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Asunto:infoverdes 4 de junio de 2008
Fecha:Miercoles, 4 de Junio, 2008  10:07:22 (+0200)

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NACIONAL
El golf cambia el mapa de España (leer más)

ANDALUCIA
Plan de emergencia del polo quimico.- La dispersión de nube tóxica es el riesgo químico más grave en Huelva (leer más)
Rechazan las presiones del presidente de la Mancomunidad de la Bahía de Cadiz a la juez que lleva el caso de la perrera El Refugio (leer más)
Los Verdes denuncian irregulares adjudicaciónes de banderas azules a tres playas y el Puerto de Estepona (leer más)

EUROPA
El destape de los lobbies (leer más)

SOCIEDAD
La potencia eólica acumulada en el mundo podría multiplicarse por ocho hasta 2017 (leer más)

NACIONAL


NACIONAL

El golf cambia el mapa de España

Es ya el cuarto deporte, tras el fútbol, la caza y el baloncesto - Es negocio seguro, pero polémico - Algunas comunidades echan el freno ante el exceso inmobiliario y el consumo masivo de agua


SARA VELERT .- EL PAÍS 03-06-2008

El golf se ha asentado y ha cambiado el mapa deportivo y físico en España. Cientos de españoles se apuntan cada año a este deporte y aprenden a lanzar la bola al green. Ya no es sólo cosa de élites ociosas o de jubilados ricos. Cada vez son más los aficionados y también los campos de golf, grandes superficies verdes, con la hierba cortada al milímetro, que tapizan el territorio y en muchos casos están rodeados de un mar de casas. Son la imagen que acompaña al golf, envuelto como pocos deportes en una constante polémica por el consumo de suelo y agua que exigen sus instalaciones en un país donde la mitad del territorio padece cíclicamente fuertes sequías. Dinero, especulación inmobiliaria, turismo, medio ambiente y deporte se entrecruzan en este mundo e invitan al debate. ¿Cuánta agua necesitan los campos? ¿Se han convertido en mera coartada de desarrollos urbanísticos? ¿Qué beneficios genera el sector? ¿Es España un país aficionado al golf?

Ahí van unas primeras cifras. En la última década, 207.000 personas han sacado su licencia para practicar el golf en España, que hoy roza la barrera de los 330.000 federados, sólo por detrás de los del fútbol, la caza y el baloncesto. Con este dato en la mano, desde la Real Federación Española de Golf se aprestan a contrarrestar uno de los "tópicos" que les persiguen, el del deporte para unos pocos: "El golf se ha popularizado, ya no se puede hablar de un deporte elitista". Los éxitos de profesionales como Severiano Ballesteros, José María Olazábal o Sergio García han despertado el gusto del español por el swing, que a partir de los noventa se ha visto favorecido por un creciente bienestar económico y animado por la apertura de canchas de aprendizaje. Aunque sigue sin ser un deporte barato, el número de jugadores ha aumentado un promedio que ronda el 10% anual. Un incremento destacado que todavía sitúa a España por detrás de los países europeos con niveles socioeconómicos si! milares. Un 0,67% de la población española está enganchada al golf, frente a más del 1% de la Europa Occidental, con países que superan claramente esa marca, como el Reino Unido (2%) o Suecia (5,9%), según recoge un estudio publicado el año pasado por la consultora y gestora de campos Aymerich Golf Management. Al mismo tiempo, España se distancia de otro grupo de países con menor crecimiento de aficionados, como Italia o Grecia.

Desde esa posición intermedia, el número de campos de golf ha crecido de forma espectacular: de los 222 registrados hace 10 años se ha pasado a los 374 actuales, según los datos de la Real Federación Española de Golf. El mapa del golf se colma de banderitas en Andalucía, la plaza fuerte del sector. Concentra casi un centenar de campos, y prácticamente la mitad se apiña en el litoral entre Málaga y Algeciras. La Costa del Sol se ha ganado así otro sobrenombre, el de la costa del golf. Le sigue, con 43 campos, Cataluña, y se mantienen como destinos asentados Canarias y Baleares. El norte exhibe una sólida tradición golfística y crece sobre todo en Galicia, mientras que pujan por alcanzar los puestos de cabeza la Comunidad Valenciana y Murcia. También Madrid pretende aumentar sus instalaciones, empujada por la mayor federación, con más de 90.000 licencias y una treintena de campos que no cubren la demanda. De ello se han beneficiado comunidades cercanas como Castilla y León, co! n muchos menos federados pero que se nutren del público madrileño.

La costa se ha llenado de hoyos en esta última década espoleada por los beneficios del turismo del golf, que genera anualmente en España unos ingresos de 1.300 millones de euros y atrae a extranjeros de alto poder adquisitivo que acuden fuera de la temporada de sol y playa. El turismo del golf en Europa representa al año más de 1,6 millones de viajes, y en este atractivo mercado España "goza de una destacada posición de liderazgo", destaca Turespaña.

La vorágine inmobiliaria de los últimos años, además, ha consagrado otro matrimonio de conveniencia muy rentable, el de las urbanizaciones con campo. El negocio del ladrillo ha movido miles de millones anuales en estos proyectos asociados al golf, y su vertiginosa carrera ha levantado las protestas y la preocupación por el fuerte impacto ambiental sobre el territorio y los recursos hídricos. Especialmente en esta última etapa de fuerte sequía en el litoral mediterráneo, durante la que se han aprobado decenas de campos en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Murcia, el debate sobre su consumo de agua se ha reavivado.

Un campo de golf necesita cada año entre 300.000 y medio millón de metros cúbicos de agua, el equivalente al consumo de una población de 10.000 habitantes. Demasiado para zonas secas, que se quejan constantemente de falta de agua, en opinión de los grupos ecologistas. Los defensores del golf reducen el consumo a una pequeña parte de los recursos totales y aseguran que no sólo ha disminuido la dotación de los campos con la incorporación de riegos computerizados y nocturnos, y de céspedes más resistentes a la sequía, sino que son ya muchas las instalaciones que utilizan aguas recicladas o desaladas. "El agua depurada se ha impuesto en estos últimos años de una manera increíble, y las nuevas tecnologías han hecho reducir sustancialmente el consumo hídrico", apunta sobre Andalucía José Manuel Recio, profesor de ecología aplicada de la Universidad de Córdoba. También es el caso de las otras comunidades del arco mediterráneo, aunque el camino para la adaptación de todos los campos! al riego con aguas depuradas será largo, y también depende de que las administraciones lo impongan.

"El problema del golf no sólo es el campo, sino sobre todo las miles de viviendas alrededor", objeta Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción en Alicante. Lo certifica un reciente estudio pendiente de publicación de los profesores José Ramón Navarro y Armando Ortuño, de la Universidad de Alicante, para el Ministerio de Medio Ambiente. El informe, que analiza el golf en la Comunidad Valenciana y Murcia, sostiene que las urbanizaciones con campo consumen entre cuatro y cinco veces más agua. No es un problema del riego del campo, afirman los autores, sino de la urbanización extensa, con jardines individuales y piscinas, en la que se dispara el consumo de 25 y 40 metros cúbicos mensuales por abonado en verano, o más, frente a los nueve en una ciudad compacta. Además, mientras los campos de 18 hoyos ocupan normalmente entre 50 y 60 hectáreas, estos proyectos con miles de residencias alcanzan una superficie de hasta 300. Son enormes extensiones de un fuerte impacto territ! orial. Para Navarro y Ortuño, el campo de golf actúa como "tractor de demandas" inmobiliarias y el modelo actual se ha hecho ya "insostenible". Los campos públicos (sólo hay 35 en España) o complejos con hotel, de menor impacto, son vías de salida a la demanda de instalaciones, opinan los autores del informe.

Los golfistas se desmarcan de los excesos de la especulación urbanística y piden mayor reconocimiento para el deporte frente a las polémicas que arrastra. "Nos gusta probar campos nuevos, viajar, y nos da igual si hay casas alrededor o no", asegura Alfonso Fernández de Córdoba, gerente de la federación madrileña. La consultora Aymerich Golf destaca que con el golf como gancho, las casas se revalorizan entre un 20% y un 25%, un factor que ha sido determinante para su venta. De hecho, "el 80% de los compradores no juega, aunque muchos al tener el campo acaban haciéndolo", explica Jesús Durán, director de expansión de la empresa. "No se adquiere sólo una casa, sino un estilo de vida con vistas a un gran pulmón verde", sostiene Durán, que reivindica que en muchas zonas la mancha verde del golf ha recuperado paisajes degradados y ha evitado una mayor masificación de viviendas.

Pero el aluvión de planes urbanísticos asociados al golf en la última década ha obligado finalmente a algunas administraciones a elaborar regulaciones específicas. Llegan en un momento de crisis y parón inmobiliario que dejará en la cuneta más de un proyecto. Andalucía aprobó un decreto el pasado febrero para asegurar la sostenibilidad ambiental de sus instalaciones e incentivar el acceso público. Sólo los campos calificados de interés turístico podrán aspirar a vincularse a una urbanización. "Había que evitar que los campos fueran la excusa para nuevas urbanizaciones. Pero al final, la misma norma es la excepción al aceptar las viviendas por interés turístico sin establecer parámetros objetivos", critica Andrés Sánchez, portavoz de Los Verdes de Andalucía.

Para Ángel Salazar, secretario general de la asociación empresarial Promotur, aunque el plazo de adaptación a las mejoras medioambientales es corto, el decreto mejorará la calidad de la oferta, en la que se mezclan campos bien gestionados y otros "manifiestamente mejorables". Valora el que se haya dejado abierta la posibilidad de construir viviendas, sin las que considera que es "difícil" rentabilizar los campos. "Lo más importante es que al final el golf se considera un producto turístico de primer nivel", añade Salazar. La Junta de Andalucía se adjudica unos ingresos anuales de 512 millones de euros de 360.000 turistas del golf, de los que 250.000 son extranjeros, especialmente del Reino Unido y Alemania. Y apuesta por mantener el liderazgo en este segmento turístico, que considera "estratégico" para la comunidad. "El golf seguirá siendo un atractivo de primer orden para atraer visitantes y, desde luego, lo que ya no será es una excusa para vender casas", aseguran fuentes ! del Gobierno andaluz.

¿Pero caben más campos? Salazar cree que en Andalucía "aún no se ha tocado techo" y augura que se plantearán otros 20 o 25 proyectos en los próximos cinco años. La Comunidad Valenciana, donde los empresarios alicantinos pretenden que se abran 34 más, tampoco quiere dejar escapar este negocio. Una ley de enero de 2007 prevé tramitaciones separadas de campos y áreas residenciales -lo que en principio no impedirá una urbanización próxima-, pero al amparo de la normativa anterior se han aprobado en cinco años 21 proyectos, la mayoría con viviendas. Murcia también pisa el acelerador y elabora una ley de campos mientras ha dado salida a 14 proyectos y tramita otros 25. En ambos casos, las confederaciones hidrográficas no han dejado de advertir de que los recursos para miles de casas anexas no están garantizados a corto plazo. El PP, que gobierna en ambas comunidades, todavía fía la solución a todos los problemas hídricos en el derogado trasvase del Ebro.

Baleares, por el contrario, impuso hace años una moratoria y acaba de aprobar una ley de protección del territorio que insiste en excluir el golf residencial e impone nuevas condiciones a futuros campos. Cataluña también ha echado el freno. "Se evita al máximo que los campos sean la excusa de una urbanización. Deben ser sostenibles ecológicamente y muy especialmente en el tema del agua", subraya la Consejería de Política Territorial. "De acuerdo, pero si se cumplen los requisitos, que no nos tengan esperando ocho años para aprobar un proyecto", se queja Ramón Nogué, vicepresidente de relaciones institucionales de la federación catalana.

Los aficionados, no sólo catalanes, piden más campos y reivindican la vertiente social y económica del golf. Deporte al aire libre para toda la familia y todas las edades. Y el peso de una industria que, según Aymerich Golf, mueve más de 2.600 millones de euros al año en sus instalaciones, proyectos, torneos, medios de comunicación especializados, y turismo y revalorización de inmuebles, las dos actividades que más impacto económico generan. Los campos, con un ingreso promedio de 1,68 millones de euros, facturan 510 millones anuales y dan empleo a 11.000 personas, según los datos de su estudio de 2007 sobre 304 instalaciones. Los aficionados se declaran los primeros interesados en que el crecimiento del golf respete el medio ambiente. "Si alguien da un permiso y es una barbaridad, hay que mirar a quien lo da, no al golfista", apuntan en la federación nacional. Y lamentan: "Al final, de lo que menos se habla es del deporte".


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ANDALUCIA


ANDALUCIA

Plan de emergencia del polo quimico.- La dispersión de nube tóxica es el riesgo químico más grave en Huelva

Incendios, explosiones y dispersión de nube tóxica, éste último el accidente más grave por ser el que afecta a un área más amplia. Esos son los tres posibles riesgos que contempla el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Huelva, cuya modificación ha sido aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Diez plantas industriales están incluidas en este Plan, que recoge los sucesos que pueden afectar a la población al sobrepasar la frontera de cada una de las fábricas, la actuación a seguir en cada caso y los medios con los que se cuenta para prevenir o mitigar las consecuencias de un accidente químico sobre la población.


02.06.2008 .- RAQUEL MONTENEGRO / HUELVA INFORMACION |

El Plan responde a directivas europeas, que son las que determinan las sustancias que deben incluirse en él por ser consideradas peligrosas para la salud de la población, así como las cantidades en las que suponen un riesgo. A partir de esas directrices europeas (que se transponen a la normativa española), las industrias elaboran sus propios planes en los que se contemplan todos los posibles sucesos que pudieran ocurrir con intervención de estas sustancias y los presentan ante la Junta de Andalucía. Teniendo como base esos trabajos se redacta el Plan de Emergencia provincial, que fue aprobado en 1994 y acaba de pasar de nuevo por la conformidad autonómica debido a una modificación completa obligada por la directiva europea del año 2004. No obstante, las renovaciones del documento son continuas conforme a los cambios que se van produciendo en las empresas incluidas en el Plan: Fertiberia (factorías de la Punta del Sebo y Nuevo Puerto), Ence, CLH, Cepsa, Rep! sol-YPF, Ertisa, Aragonesas, Enagás y Decal España.

En el caso de Huelva, se ha detectado la presencia de 41 sustancias clasificadas, es decir, consideradas peligrosas y en las cantidades que marca la legislación. Son sustancias tóxicas, inflamables, comburentes y peligrosas para el medio ambiente y pueden intervenir hasta en 224 supuestos de incidentes analizados para el Plan (204 en Nuevo Puerto, 9 en la Punta del Sebo y 11 en el polígono Tartessos). Esos supuestos se han concentrado en 29 casos, que contemplan protocolos de actuación que cubren cualquiera de los supuestos. De ellos, 24 se dan en Nuevo Puerto, cuatro en Tartessos y uno en la Punta del Sebo.

Este conglomerado de posibles accidentes se reduce a tres riesgos por accidente químico con estas sustancias: los antedichos incendios, explosiones (denominadas bleves) o dispersión de nube tóxica. Según explica el director del Centro de Coordinación de Emergencias, Francisco Huelva, el más grave de ellos sería la dispersión por nube tóxica "por el amplio diámetro de afección", ya que al hecho del escape de una sustancia química se unirían factores meteorológicos como el viento o la estabilidad atmosférica, también contemplados en el Plan. En el incendio, el suceso que se considera más frecuente, también influyen estas cuestiones meteorológicas (en la expansión del humo), pero es más fácilmente controlable, mientras que una explosión "ocurre y ya marca el área a la que ha afectado".

Estos riesgos se han estudiado en cada una de las diez factorías incluidas en el documento, marcando dos tipos de zonas en función de la afección que pudiera tener un accidente químico sobre su área circundante. Así, se establecen varias áreas de intervención, aquellas en las que se pueden producir daños que justifican la aplicación inmediata de medidas de protección, mientras que también existen unas zonas de alerta en las que los efectos, aunque pueden ser perceptibles para la población, no justifican la intervención excepto para grupos críticos de población, como niños o mayores. Es decir, que las áreas de intervención son aquellas en las que existe un peligro para la vida y la salud de las personas. Y tal y como están marcadas (teniendo en cuenta para ello el supuesto más grave que pueda darse) se puede afirmar que "hasta donde se sabe técnicamente y llegan los ingenieros de la Junta de Andalucía y de las empresas un incidente en estas industrias no supondría un riesgo g! rave para la salud de las personas en la capital o en Palos". Aquellas que estén en los núcleos urbanos, puesto que sí podría afectar a carreteras como las de Mazagón, Palos o la antigua Huelva-Sevilla.

Huelva matiza que eso no quiere decir que no pueda haber efectos, por ejemplo, de una nube tóxica sobre la población (escozor en los ojos, problemas respiratorios en los enfermos), sino que la concentración de la sustancia química sería lo suficientemente baja al llegar a la capital o Palos como para considerar que no supone un peligro para la vida y la salud de la población. Todo está medido, destaca el coordinador del Cecem, desde las concentraciones hasta los daños que provoca cada sustancia en función de los tiempos de exposición. Con el añadido de que "en la química básica, estas sustancias se huelen perfectamente, como el cloro o el amoníaco. Avisan".

Todas estas cuestiones se contemplan en los protocolos de actuación, que marcan quién debe actuar y cómo en cada una de los supuestos de accidentes. El Plan de Emergencia del Sector Químico afecta a un gran número de servicios públicos (desde Bomberos a 061 pasando por la Policía) que saben cómo actuar en cada uno de estos supuestos y son coordinados desde el Cecem, aunque la activación y decisiones del plan corresponden al delegado del Gobierno andaluz. Por ahora, el Plan sólo se ha activado en el nivel 1, de alerta, por algunos sucesos en determinadas industrias que se han resuelto con sus planes de emergencia interiores.
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La evacuación por accidente químico no se contempla

Desde la Junta no se considera necesaria por no afectar los riesgos a los núcleos urbanos

El Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de la provincia de Huelva no contempla uno de los supuestos que es más habitual imaginar en caso de emergencia grave: la evacuación de la capital o de Palos de la Frontera. Aunque la evacuación sí se contempla como medida de actuación en el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía (en el que se insertan el resto de los planes), el del Sector Químico no incluye la evacuación de la población como actuación a adoptar ante un accidente químico porque "no es necesario", asegura el director del Cecem, Francisco Huelva.

Huelva señala que las áreas de intervención del Plan, aquellas en las que podría haber riesgo para la vida y la salud humanas, dejan fuera los núcleos urbanos de estos dos municipios y también de San Juan del Puerto (cercano a Ence) por lo que sólo se contempla en algún caso puntual el confinamiento. Las únicas zonas habitadas o con actividad (más allá del Polo Químico) que se incluyen en los perímetros de intervención son la Escuela Politécnica de La Rábida, que tiene su propio plan de emergencias y donde se dan clases anuales sobre la forma de actuación; el polígono Tartessos, donde se está trabajando en la instalación de megafonía, y el Espigón.

Por todo ello, el director del Cecem justifica lo innecesario de un plan de evacuación dentro del Plan de Emergencia químico. Otra cuestión diferente son, como recuerda, los planes de emergencia municipales, en los que se tienen en cuenta todos los riesgos que puede tener un municipio.

No obstante, tampoco el plan de emergencia municipal de Huelva incluye un plan de evacuación total de la población, por no considerarlo necesario, aunque en este documento se considera el riesgo químico como el segundo mayor después del transporte de mercancías peligrosas por carretera, mientras que el tercer riesgo para la capital son las inundaciones. En todos los casos, se recomienda, al igual que en el plan químico, el confinamiento en los domicilios y estar atentos a los medios de comunicación.

En cambio, en el plan de emergencias de Palos de la Frontera sí se contempla la evacuación de la población. Según explica el ingeniero técnico municipal Juan José Prieto, en el caso de Palos los mayores riesgos están relacionados con los accidentes del sector químico "porque no estamos especialmente expuestos a catástrofes naturales". Aunque en este caso, falta la inversión necesaria para dotar de medios al Plan.




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ANDALUCIA

Rechazan las presiones del presidente de la Mancomunidad de la Bahía de Cadiz a la juez que lleva el caso de la perrera El Refugio

Los Verdes, Agaden y la protectora de animales y plantas Kimba han mostrado su indignación y rechazo ante la denuncia presentada por la juez titular del Juzgado de Primera Instancia número dos de Puerto Real, que instruye el caso de la perrera ‘El Refugio’, por las “presiones” recibidas por parte del presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, Felipe Márquez.


DIARIO BAHíA DE CáDIZ

Según un reciente auto de esta juez, “en el marco de la investigación penal es dudosamente admisible que el presidente de una Mancomunidad se dirija directamente al titular de un órgano jurisdiccional, poniéndole de relieve los perjuicios que para el servicio público en cuestión supone su decisión y solicitando que se modifique”. Asimismo, no se obvia que “esta instrucción es consciente desde el primer momento del trastorno que supone el cierre cautelar del referido centro” y que “ello ha sido debidamente ponderado en la decisión”.


Sara Martín recuerda en su auto que el socialista Felipe Márquez remitía al juzgado un escrito a finales de noviembre de 2007, y que “no estamos, por ejemplo, ante un informe recabado por el ministerio fiscal de dicha Mancomunidad, sino ante lo que no deja de ser un intento de presión a una autoridad judicial, que va contra el más elemental principio de independencia judicial”.

REACCIONES

Para los colectivos conservacionistas Agaden y Kimba, la actitud demostrada por el presidente de la Mancomunidad “deja muy claro que las preocupaciones del mismo se alejan mucho de la protección animal y refleja el hecho de que en ningún momento ha sido conciente de la situación por la que se ha decretado el cierre cautelar de la perrera ‘El Refugio’”.

De la misma manera, dichos colectivos afirman que no se puede tolerar el hecho de que los políticos “se inmiscuyan en el poder judicial” mostrando su repulsa a este tipo de actuaciones.

En este sentido, tanto Agaden como la protectora de animales y plantas Kimba muestran su apoyo a la labor ejercida por la jueza del Juzgado de Primera Instancia número dos de Puerto Real, a la vez que aplauden la actitud de valentía mostrada por la denuncia de los hechos.

De forma parecida se expresa Los Verdes en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, donde se muestra indignación y repulsa por la “injusta” presión, actitud “antidemocrática” y “cortijera”, del presidente de la Mancomunidad en este caso “al extralimitarse en las labores que en todo estado de derecho corresponde al poder público político que representa”, al tiempo que se apela a la valentía de la Jueza para que, como indica en sus comunicaciones, “proceda hasta las últimas consecuencias y someta las presiones recibidas a las más altas instancias del poder judicial en orden a salvaguardar, conforme corresponde en todo estado de derecho, el principio de independencia judicial”.

Para la formación ecologista, “resulta, cuanto menos, indignante democráticamente que todo un presidente de mancomunidad se dedique a presionar indebidamente a otras autoridades en el ejercicio de funciones que son del más alto nivel constitucional”.

“Desprecia con su actitud Felipe Márquez la dinámica normal de todo estado de derecho en la persecución de los delitos que violan bienes jurídicos tan importantes como el derecho a la vida de cualquier ser, el no sufrir maltrato de tipo alguno, etc.”, añade Los Verdes.

Precisamente pocos días antes de la carta del actual presidente de institución supramunicipal, esta juez, en un auto novedoso, ordenaba el cierre cautelar de la perrera en la que se han denunciado presuntos malos tratos a animales, e inhabilitaba para la profesión y tenencia de animales al veterinario titular. Los hechos que han llevado al cierre de ‘El Refugio’ y la imputación del personal de la misma constituyen un delito de atentado contra la vida de un ser vivo, hecho tipificado en el Código Penal. Es la primera vez en España que se cierra de forma cautelar una perrera.

Mientras los ayuntamientos de la comarca que trabajaban con este centro, buscan una nueva gestión del servicio de recogida de animales abandonados, tarea que se ha encomendado a la Mancomunidad.


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ANDALUCIA

Los Verdes denuncian irregulares adjudicaciónes de banderas azules a tres playas y el Puerto de Estepona

Los Verdes de Estepona,(Malaga), denuncian la irregular adjudicación de banderas azules a tres playas y el Puerto de Estepona, demandará al organismo encargado de la adjudicación de las banderas azules la investigación de su personal, pues no entiende que playas que sufren directamente vertidos de aguas negras y residuales puedan ser consideradas de excelencia turística


30-5-08

El organismo, que responde al engañoso y pomposo nombre de Foundation for Environmental Education (FEE, Fundación para la Educación Medioambiental) ha otorgado la bandera azul a las playas de La Rada, El Padrón, El Cristo y también al Puerto Deportivo de Estepona, imaginamos que a sabiendas de los vertidos vertidos negros directamente al mar desde los arroyos Calancha, Melonar y Padrón, o la acumulación de lodos peligrosos provenientes de la circulación marina que acaba arrastrando todos los vertidos de la zona (puerto de Estepona, distintos arroyos, pesticidas y urbanizaciones...) a este codo que no renueva fácilmente sus aguas y, mucho menos el fango del fondo en la Playa del Cristo y donde se propicia la destrucción de su ecosistema submarino y con la "regeneración" de esa playa con arenas procentes del dragado de la bocana del puerto potencialmente peligrosas para la salud de los bañistas y visitantes. En el caso del puerto de Estepona, los productos ! acumulados durante lustros en sus lodos y arenas (aceites minerales, combustibles, disolventes, pinturas, residuos orgánicos, aguas fecales...) acumulados durante años se dragaron el año pasado y se vertieron frente a la costa de Estepona, en zonas aledañas al Lugar de Interés Comunitario de los Fondos de la Bahía de Estepona de altísimo valor ambiental y situados frente a La Rada. Este año se pretende volver a dragar la bocana del puerto para "regerar" la playa del Cristo.

De especial gravedad es el caso del Arroyo Calancha, una zona que debería ser clausurada para el baño por el evidente riesgo sanitario que se corre en sus orillas. En lugar del balizamiento y posterior cierre de esa playa se enarbola una bandera azul justo en el mismo sitio donde se vierten detritus humanos directamente al mar y a la arena por donde pasa. Y todo esto, junto a la estatua homenaje al turista y a la tan cacareada bandera azul y a su compañera y no menos cacareada bandera de la Q de calidad.

Convocatoria Los Verdes de Estepona , ante lo inexplicable de la concesión de las banderas azules solicitará a los comisarios de la FEE la debida aclaración. Y a sus superiores, la investigación debida ante lo que consideramos un error que, de ser intencionado, nos llevaría a pensar en intereses ocultos tras la actuación de los mismos. Asimismo, solicita del Ayuntamiento explicaciones respecto a cómo se han desarrollado los expedientes

relativos a la solicitud de las banderas, qué información se ha incluido y cual se ha omitido, y quiénes han sido los directores de su confección, con el fin de depurar las responsabilidades respecto a lo que consideramos mentira flagrante a los turistas y al pueblo de Estepona.

No es de extrañar, pues, que las tres playas merezcan este año la concesión de Banderas Negras por parte de, ésta sí, acreditada organización sin ánimo de lucro, Ecologistas en Acción. En años anteriores estas playas y el pueto fueron designadas como "banderas negras" o "puntos negros" por los impactos ambientales que sufrían. El puerto lleva dos años consecutivos consiguiendo su bandera negra. Durante el presente ejercicio nada se ha hecho por mejorar la situación, lo que hace al puerto y las playas de La Rada, El Cristo y El Padrón posiblemente merecedoras de repetir tan nefasto galardón.

Convocatoria Los Verdes de Estepona, lejos de querer alarmar a la población, simplemente se hace eco de una realidad palmaria conocida por todos los vecinos y visitantes de la localidad, expuestos a los nauseabundos olores que nos asaltan al pasear por nuestro más emblemático paseo, el Marítimo


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EUROPA


EUROPA

El destape de los lobbies

Compañías privadas que tienen su oficina dentro del Parlamento Europeo. Empresarios que asesoran a funcionarios de la Comisión Europea (CE). Relaciones personales entre burócratas y consultores. Política fundida con intereses privados. Así funciona Bruselas, la capital de la burocracia europea donde se elaboran las directivas que después regularán la vida de 490 millones de europeos. La capital de los bufetes, de las consultoras, de los lobbies y de los profesionales de la persuasión que acaban llevando las leyes europeas hacia su terreno, a veces con más discreción que otras


02/06/2008 LAURA VILLENA. ABC

Pero la libertad con la que los lobbies deambulan por las instituciones europeas tiene los días contados. El próximo 23 de junio entrarán en vigor un registro y un código de conducta que limitará su participación en la CE, mientras el Parlamento prepara medidas más drásticas.

Han pasado casi 20 años desde que en los 90 empresas privadas, sindicatos, oenegés y muchos otros entes empezaron a instalarse en Bruselas para luchar porque sus intereses quedasen reflejados en las leyes comunitarias. Desde entonces, las habilidades de los lobbies para participar en el juego político se han perfeccionado tanto que ni funcionarios ni eurodiputados son capaces de identificarlos en ocasiones.

Por ello, y siguiendo el modelo americano o el canadiense, la UE se dispone a poner nombre a los lobbies. «No pretendemos cerrarles la puerta, pero queremos saber quiénes son esos consultores que nos colman de información y quién les paga por intentar orientar nuestras decisiones», afirma Monica Frassoni, eurodiputada de Los Verdes.

Este 23 de junio entrará en vigor el registro propuesto por el comisario europeo de Transperencia, Siim Kallas, en el que los lobbies podrán inscribirse de forma voluntaria con la previa firma de un código de conducta que de momento no incluye sanciones. Pero deberán declarar las cantidades invertidas por sus clientes para ser representados dentro de las instituciones europeas.

Así, funcionarios y eurodiputados conocerán, por ejemplo, si las firmas de automóviles o los sindicatos de transportes han invertido para evitar que la norma que regulará las emisiones de CO2 de los coches, una de las que más activos mantiene a los lobbies, acabe minando los intereses del sector.

Con sanciones

La Eurocámara, sin embargo, va más allá y el pasado 8 de mayo aprobó regular la actividad de los lobbies mediante tres medidas mucho más contundentes: crear un registro obligatorio con nombre y apellidos en el que figuren todos los consultores que representan a clientes ante la UE, obligarles a declarar el volumen de negocio relacionado con los intereses representados, e imponer un código de conducta común a las tres instituciones que contemple sanciones.

Desde el Parlamento se considera que el registro de la Comisión no es suficiente. «Si la CE no accede a crear un registro obligatorio que incluya sanciones lo adoptaremos para nosotros», afirma el eurodiputado socialista alemán Jo Leinen, que cree que podría estar listo antes de las elecciones del Parlamento en 2009.

En Bruselas hay cerca de 15.000 lobbies que trabajan para unos 2.500 grupos de interés. Todo un enjambre de abogados y consultores que controlan mejor que nadie, incluso que los más de 1.000 periodistas acreditados en Bruselas, la enjundiosa agenda comunitaria. De su habilidad para defender sus intereses ante políticos y periodistas depende el texto final de las directivas europeas.

Telefónica e Iberdrola

Uno de los ejemplos más evidentes del poder de los lobbies en Bruselas ha sido el proceso de elaboración de la directiva REACH, que obliga al registro de las sustancias químicas utilizadas por la industria y que entró en vigor ayer. La presión ejercida por la industria química fue tal que las más de 1.000 enmiendas presentadas -en su mayoría para satisfacer los intereses del sector químico- acabaron dando como resultado una ley que muy poco tenía que ver con la propuesta inicial de la Comisión.

Empresas españolas como Iberdrola y Telefónica, pertenecientes a la plataforma empresarial EPBS, tienen por ejemplo una oficina dentro del Parlamento y una dirección de correo electrónico de la Eurocámara, algo que «lleva a la confusión», según Mónica Frassoni, que el pasado abril pidió su instalación «en oficinas que no estén pagadas con dinero público».



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La potencia eólica acumulada en el mundo podría multiplicarse por ocho hasta 2017

El Estudio Eólico 2008 (WindEnergy Study 2008) encargado por Husum WindEnergy –que organiza la conferencia eólica anual de Husum, Alemania– junto con el Instituto Eólico Aleman (DEWI), revela que los directivos de la industria eólica creen que el volumen anual mundial de nuevas instalaciones se multiplicará por cinco de aquí a 2017, hasta llegar a los 107.000 MW (actualmente hay unos 20.000 MW)


1-6-08 AGENCIAS

Los principales actores del sector eólico internacional creen, según WindEnergy Study 2008, que la potencia total acumulada podría llegar a los 718.000 MW en un plazo de siete años, es decir, casi ocho veces la cifra alcanzada a finales de 2007 (94.000 MW).

Basado en un sondeo entre las principales empresas y actores del sector eólico mundial, este es el cuarto estudio que estos socios realizan desde 2000. Los resultados se han presentado esta semana en Berlín como preámbulo a la Feria de Husum, que se celebrará el próximo mes de septiembre.

"El WindEnergy Study 2008 prevé un crecimiento continuado y fuerte para la industria mundial", señala Thorsten Herdan, director gerente de la asociación de fabricantes de equipos VDMA Power Systems. "Para 2017, estamos hablando de un volumen de ventas que supera los 100.000 millones de euros. Steve Sawyer, del Consejo Eólico Mundial (Global Wind Energy Council, GWEC), precisó que se trata de un crecimiento anual mundial de un 20%.

Los mercados emergentes, lanzados

Con los nuevos mercados emergentes en todo el mundo, el estudio prevé que más de la mitad de la potencia acumulada esté instalada fuera de Europa, que hace tan solo tres años, era responsable de un 80% del total mundial (del 61%, a finales de 2007).

Aun así, las empresas que participaron en el sondeo prevén que habrá instalados 129.000 MW en Europa a finales de 2012 (había 57.136 MW a finales de 2007). En el mundo, el pronóstico señala los 288.000 MW, frente a los 94.000 MW a finales del año pasado.

Los autores destacan a EEUU, China y España como mercados de "gran potencial de crecimiento de futuro", hasta 2017. Asimismo, Grecia y Corea del Sur figuran como mercados de grandes expectativas


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