España deberían llegar a representar el 12,5% del consumo de energía primaria previsto para 2010. La Directiva 2001/77/CE de promoción de la electricidad renovable prevé producir el 29,4% del total en el año 2010 con renovables, y el Plan de Renovables eleva esta cifra al 30,3%.

Debería consolidarse el desarrollo de la energía eólica y de la solar fotovoltaica, así como impulsar de manera mucho más específica y decidida la solar termoeléctrica, la eólica marina, así como la solar y la biomasa para usos térmicos.

CCOO y otras organizaciones sociales ha propuesto la aprobación de normas básicas para regular estos aspectos:

-Ley sobre ahorro y eficiencia energética. Se trata de una norma básica para limitar el despilfarro energético fundamentalmente en los sectores difusos que es donde más está aumentando el consumo. Se debe plantear el objetivo de reducir el consumo de energía primaria en un 20% en términos absolutos para 2020 respecto de 2005. El Código Técnico de la Edificicación tiene una capacidad muy limitada de actuar en este ámbito pues impone requerimientos energéticos para las nuevas edificaciones o para las grandes reformas, pero no regula ni el parque actual ni determinados usos energéticos, como son la iluminación o la utilización de determinados sistemas térmicos (calefacción y frío). La Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4), por su parte, sólo ofrece algunas ayudas, fundamentalmente para incentivar la renovación de instalaciones y equipos. Se trata de regular y poner límites a ciertos usos despilfarradores de la energía, por ejemplo en iluminación o calefacción y aire! acondicionado.

-Ley de energías renovables. Las energías renovables necesitan un marco legal básico que sea estable y que no esté sujeto a tantos cambios e incertidumbres en su sistema retributivo y en las condiciones técnicas y normativas en que se desenvuelve este sector.

-El sector de la edificación debería también reducir sus emisiones. Para ello de debería cumplir de manera estricta la normativa recientemente aprobada como el Código Técnico de la Edificación (CTE), el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y la normativa sobre certificación energética; pero ello no es suficiente. Hace falta, además, un gran plan de rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia energética, que incluya no sólo viviendas, sino también edificios industriales, de servicios y de las administraciones públicas.

2.Transporte sostenible.

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) establece algunas medidas positivas y otras negativas en relación con la sostenibilidad del transporte y las emisiones del sector. Hasta ahora se han desarrollado con mucha más fuerza las negativas pues la política predominante sigue siendo la de favorecer el transporte por carretera de mercancías y de viajeros y el uso del automóvil y el camión.

El aumento de la eficiencia en los nuevos vehículos y los programas para emplear gas natural y sobre todo biocombustibles reducirán en un porcentaje ínfimo el aumento previsto de las emisiones. La reducción de los consumos unitarios de los vehículos, actuando sobre ellos o sobre la forma de utilizarlos, es necesaria pero insuficiente. Tanto o más importante es la reorientación hacia los modos más eficientes, como el ferrocarril, el transporte público y los modos no motorizados, y las actuaciones encaminadas a la gestión de la demanda y la moderación de la movilidad.

A corto y medio plazo se deben promover los vehículos eléctricos y los híbridos eléctricos, adoptando normativas que obliguen a que un porcentaje de los nuevos vehículos matriculados sean de cero emisiones, algo que hoy es viable gracias al desarrollo de las baterías de ión litio.

La política urbanística debe ir encaminada a reducir las necesidades de desplazamiento, promoviendo la ciudad mediterránea densa, compacta y con mezcla de actividades, con barrios donde viviendas, trabajo y servicios estén próximos en el espacio y limitando el crecimiento de las grandes áreas metropolitanas. El planeamiento urbanístico y territorial debe ir encaminado a promover la mezcla de actividades, y no la segregación, y a posibilitar la movilidad en transporte público, evitando los crecimientos urbanos y turísticos que consumen gran cantidad de espacio.

El ferrocarril debería elevar su participación tanto en mercancías como en viajeros, pero para ello hace falta desarrollar inversiones necesarias para mejorar el conjunto de la red, especialmente cercanías y regionales, la seguridad y la gestión, elevando las tarifas en una proporción inferior al del Índice de Precios al Consumo.

En este ámbito CCOO y otras organizaciones hemos presentado una propuesta de Ley de movilidad sostenible. Esta norma debería contener directrices nacionales de movilidad que condicionen la planificación urbanística y sectorial, la obligación de poner en marcha planes directores autonómicos de movilidad, planes de movilidad urbana o de ámbito comarcal o de área metropolitana y planes de transporte en empresas y en polígonos industriales, crear la figura del coordinador de la movilidad en las administraciones locales y la puesta en marcha de órganos de participación ciudadana sobre transporte urbano. Una ley de este tipo puede crear las condiciones para que las administraciones competentes desarrollen políticas no tanto en términos de infraestructuras como de gestión del transporte.

Estos cambios en el modelo energético y de transporte no tienen por qué ser perjudiciales para el desarrollo económico y el empleo; al contrario, puede ser una oportunidad para nuevos sectores emergentes. En cualquier caso es preciso reforzar los instrumentos de dialogo social (Mesas del Plan Nacional de Asignación) de que nos hemos dotado para encauzar y dar solución a los posibles problemas que podrían producirse en algunos sectores como consecuencia de las medidas para reducir las emisiones de GEI.

Inventarios

Un instrumento clave son los inventarios de emisiones, que siguen una metodología homogénea y que cada año realiza el Ministerio de Medio Ambiente, aunque con un secretismo que impide todo contraste y debate. El derecho a la información, dado que esos inventarios los pagamos los contribuyentes y no son propiedad de los responsables de turno, se debe materializar de forma inmediata, obligando a que se publiquen las fuentes utilizadas, la metodología empleada, el coste para los contribuyentes y los inventarios de las Comunidades Autónomas, que de forma intolerable se mantienen ocultos desde hace varios años. La metodología en parte está descrita en el manual titulado “Método CORINE-AIRE para la elaboración del inventario nacional de gases de efecto invernadero y precursores de ozono” y en el manual Revised IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Reporting Instructions, elaborado por el IPCC, con las revisiones posteriores, tanto del Método CORINE-AIRE, como de! l IPCC.


.- Fernando Rodrigo Cencillo es coordinador de la Secretaría Confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de CC.OO. José Santamarta Flórez es director de la edición española de la revista World Watch.


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NACIONAL

Ecologistas piden medidas radicales y urgentes contra la energía nuclear tras la fuga radioactiva de Ascó I

Los Verdes reclamó “medidas radicales y urgentes” contra la energía nuclear tras la fuga radioactiva de Ascó I, que ocurrió en noviembre y no se hizo pública hasta el mes pasado


NURIA BARRAGAN.- DIGITAL 24HORAS

El portavoz de Los Verdes, Joan Oms, calificó de “esperpénticas” las noticias sobre la investigación realizada en la central, a raíz de una denuncia de Greenpeace.

Sobre la modificación de los sensores de radioactividad para ocultar la fuga, Oms explicó que “los gestores de la central y sus propietarios, Endesa e Iberdrola, decidieron que los trapos sucios hay que lavarlos en casa”. “Si algo va mal, la solución es alterar los detectores, en vez de tomar medidas urgentes”, ironizó.

Los Verdes cuestionaron con qué frecuencia se dan estos “ocultamientos”, por lo que defendieron que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no puede limitarse a asentir ante la información que las centrales le transmiten

Oms lamentó el sistema de control de las centrales nucleares “dependa de los que hacen negocio con ellas”. Según la entidad ecologista, es “urgente” fijar un calendario de cierre de las centrales nucleares para los próximos de 5 a 8 años.

Por otro lado, Los Verdes calcularon que la cantidad de agua necesaria para el área metropolitana de Barcelona es aproximadamente la misma que se evapora en las torres de refrigeración de Ascó 1 –50 hectómetros cúbicos anuales–, “lo que obliga a reflexionar ante la crisis del agua”.


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SOCIEDAD


SOCIEDAD

La ONU debate la amenaza que supone el cultivo de biocombustibles


Alertan sobre el nivel más bajo de los graneros mundiales en los últimos 30 años

Los representantes de 189 países y de la Unión Europea se reunen en Bonn (Alemania) con la misión de avanzar en la lucha contra la extinción de las especies, en un congreso que abordará la potencial amenaza que supone el cultivo de biocombustibles para la naturaleza


BONN (ALEMANIA) (EFE).-

La Novena Conferencia de las Partes (COP9) de la Convención sobre Biodiversidad de la ONU, que concluirá el próximo día 30, buscará fijar unas líneas maestras comunes que sirvan de base "real" de consenso y permitan avanzar en el principal objetivo de la Convención: frenar la pérdida de biodiversidad en 2010.

Según el ministro alemán de Medio Ambiente, Sigmar Gabriel -que ejercerá de anfitrión- el resultado del encuentro debería ser un borrador de texto que alcanzara carácter legal en el próximo encuentro del organismo, que se celebrará en 2010 en Japón.
Gabriel, que no ha descartado que la reunión termine en fracaso, emplazó a los miembros del organismo a adoptar "posturas flexibles" que permitan a la comunidad internacional salir de la "encrucijada" en la que se encuentra.
En el encuentro se debatirá por primera vez sobre la pugna que en muchos países enfrenta la protección de la biodiversidad con la tala indiscriminada de bosques y selvas para destinar esos terrenos al cultivo incontrolado de materias primas para la producción de biocombustibles.

Países como Brasil y Malasia están perdiendo parte de sus hectáreas de selva, en favor de vegetales como la palma y la soja que, paradójicamente, buscan reducir las emisiones de dióxido de carbono y proteger la naturaleza.

La conferencia abordará cuestiones como la conservación de los bosques, de los océanos, las montañas o las islas y se espera que se avance en la creación de una red mundial de áreas protegidas que, en el caso de las terrestres debería estar lista en 2008 y, en el de las marinas, en 2012.
La lucha contra la biopiratería será uno de los temas clave de Bonn pues, pese a los acuerdos alcanzaros en la última cita del organismo, hace dos años en Brasil, numerosos países en vías de desarrollo solicitan medidas más contundentes que obliguen a pagar una suerte de "canon" a quien comercialice sus recursos genéticos.

El llamado "Reparto de Acceso y Beneficios" (ABS, por sus siglas en inglés) es una de las tradicionales demandas de los países latinoamericanos y africanos, que exigen que se les conceda una compensación por la venta de productos, como los medicamentos, elaborados a partir de sus recursos naturales.
Durante el congreso, también se revisará el sistema de financiación de la protección de la biodiversidad, que se gestionan a través del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

Según Gabriel, la conferencia debe definir un nuevo sistema de ayudas económicas, que consiga que sea más rentable proteger los recursos naturales de un país que destruirlos.
Durante la recta final del encuentro, que contará con una nutrida presencia institucional, se presentará la iniciativa LifeWeb, por la que los miembros podrán presentar nuevos proyectos de áreas protegidas, para aspirar a ayudas de la organización.

Previa a la Novena Conferencia de las Partes, Bonn acogió esta semana la conferencia de la ONU sobre Bioseguridad, en la que se sentaron las bases para que los países que se hayan visto dañados por organismos transgénicos puedan pedir compensaciones a los consorcios productores.

La Conferencia de las Partes es el órgano máximo de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), primer acuerdo mundial que aborda integralmente todos los aspectos de la diversidad biológica, desde recursos genéticos hasta especies y ecosistemas.

La CDB fue propuesta en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo, bautizada como "Cumbre de la Tierra" que se celebró en junio de 1992 en Río de Janeiro.
Según la organización ecologista WWF, 1.600 millones de personas dependen para su supervivencia de los recursos naturales de bosques y selvas, que aglutinan al 80 por ciento de las especies terrestres, y que desaparecen a una media de 13 millones de hectáreas del año.
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Alertan sobre el nivel más bajo de los graneros mundiales en los últimos 30 años

Georgina Arboleya para Agroinformación

21. Mayo ´08 -

Informes de la Organización de las Naciones Unidas alertan sobre el nivel más bajo de los graneros mundiales en los últimos 30 años. Ante ello, Egipto, India y Camboya han prohibido la exportación de arroz.

Argentina ya elevó los aranceles a sus exportaciones de soja y otros cereales; China vetó la exportación de granos y aumentó los precios de trigo y arroz para motivar su cultivo, mientras Pakistán también elevó el pago de garantía.

Filipinas, Bangladesh y Tailandia han subsidiado el consumo de arroz, Senegal redujo los aranceles a la importación de trigo y Zambia prohibió exportar sus 100 mil toneladas de excedente de maíz.

En México, critican los agricultores, el Gobierno traba los apoyos que podrían elevar la productividad de cereales y oleaginosas, y desaira propuestas para crear reservas de esos productos.












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SOCIEDAD

Los ecologistas piden a la ONU que se prohíba producir cultivos para fabricar biocombustibles


En el marco de la cumbre de la biodiversidad que se celebra en Bonn

La Alianza para la Convención de Diversidad Biológica (CBD Alliance) ha reclamado en Bonn que la Conferencia de la ONU de Biodiversidad prohíba la producción de cultivos vegetales destinados a la fabricación de biocombustibles


EL MUNDO | AGENCIAS

Ashishi Kothari, representante de la plataforma que engloba a más de un centenar de organizaciones ecologistas, sociales e indígenas, afirmó que la producción de esos carburantes, incluidos los llamados 'de segunda generación', "exacerbarán la crisis alimentaria y la competencia por la tierra y el agua".

Además, aseguró que el cultivo de esas materias primas, provoca la tala indiscriminada de bosques y "tendrá devastadores efectos en los pueblos marginados y en importantes ecosistemas".

Esta demanda figura en el decálogo de "criterios de éxito" elaborada por la plataforma para la Novena Conferencia de las Partes (COP9) de la Convención sobre Biodiversidad de la ONU, que se celebra en Bonn hasta el día 30.

El delegado de Greenpeace Alemania, Martin Kaiser, pidió que se "entierren" los programas que persiguen reducir las emisiones de dióxido de carbono a través de los biocombustibles.

Kaiser pidió también la prohibición de las especies vegetales transgénicas e instó a los miembros de la conferencia a sortear en esta cita el veto sistemático que algunos países industrializados han ejercido en las últimas reuniones de este organismo.

El documento consensuado por la CBD Alliance reclama a los miembros de la conferencia, que aglutina a 189 países y a la Unión Europea, que redoblen sus esfuerzos por proteger la producción alimentaria "a pequeña escala", pues consideran que es un modelo "esencial para resolver la crisis alimentaria".

Kothari aludió al derecho de cada país de beneficiarse de la comercialización de sus recursos genéticos, el denominado 'Acceso y Reparto de Beneficios' que reclaman principalmente países latinoamericanos y africanos.

Entre sus reclamaciones, que según Kothari determinarán el nivel de éxito de la conferencia, figura "acabar con los perversos incentivos económicos que conducen a la deforestación", "luchar contra la tala indiscriminada de bosques" y "adoptar criterios para la protección de áreas marinas en alta mar".

Por su parte Jannie Lasimbang, miembro del Foro Indígena Internacional sobre Biodiversidad, exigió que toda decisión que adopte la conferencia tome en consideración la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, incluida la declaración de nuevas zonas protegidas.

Salir de la 'encrucijada'

La Novena Conferencia de las Partes (COP9) de la Convención sobre Biodiversidad de la ONU arrancó en Bonn a la búsqueda de un consenso internacional que permita sentar las bases para detener la extinción de las especies.

El ministro alemán de Medio Ambiente, Sigmar Gabriel, se dirige a los delegados al comienzo de la Cumbre. (Foto: EFE)
El ministro alemán de Medio Ambiente, Sigmar Gabriel, elegido presidente de la conferencia, instó a la comunidad internacional a asumir la "tarea hercúlea" de alcanzar un consenso, que permita salir de la "encrucijada" en la que se encuentra la protección de la biodiversidad.

"Si seguimos el camino actual, fracasaremos en nuestros objetivos para 2010", afirmó en su discurso de inauguración Gabriel, quien reclamó a las partes un "claro y ambicioso mandato" que permita avanzar en las negociaciones para alcanzar acuerdos legales en la próxima cita del organismo, que se celebrará dentro de dos años en Japón.

Asimismo instó a los asistentes a dar muestras de "flexibilidad" y a buscar "puntos comunes" durante las dos semanas de convención en las que, según Gabriel, se deberá dar respuesta a "preguntas incómodas".

Los representantes de 189 países y de la Unión Europea deben fijar acuerdos de mínimos en este encuentro, que concluirá el día 30, si quieren aspirar frenar la desaparición de la biodiversidad, principal objetivo de la Convención en 2010.

La Conferencia de las Partes es el órgano máximo de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), primer acuerdo mundial que aborda integralmente todos los aspectos de la diversidad biológica, desde recursos genéticos hasta especies y ecosistemas


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SOCIEDAD

Greenpeace destapa el tráfico de carne de ballena


La carne pertenece a las ballenas que Japón dice cazar con propósitos científicos

Como sabuesos al servicio de un despacho de detectives; tal vez de una agencia de espionaje. Eran militantes de Greenpeace pero recorrían las calles de Tokio haciéndose pasar por otros, husmeando, buscando pistas. Consiguieron informantes, rastrearon la mercancía, tantearon el mercado para anticipar la entrega. Vigilaron la bodega --siempre hay una bodega-- y al final interceptaron el paquete. Uno de los paquetes. Adentro, bingo, hallaron la prueba del delito: 23,5 kilos de carne de ballena de primera calidad. Cerca de 2.000 euros en el mercado negro


MARCELO BERNÁRDEZ.- EL PERIODICO DE ARAGON / AGENCIAS TOKIO

Trasladaron el paquete a la Fiscalía japonesa y allí pusieron la denuncia: esa carne, dijeron, pertenece a las ballenas que Japón dice cazar con propósitos científicos. Sonrieron, satisfechos, y tal vez fueron a tomar una cerveza. Es lo que suelen hacer los detectives.

Se trata del último y más decisivo episodio de la guerra de las ballenas, esa refriega ecológica que se desata todos los años cuando la flota ballenera japonesa se hace a la mar para cazar cientos de ejemplares y ponerlos al servicio de la ciencia. O eso dicen. Los ecologistas, escépticos, también se hacen a la mar, y de diciembre a marzo acosan a la flota en busca de pruebas que sustenten sus denuncias. Acusan a Japón de simple y llanamente matar ejemplares amenazados para comerlos; la carne de ballena se vende a precio de manjar. Japón no oculta que la cotizada delicia acaba casi siempre en las barras de sushi de Tokio, pero solo después de que los científicos hayan hecho su trabajo (si es que lo hacen, dicen los ecologistas).


MERCADO NEGRO La caza termina en abril y el producto llega en junio al mercado, y su venta, dice el Gobierno, sirve para financiar las misiones científicas. Pero lo que ha descubierto Greenpeace es otra cosa: ha descubierto que la tripulación de la flota ofrece el alimento en el mercado negro. La oenegé asegura, además, que no es cosa de un par de ladrones audaces. "La información que tenemos indica que el escándalo es muy grande, y que es imposible que la empresa operadora de la flota, Kyodo Senpaku, no esté al tanto", declaró un responsable de Greenpeace. Un informante de esta empresa declaró a los sabuesos de la organización ecologista que el Instituto de Investigación Cetácea, el organismo gubernamental responsable de contratar a Kyodo Senpaku, también lo sabe. El detectivesco trabajo de Greenpeace se centró en la carga del buque factoría de la flota japonesa, el Nisshin Maru.
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Greenpeace denuncia una trama de contrabando de carne de ballena procedente del "programa científico" japonés

Agencias - tokio |

Greenpeace aseguró que, tras una investigación que ha durado cuatro meses, ha obtenido pruebas de un amplio fraude en el que están implicados tripulantes del 'Nisshin Maru', el buque factoría de la flota japonesa, que "sacaban del barco ilegalmente piezas de carne de ballena", informó en un comunicado

"Estos tripulantes se llevan las mejores piezas de carne de ballena procedente del llamado programa de caza científica, sacándolas del barco camufladas entre su equipaje personal, para posteriormente comerciar ilegalmente con ella", criticó la organización ecologista.

Activistas de Greenpeace mostraron en Tokio una caja de carne de ballena "obtenida de forma ilícita" por un tripulante del 'Nisshin Maru', tras su campaña de caza de ballenas en aguas del Santuario Antártico.

Después, llevaron la caja ante la oficina del Fiscal General en Tokio "como prueba de la corrupción existente en el programa de caza científica de ballenas apoyada por el Gobierno japonés".

La organización ecologista explicó que cuando este buque llegó a Japón el 15 de abril de 2008 procedente de aguas antárticas y, gracias a la información proporcionada por empleados de Kyodo Senpaku, la compañía que gestiona la flota ballenera japonesa, Greenpeace pudo documentar la descarga de contrabando de carne de ballena desde el barco a un camión especial.

La organización interceptó una de las cajas enviadas a una dirección privada, donde puedo verificar su contenido y comprobar el fraude. "La nota de la mercancía afirmaba que la caja contenía cartón, pero en realidad en su interior había 23,5 kilos de carne de ballena salada de la mejor calidad, valorada en 2.000 euros", aseguró Greenpeace, que agregó que "un informador asegura que decenas de tripulantes sacaron hasta 20 cajas como éstas cada uno".
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Greenpeace denuncia contrabando de carne de ballena en la flota japonesa

Agencias - tokio

La organización ecologista Greenpeace denunció que algunos tripulantes de la flota ballenera japonesa pasaron carne de ballena de contrabando al mercado nipón, escondida entre su equipaje personal. La ONG hizo públicas varias pruebas de esta práctica y pidió que se termine la financiación pública del programa ballenero nipón.

Tras una investigación encubierta durante cuatro meses, Greenpeace recopiló varios indicios de que la tripulación del Nisshin Maru, el buque-factoría de la flota ballenera, está involucrada en una red de contrabando de carne de ballena.
Según la organización ecologista, los superiores de la tripulación, oficiales de la empresa que fleta el barco, Kyodo Senpaku, y hasta miembros del Instituto de Investigación de Cetáceos (ICR) estaban al tanto de las operaciones ilícitas pero no hicieron nada por impedirlas.

' La información que hemos conseguido muestra que la escala del escándalo es tan grande, que hubiera sido imposible que la compañía que opera el barco y el ICR no lo supieran ' , dijo en el comunicado Junichi Sato, coordinador de Greenpeace en Japón.
La organización descubrió la trama después de la llegada a puerto del Nisshin Maru el mes pasado, cuando a la vista de personal de Kyodo Senpaku varias cajas procedentes del ballenero fueron trasladadas a un camión especial de reparto.
Según el comunicado, al menos cuatro de las cajas iban destinadas a la misma dirección privada, sin embargo Greenpeace pudo interceptar una de ellas antes de que fuera entregada.
La caja contenía 23,5 kilogramos de carne de ballena salada de primera calidad, valorados en más de 3.000 dólares, según Greenpeace.

Varios establecimientos en los que se sirve carne de ballena para su consumo confirmaron a Greenpeace que esperaban un cargamento del preciado manjar de manera inmediata.
Greenpeace acusa además a la tripulación del ballenero de lanzar por la borda toneladas de carne de cetáceo al no disponer de suficiente capacidad de tratamiento y de haber comercializado carne de ballena procedente de ejemplares que presentaban tumores cancerígenos.




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ANDALUCIA


ANDALUCIA

Los Verdes pide simplificar los trámites para optar a una vivienda protegida en Puerto Real

Los Verdes en Puerto Real ha instado al Ayuntamiento a que simplifique de forma urgente los trámites administrativos para solicitar una vivienda de protección oficial (VPO) en el próximo sorteo público de viviendas por parte de la empresa municipal Epsuvi. La inscripción para entrar en el sorteo vuelve a exigir toda la documentación personal de los solicitantes compulsada por el Ayuntamiento. En total, supone un gasto que puede llegar a los 20 euros.


19-05-2008 DIARIO DE LA BAHIA DE CADIZ

Los Verdes en Puerto Real ha instado al Ayuntamiento a que simplifique de forma urgente los trámites administrativos para solicitar una vivienda de protección oficial (VPO) en el próximo sorteo público de viviendas por parte de la empresa municipal Epsuvi.

La inscripción para entrar en el sorteo vuelve a exigir toda la documentación personal de los solicitantes compulsada por el Ayuntamiento, DNI, declaración de la renta, libro de familia y certificado de discapacidad. En total, supone un gasto que puede llegar a los 20 euros.

A la formación ecologista, como y ha apuntado con ocasión de la anterior promoción municipal, “resulta obvio que lo que se pretende es una estrategia clara de maquillar la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento ante la enorme demanda de VPO que existe en la localidad, ya que resulta comprensible que buena parte de los ciudadanos no se sientan animados a participar en el proceso por el coste del mismo, por lo que se reduce la proporción entre viviendas y solicitantes”. No obstante, el número de solicitantes fue de cientos frente a las siete viviendas del muelle pertenecientes al último sorteo de Epsuvi.

Eso sí, Los Verdes destaca en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que “afortunadamente se ha superado el lamentable episodio de la promoción anterior y parece ser que no se va a exigir la Nota Simple del Registro de Propiedad. José Antonio Barroso mintió descaradamente sobre este requisito, al asegurar que era la Junta de Andalucía la que exigía la Nota Simple, requisito obligatorio sólo para los que resulten agraciados en el sorteo y no para todos los solicitantes, según advirtió en su momento la Facua”. Para estos últimos bastaría con una declaración jurada que no supone gastos ni molestias.

Los Verdes ve necesario un avance en las facilidades para acceder a los sorteos de VPO a todos los ciudadanos que necesitan una vivienda y no sólo a los que tienen tiempo y dinero para dedicarlo a una posibilidad remota. Por este motivo Arturo Osiel Cárdenas, representante del partido verde en el Consejo de Administración de la Epsuvi, dirigirá un escrito a la empresa municipal para que se cambien los requisitos de acceso al sorteo.

Osiel pedirá que sea la propia empresa municipal la que verifique la documentación presentada sin coste alguno a los solicitantes y que se genere un registro de solicitantes a través del cual puedan acceder a todos los sorteos futuros sin tener que presentar toda la documentación en la solicitud cada vez que haya una promoción.

Para Los Verdes “el sistema de sorteo es injusto per se ya que implica someter al azar una necesidad vital como es la vivienda”. Y el equipo de Gobierno de IU “no debe camuflar las cifras de oferta pública de viviendas que promociona el municipio, sino utilizar como acicate en las políticas urbanísticas la demanda ciudadana de VPO”.


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ANDALUCIA

Ecologistas rechazan la biblioteca en Los Patos


La Alianza por el Clima de Cordoba propone que se cambie la ubicación del edificio

La Alianza por el Clima, plataforma cordobesa de asociaciones y colectivos ecologistas, ha mostrado su rechazo a la construcción de la futura Biblioteca provincial en la rosaleda de los Jardines de la Agricultura de Cordoba


21/05/08 .- EL PERIóDICO DE CóRDOBA

El Ayuntamiento cedió en 2007 al Ministerio de Cultura una superficie de unos 4.000 metros cuadrados de zona verde en Los Patos.

La Alianza por el Clima ha enviado escritos al Ministerio de Cultura y al Ayuntamiento de Córdoba manifestando que no existen argumentos que justifiquen la desaparición de una zona verde dentro de la ciudad para edificar una biblioteca, porque supone la pérdida de un jardín histórico y emblemático de Córdoba, así como una agresión contra el medio ambiente de la ciudad y hacia la salud de la ciudadanía
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HEMEROTECA .- 26/03/2008 EL DIA DE CORDOBA


Los ecologistas mantienen su rechazo a la nueva biblioteca de Cordoba

La reubicación de la rosaleda de los Jardines de la Agricultura parra desarrollar el proyecto de la futura Biblioteca del Estado no convence a los detractores del proyecto. El partido Los Verdes, que ha liderado las protestas contra el emplazamiento de esta dotación cultural en el jardín, asegura que la mejor solución es la reubicación del proyecto fuera de la zona ajardinada.

El portavoz de la formación política, Gerardo Pedrós, sostiene que la ciudad no debe perder el objetivo expresado en los distintos planes generales de contar con un eje verde libre de edificaciones desde La Victoria hasta los llamados jardines de los patos, que se inauguraron bajo la dominación francesa.

Pedrós mantiene que la existencia de solares libres en el entorno, por ejemplo en el Plan Renfe, hacen posible y deseable que se cambie el proyecto, algo que no se encuentra en los planes del Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Córdoba (que cede el suelo).

Los detractores del proyecto realizaron un recogida de firmas hace meses, cuyo resultado -varios centenares de personas apoyaron esta reivindicación- fue remitida al ministro de Cultura, César Antonio Molina, "que ni siquiera tuvo a bien contestarnos". Lo próximo es un concurso irónico de fotografía para que los cordobeses que lo deseen guarden un recuerdo de la rosaleda. Los arquitectos que han realizado el anteproyecto del edificio, de 12 millones de euros de presupuesto, mantienen que cambiar el emplazamiento de la rosaleda va a generar que este espacio se integre en los recorridos naturales del parque. La nueva ubicación sería frente a la planta ubicada sobre la propia zona verde, que es el espacio reservado para los lectores más jóvenes.

La construcción de la biblioteca en ese emplazamiento responde a un acuerdo del Ministerio con el Ayuntamiento. "Les ofrecieron la joyita", asegura Pedrós sarcástico. El planeamiento de la ciudad permite destinar una quinta parte de los grandes parques de la ciudad para la construcción de equipamientos de apoyo, mecanismo que se ha usado para la aprobación de esta iniciativa.






Fuente: HTTP://WWW.LOSVERDESDEANDALUCIA.ORG/NOTICIA.PHP?ID=16441&NUMERO=100

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VALENCIA


VALENCIA

Los Verdes alerta de que la basura de pueblos de Valencia colapsará el vertedero

Catalina Hernández, Concejala de Los Verdes en el ayuntamiento de Villena,denuncia que en el presente año se depositarán 150.000 toneladas en las instalaciones de Vaersa cuando el basurero está sólo diseñado para 80.000 anuales


20-5-08 LA INFORMACION DE ALICANTE

Si continua el ritmo actual de entrada de residuos a la planta de tratamiento de basuras en Villena, durante todo el presente año se depositará en dicha planta 150.000 toneladas, cuando Vaersa ha reconocido que está diseñada para el tratamiento de solo 85.000 toneladas anuales. Esta es la denuncia pública que ha realizado Catalina Hernández, concejala de Los Verdes, grupo que realiza un seguimiento continuo de todo lo relacionado con la planta de tratamiento de residuos.

En Villena siguen entrando una media de 1.900 toneladas de basura semanales procedentes de poblaciones de la provincia de Valencia, especialmente del Valle de Cofrentes, Bocairent, Lliria y Caudete de las Fuentes, cuando las basuras que generan las 14 poblaciones que conforman la zona 13, a las que tiene que dar servicio la planta, son 1.300 toneladas.

Para Catalina Hernández, "el duplicar la cantidad de basuras para la que está preparada la planta creemos que está repercutiendo negativamente en su funcionamiento, y por eso consideramos que debería acabarse la entrada de basuras foráneas, y respetar la cantidad para la que está concebida la planta".

Ritmo acelerado

Una de las consecuencias visibles de la enorme cantidad de residuos que llegan a Villena se encuentra en el hecho de que hace dos años y medio que la planta se abrió y ya se está terminando de cubrir el primer vaso donde se vierten los residuos y se entierran las basuras, por lo que Vaersa ha comunicado al Ayuntamiento que se ha empezado a construir el segundo vaso del vertedero, con lo que "el terreno que tiene Vaersa disponible lo está consumiento muy rápidamente". Catalina Hernández teme que lleguen también a Villena en un próximo futuro las basuras de la zona 17, después del acuerdo de que mientras se construya la planta de tratamiento para esa zona de la provincia con Orihuela como población más importante, las basuras se repartieran en distintas estaciones de tratamiento, Villena incluida.

Otra cuestión que está causando malestar es el hecho de que Vaersa debería pagar un canon al Ayuntamiento por las basuras que llegan a la planta, "pero no ha pagado ni un euro. Está pendiente la facturación de los años 2006 y 2007. El Ayuntamiento intenta formalizar un convenio con Vaersa para regularizar esta situación. Sin embargo, la empresa no accede a ningún tipo de acuerdo".


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E-BOLETÍN INFOVERDES - 22 de mayo de 2008
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